El juez investiga a la actual gerente del SAS en la causa de los contratos de emergencia

El juez investiga a la actual gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Valle García Sánchez, en relación con la causa abierta tras la querella del PSOE en la que se denuncia que durante durante dos años y medio la administración sanitaria mantuvo las contrataciones de emergencia cuando ya se había dado por finalizada la pandemia del Covid 19 y estos contratos debían de volver a tramitarse con los procedimientos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP).

El juez de Instrucción número 13 de Sevilla, Francisco Javier Santamaría, ha dictado un auto, con fecha del pasado martes, 12 de noviembre, en el que admite a trámite la querella presentada por los parlamentarios socialistas y en el que cita a la actual gerente del SAS, Valle García Sánchez, así como a los dos ex directores anteriores, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas, para que comparezcan en el juzgado para darles traslado de la querella, "al objeto de informarles de sus derechos conforme al artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal", señala el auto al que ha tenido acceso este periódico.

Esto implica que estos tres altos cargos del SAS figuran ya como querellados en la causa abierta por los contratos de emergencia y tendrán que comparecer a declarar en esta condición, tal y como señala la resolución del juez, que apostilla que se acordará "su declaración en un momento posterior" al traslado de la querella, que se producirá a lo largo de este mes de noviembre.

La imputación de la actual gerente del SAS se ha producido a raíz de una ampliación de la querella que presentó el PSOE-A el pasado 11 de noviembre por las "posibles irregularidades en la contratación a través de procedimientos de urgencia por el SAS en el año 2024 contra Valle García en su condición de directora gerente del Servicio Andaluz de Salud", explica el mencionado auto. Y ésta es la novedad de la ampliación de la querella, puesto que inicialmente, los socialistas denunciaban que las presuntas irregularidades se habían producido durante dos años y medio, entre 2021 y 2023, pero ahora se extienden a contrataciones realizadas este mismo año y que, por tanto, habrían sido acordadas por la actual directora gerente del SAS.

La querella inicial del PSOE se dirigía inicialmente contra los ex gerentes del SAS Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas, quienes firmaron las resoluciones que acordaban contrataciones de emergencia por un importe de más de 242 millones de euros en el expediente de contratación 110/2021. Se trata de Miguel Ángel Guzmán, que llegó a ser viceconsejero de Salud, y de Diego Vargas, de quienes solicitaban que fuesen citados a declarar como investigados por delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad en documento público y de pertentencia a organización criminal.

El juez aprecia, por ahora, sólo un delito de prevaricación administrativa "sin perjuicio" del resultado de la investigación

Sin embargo, en el auto de admisión de la queella el juez considera que los hechos relatados en la misma revisten "los caracteres de un presunto delito de prevaricación administrativa,sin perjuicio del resultado de la investigación".

La denuncia del grupo parlamentario socialista señalaba inicialmente a estos dos ex altos cargos del SAS, como presuntos responsables de esos cuatro delitos mencionados, pero insinúa que las responsabilidades pueden alcanzar a otros miembros del Gobierno de Juanma Moreno."Aunque parece evidente que no sea posible mantener vivo durante dos años y medio un sistema paralelo de contratación pública a dedo, por más de 240 millones, sin el pleno conocimiento, consentimiento y aquiescencia de la más altas instancias del Gobierno de la Junta de Andalucía, no obstante ello y en el ejercicio responsable de la acción penal que nos hemos impuestos nos limitaremos a señalar, por ahora, como presuntos responsables directos de los hechos denunciados a Miguel Ángel Guzmán y a Diego Vargas, directores gerentes del SAS, firmantes de las resoluciones y de los contratos de emergencia a los que nos hemos referido en la denuncia", relata el documento que investiga el juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla.

En este sentido, los socialistas explican que será finalmente la investigación penal la que determine, en su caso, "la eventual concurrencia de otros distintos autores directos, mediatos, cooperadores necesarios, cómplices o encubridores de la presunta trama delictiva descrita, pues, sin duda, los graves hechos expuestos no podrían haber sido cometidos por una sola persona sin la cooperación y auxilio de muchas otras".