La juez ofrece al Ayuntamiento acusar en el caso de la mafia del taxi
Macroproceso por amenazas y coacciones en el taxi
La instructora afirma que hay “infracciones” a las instrucciones y a las ordenanzas locales
La juez que investiga la macrocausa abierta contra la mafia del taxi de Sevilla ha realizado un ofrecimiento al Ayuntamiento para que ejerza la acusación particular en la pieza que se investiga las presuntas amenazas y coacciones para monopolizar la parada de taxis del aeropuerto de San Pablo, hechos en los que están imputados 32 taxistas.
En una providencia del pasado 17 de agosto, la titular del juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla, Reyes Flores, acordó realizar el “ofrecimiento de acciones como perjudicado” al Ayuntamiento de Sevilla, una vez que, según aprecia la instructora, “constan en las actuaciones una infracción e incumplimiento de instrucciones y normativa municipalen la materia”.
Dice la juez que el Ayuntamiento “podrá personarse en forma a los efectos oportunos”, de acuerdo con lo previsto en el artículo 110 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Con este ofrecimiento, la instructora brinda la posibilidad al Ayuntamiento de que ejerza la acusación en un proceso que afecta claramente a la competencia municipal, en relación con la aplicación de los turnos rotatorios para el servicio del taxi en el aeropuerto.
El Ayuntamiento aún no ha tomado una decisión sobre el ofrecimiento realizado por el juzgado, aunque dada la naturaleza de la investigación lo lógico hubiera sido que el Gobierno municipal hubiese tomado la iniciativa para que los servicios jurídicos municipales intervengan en el proceso judicial, sin necesidad de haber esperado a ser requeridos por el juzgado.
Este periódico consultó ayer con el Ayuntamiento si se había adoptado alguna decisión y fuentes municipales explicaron que aún no había constancia todavía de que se haya notificado el ofrecimiento de acciones.
Por su parte, desde la asociación Hispalense Solidaridad del Taxi, cuyos responsables figuran como investigados en las actuaciones, explicaron ayer que van a presentar un recurso contra el ofrecimiento de acciones al Ayuntamiento, al estimar que el Consistorio no puede ser considerado como perjudicado y por entender que esta decisión añade un “plus de presión” a la macrocausa abierta.
El artículo 110 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que los perjudicados por un delito o falta que no hubieren renunciado a su derecho podrán “mostrarse parte en la causa si lo hicieran antes del trámite de calificación del delito y ejercitar las acciones civiles que procedan, según les conviniere, sin que por ello se retroceda en el curso de las actuaciones”.
La juez ha citado hoy al presidente de Solidaridad del Taxi, Enrique Filgueras, tras considerar también que la entidad debe figurar como “investigada” en esta macrocausa.
Una macrocausa con tres piezas separadas de investigación
La juez Reyes Flores, que investiga la macrocausa de la mafia del taxi, ha decidido dividir en tres piezas separadas de investigación el proceso para agilizar su tramitación. De un lado, está la pieza principal, que es además la más avanzada y en la que están imputados los 32 taxistas, es la relacionada con las supuestas coacciones y amenazas en el monopolio de la parada de taxis del aeropuerto de San Pablo.
En una segunda pieza, no menos importante, se investigan las presuntas amenazas y ataques a los conductores de Vehículos de Transporte Concertado (VTC), hechos entre los que se incluyen el incendio en Castilblanco de los Arroyo de los nueve coches de Cabify en la madrugada del 2 de mayo de 2017, durante la Feria de Abril. Por el incendio de estos coches la Guardia Civil detuvo en junio pasado al taxista F. B. H., de 41 años y conocido como el Melli, por su presunta relación con el fuego.
Fuentes del caso indicaron ayer que la juez ha abierto una tercera pieza separada en la que se investigarán la denuncia de este último taxista por detención ilegal y a la que se sumaría también la denuncia presentada por una hermana de este taxista, que también acusa de detención ilegal a los agentes de la Guardia Civil que fueron a preguntarle por los hechos denunciados.
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