El juez pone en libertad a dos de los cinco policías del grupo antidroga de Alcalá

En libertad sin fianza dos de los cinco policías del grupo de estupefacientes de la Comisaría de Alcalá de Guadaíra que fueron detenidos a finales de septiembre en el transcurso de una operción antidroga. El juez de Primera Instancia e Instrucción número 3 de esta localidad decidió ayer poner en libertad a ambos agentes, así como a otros cuatro personas que habían sido arrestadas en el transcurso de esta operación, según confirmaron a este periódico fuentes del caso.

Los dos agentes fueron puestos en libertad sin fianza, aunque el juez sí les ha impuesto la obligación de comparecer cada 15 días en el juzgado y, ante la gravedad de los hechos que se les imputan, se ha acordado además la retirada del pasaporte y la prohibición de salida del territorio español. Los otros tres policías, entre ellos el responsable de la unidad antidroga, seguirá en prisión.

Junto a los dos policías excarcelados tras pasar casi dos meses privados de libertad, el juez ha dejado libres a otras cuatro personas, entre ellas los padres del que está considerado como el presunto líder de la organización, que han quedado salido de la cárcel tras abonar una fianza de 12.000 euros cada uno.

Los cinco funcionarios fueron detenidos a primera hora de la mañana del 17 de septiembre en una operación antidroga desarrollada tanto en Alcalá como en otros municipios cercanos.

En sus respectivas comparecencias, estos cinco agentes únicamente respondieron a las preguntas planteadas por sus defensas. En la causa se investigan hasta diez delitos: de pertenencia a organización criminal, contra la salud pública, cohecho, contra la Administración Pública, descubrimiento de secretos, contra el patrimonio, falsedad documental, coacciones, omisión del deber de perseguir delitos y tenencia ilícita de armas. Está previsto que esta misma tarde pasen a disposición judicial otras 18 personas detenidas por estos mismos hechos. Ayer miércoles por la tarde ya pasó a disposición judicial un primer detenido, que quedó en situación de libertad provisional tras prestar declaración.

En la operación fueron inicialmente detenidas 36 personas, aunque la Policía puso en libertad a media docena de los arrestados sin ponerlos a disposición judicial. Además de los cinco agentes, inicialmente fueron enviados a prisión provisional otras seis personas, mientras que el resto quedó en libertad con las medidas cautelares de comparecencia apud acta los días 1 y 15 de cada mes y la retirada del pasaporte, y varios incluso sin la adopción de ninguna medida cautelar.

Una investigación de seis meses y bajo secreto de sumario

Las pesquisas policiales se iniciaron hace unos seis meses y permanecieron declaradas secretas durante todo este tiempo. En estos meses se efectuaron escuchas, seguimientos, vigilancias y otras medidas propias habituales en este tipo de casos. Los agentes realizaron 27 registros en Alcalá de Guadaíra y otras localidades, como Utrera, Los Palacios, Mairena del Alcor, Morón de la Frontera o Dos Hermanas, entre otros municipios. En algunos de ellos se intervinieron distintas cantidades de droga, como un kilo de cocaína y pequeños paquetes destinados a la venta al menudeo. Estas sustancias no se hallaron en las casas de los policías, que se registraron sobre las cinco y media de la mañana, antes que las del resto de los implicados. Muchas de las entradas en domicilios se llevaron a cabo en la barriada de Rabesa, una de las más deprimidas de la localidad y precisamente donde se encuentra ubicada la comisaría.

Una de las cuestiones que se están investigando, según indicaron a este periódico fuentes del caso, es la posible reventa de efectos intervenidos en operaciones antidroga. Para ello, los policías investigados requerían de la colaboración de un chatarrero de Alcalá, que también fue detenido en la operación. Este chatarrero era la persona encargada de hacerse con objetos y herramientas utilizadas para las plantaciones de marihuana, tales como focos, balastros, conectores y aparatos de aire acondicionado. En teoría, se las entregaban para que las destruyera y emitiera el correspondiente certificado garantizando la eliminación de estos residuos. Sin embargo, se le investiga por revenderlas y repartir supuestamente el dinero entre todos. No ha trascendido el grado de implicación de cada uno de los cinco agentes y si todos participaban de estas actividades irregulares, o al menos las conocían.