El juez pregunta a la Fiscalía sobre la imputación del notario que intervino en la subvención de Serrano

El juez de Instrucción número 16 de Sevilla, que investiga al ex líder de Vox en Andalucía Francisco Serrano por un presunto fraude de subvenciones de 2,4 millones de euros, ha pedido a la Fiscalía, a la Abogacía del Estado y al resto de acusaciones que se pronuncien sobre si debe tomarse declaración en calidad de investigado al notario que intervino en las operaciones relacionadas con la petición de la ayuda al Ministerio de Industria para la construcción de una fábrica de pellets en la localidad de Niebla (Huelva). La petición del instructor se produce en un auto en el que el magistrado ha acordado una batería de diligencias de prueba solicitadas por las acusaciones y las defensas, entre las que destacan la declaración de 16 nuevos testigos que comparecerán en el juzgado entre el 20 y el 31 de enero de 2022.

El notario A. S. F. declaró como testigo en mayo pasado, pero la acusación popular que ejerce el secretario general de la Facua Rubén Sánchez, solicitó que el notario volviese a comparecer, en este caso ya como imputado, al considerar que podría haber incurrido en una presunta falsedad documental.

La imputación del notario guarda relación con la escritura de constitución de la sociedad Bio Wood Niebla, empresa que solicitó la ayuda, y en la que se hizo constar que había unas facturas proforma por la adquisición de la maquinaria, dado que era un requisito para la obtención de la subvención contar con dichas máquinas.

De hecho, el fiscal jefe de Sevilla, Luis Fernández Arévalo ya apuntó en junio de 2020, en un decreto en el que remitió la causa a la Fiscalía Superior de Andalucía -dada la condición por entonces de aforado de Francisco Serrano, quien luego renunció al acta de diputado-, que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de falsedad documental atribuible al notario. En ese decreto, el fiscal jefe señalaba que los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que investigaron el caso pudieron verificar que la escritura de constitución de Bio Wood Niebla no contaba con las facturas que se citaban entre los documentos adjuntos a dicho documento. El notario aseguró entonces que se había producido un "error" porque los documentos a los que se había referido como facturas ya se habían adjuntado previamente a otra escritura en la que se aportaron los bienes a otra sociedad, Bio Wood Andalucía, por lo que las facturas se incorporaron a esa escritura previa.

El atestado policial elaborado por los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional concluyó que Bio Wood Niebla obtuvo la subvención de 2,4 millones de fondos públicos mediante “documentos falsos”. Los investigadores recogen el testimonio del responsable de la empresa a la que supuestamente se habían adquirido las máquinas y señala expresamente que “la maquinaria no existe”, tan sólo se le solicitaron las facturas proforma –por un secadero rotativo y tres pelletizadoras por importe total de 1,2 millones– que se emplearon para tasar las mismas.

En el auto que acuerda la práctica de las nuevas pruebas, el juez Juan Gutiérrez Casillas acuerda tomar declaración a 16 nuevos testigos, entre los que se encuentran el oficial de la notaría, así como un promotor inmobiliario al que se habrían prestado 200.000 euros. En este caso, la acusación popular que ejerce Podemos en la causa pidió que se citara a declarar como testigo a un "posible cliente" del despacho profesional de Serrano que habría recibido un préstamo de 200.000 euros de la sociedad Biowood Niebla.

Se trata de Manuel G. G., un "posible cliente" del bufete de Serano que habría sido beneficiario de un préstamo de 200.000 euros concedido por Biowood Niebla el 23 de enero de 2017, "sin que conste la amortización y los intereses devengados, razón por la que se considera pertinente y útil la práctica de esta testifical", según señaló entonces la acusación popular.

El juez también ha acordado que se cite a declarar como investigados a los representantes legales de las sociedades Bio Wood Niebla e Inversiones Serralba, en las que figuran como administradores los socios de Serrano, Enrique Pelegrín y Francisco Javier López Ballesteros, respectivamente, precisa el auto, que también acuerda que declare como testigo la administrativa de Serralba.

En la larga lista de testigos figura además la mujer del juez Serrano, quien ha sido citada a declarar el 21 de enero de 2022.

De otro lado, el juez ha rechazado el embargo de los bienes de los tres investigados porque, según explica el magistrado, la causa se encuentra en la "fase inicial de investigación y para no lesionar derechos precipitadamente". El instructor tampoco accede a que se amplíe la imputación por los delitos de insolvencia punible o alzamiento de bienes -la acusación popular había solicitado además la imputación de la mujer y la hija de Serrano- por "no ser objeto de estas diligencias", todo ello "sin perjuicio también de las acciones que a instancia de quien se entienda legitimado pueda ejercitar la promoción de otra causa distinta a la de las presentes". La Fiscalía se había opuesto a estas imputaciones.

El auto acuerda asimismo la petición de más documentación a diversas administraciones y a la entidad bancaria donde se ingresó el dinero de la ayuda, a la que reclama que informe sobre a quien se le proporcionó las claves de firma para poder operar en la banca electrónica y el número de móvil al que se vinculó esa clave.

También se ha solicitado al Ministerio de Industria que informe si algunas de las sociedades relacionadas con los investigados solicitaron la concesión de un crédito Reindus para la ejecución de proyectos de fábricas de pellets en Extremadura, aportando en su caso el expediente completo que siguió a esa solicitud.

El juez rechaza el careo entre Serrano y sus ex socios

Por último, el juez ha rechazado la petición de la acusación popular de que se celebre un careo entre los investigados, por cuanto el auto recuerda que se trata de una "diligencia excepcional y la práctica de la misma no se encuentra debidamente justificada ni motivada en su petición y contenido".

La acusación popular que ejerce el secretario general de Facua Rubén Sánchez había pedido un careo entre Serrano y sus dos ex socios, Enrique Pelegrín Díaz y Francisco Javier López Ballesteros, tras culparse mutuamente de los hechos investigados en sus respectivas declaraciones judiciales.

En un escrito presentado en el juzgado, el abogado Francisco Tejado Vaca, que representa a esta acusación popular, pidió un careo entre los tres investigados dado que "sus declaraciones fueron contradictorias, vagas, sin datos precisos, y en ellas se culparon unos a otros de forma directa de ser ejecutores de los hechos investigados".