Una juez investiga a cuatro ex consejeros de la Junta en una nueva macrocausa de la agencia IDEA

Una nueva macrocausa que nace en relación con los préstamos concedidos por la agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA). La juez de Instrucción número 20 de Sevilla,Adelaida Maroto, investiga a un total de 20 personas, entre ellas cuatro ex consejeros socialistas de la Junta de Andalucía y 16 ex directivos de la agencia IDEA, por delitos de prevaricación y malversación de caudales público por omisión, por no haber actuado presuntamente para reclamar más de 17 millones de préstamos concedidos a diversas empresas e incluso fundaciones de varias universidades andaluzas desde principios de la década de los 90.

La magistrada ha dictado un auto, con fecha del 16 de octubre y al que ha tenido acceso este periódico, en el que traslada la imputación a estas 20 personas, entre las que se encuentra los ex consejeros de Innovación Francisco Vallejo y Martín Soler, y los ex consejeros de Economía Antonio Ávila y José Sánchez Maldonado, así como otros cuatro ex directores generales de la agencia IDEA (Miguel Ángel Serrano Aguilar, Jacinto Cañete, Antonio Valverde y Antonio González) y otros tantos ex directores de Administración y Finanzas de la agencia, entre otros directivos de este organismo encargado de impulsar el apoyo a las empresas a través de mecanismos como la concesión de avales y préstamos.

La investigación se inició por la denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción en octubre de 2022, a instancias de los hechos denunciados por la propia agencia IDEA, pero no ha sido hasta ahora cuando la juez ha instado a los 20 investigados a personarse en la causa, instruyéndoles de sus derechos.

Antes de este auto, la juez había dictado una providencia -el pasado 21 de septiembre- en la exponía sus "serias dudas" sobre si los delitos investigadas en esta causa estaban prescritos, al tratarse en algunos casos de préstamos no reclamados con deudas prescritas que habían sido concedidos en la década de los 90 y teniendo en cuenta que el plazo de prescripción del delito continuado de malversación es de 15 años. Según recoge la instructora en esta providencia, de la investigación policial "se deduce que no existía intención de reclamarlos, quedando por tanto el delito consumado con la entrega del dinero prestado y desde ese momento se computa el plazo de la prescripción".

La juez apuntaba incluso que no cabía descartar la existencia de una "negligencia no punible" en la falta de reclamación de los créditos que se investigan teniendo en cuenta que "el porcentaje de ayudas prescritas ronda un uno por ciento, lo que cuestiona la continuidad delictiva, teniendo en cuenta además la pluralidad de personas intervinientes en las decisiones de reclamación de crédito y que muchas otras fueron cesando dando paso a nuevos nombramientos". Y añadía en relación con la deuda no prescrita -de la que aún se puede recuperar el capital prestado- "existen dudas sobre la existencia de delito alguno".

"Un sistema para no reclamar"

Los fiscales delegados de Anticorrupción Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández Guerra respondieron a esta providencia de la instructora en un escrito en el que analizaban la supuesta inactividad de la Junta de Andalucía para reclamar el reintegro de estos préstamos y que ha llevado a la juez a dictar el auto implicando a estas 20 personas.

En este escrito, los fiscales insisten en que la mayoría de los hechos no están prescritos y señalaba que en relación a uno de los bloques de los préstamos investigados se habría producido "un perjuicio patrimonial por un importe global de 13.385.544,57 euros".

Dice el Ministerio Público que una vez estudiados todos y cada uno de los expedientes de operaciones de préstamo se puede observar "un patrón en la inactividad por cuanto en la mayor parte de los supuestos, formal y administrativamente hablando, el expediente de concesión del préstamo aparece cumpliendo las exigencias previstas en la ley, llamando la atención que a partir de la entrega del dinero prestado, el expediente queda en la mayor parte de los supuestos en blanco, sin contenido relevante alguno a pesar de existir y conocerse el impago total o impagos parciales".

"Precisamente el que parezca ser un patrón determina que sea irrelevante la identidad del responsable/s, en cada caso, de accionar la maquinaria de la agencia IDEA para reclamar los impagos y evitar las pérdidas económicas, por cuanto, en la hipótesis de hechos de relevancia penal, establecido un sistema para no reclamar, el mismo se sostiene con la inactividad de las personas titulares de los cargos con competencias en este campo", añaden los fiscales Anticorrupción.

Por todo ello, concluyen que "o bien son todas las operaciones denunciadas falsos préstamos y por tanto auténticas ayudas que se consumarían con la entrega del dinero, o bien como se desarrolla en la denuncia inicial no se encuentran indicios sólidos de actividad dolosa en la concesión del préstamo y sí en la sospechosa inactividad de la agencia IDEA una vez se producen por el prestatario impagos totales o parciales".

Un total de 36 préstamos, diez de ellos ya prescritos

La juez detalla en su auto del paso 16 de octubre un total de 36 préstamos por importe de más de 17 millones, de los cuales previamente ya había declarado prescritos diez de ellos -por una cuantía superior a los 12 millones-. Entre las ayudas prescritas se cita una de 480.809 euros concedida a la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) en julio de 1992, de la que no se había devuelto cantidad alguna y constando únicamente en el expediente la propuesta "de pase a contencioso" en diciembre de 1993.

Entre las operaciones de préstamo que según la magistrada no estarían prescritas figuran varias con fundaciones de universidades andaluzas. Así, la juez señala el préstamo de 100.000 euros concedido por la agencia IDEA en octubre de 2004 a la Fundación Mediterránea Universidad de Almería, que debía estar devuelto en noviembre de 2011 y que, según el auto, "llegada esa fecha "no se pagó".

De la misma forma, otro préstamo por importe de 100.000 euros se otorgó en noviembre de 2004 a la Fundación General de la Universidad de Málaga, que debía estar devuelto completamente en noviembre de 2011; y otro a la Fundación Empresa de la Universidad de Granada, concedido en marzo de 2005 por importe de 85.133 euros y con fecha de devolución fijada para abril de 2012.

En el listado de empresas figura la concesión de un préstamo de 2,5 millones a Cristalería Reina en noviembre de 2008, a la que se envió un burofax en 2020 exigiendo la devolución e indicando a la empresa que debía íntegramente el capital principal más los intereses de demora, lo que daba lugar a una deuda superior a los cinco millones de euros.