La juez envía a prisión al dueño de Magrudis y a su hijo Sandro José

La juez de Instrucción número 10 de Sevilla, Pilar Ordóñez, ha ordenado este jueves el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del gerente de Magrudis José Antonio Marín Ponce y de su hijo Sandro José, en relación con el brote de listeriosis que ha provocado la muerte de tres personas, el aborto de siete mujeres embarazas y ha infectado a otras 216 personas. La juez ha dejado en libertad con cargos al otro hijo del dueño, Mario Marín Rodríguez, a quien se le ha impuesto la obligación de comparecer en los juzgados los días 11 y 25 de cada mes.

La decisión de la juez se produce después de que la Fiscalía de Sevilla pidiera el ingreso en prisión provisional de ambos responsables de la empresa, a los que ha atribuido delitos contra la salud pública, tres delitos de homicidio por imprudencia, al menos dos delitos de aborto, y numerosos delitos de lesiones por imprudencia grave, en relación con las personas infectadas.

La Fiscalía ha solicitado el ingreso en prisión porque entiende que ambos son presuntos responsables de una "imprudencia grave", dado que entiende que al menos desde el mes de febrero, cuando se detectó el positivo por listeria en un lote de carne mechada La Mechá, los responsables de la empresa han demostrado una "falta de control". La fiscal, a la que ninguno de los investigados ha respondido en su declaración -sólo han contestado a las preguntas de la juez y de su abogado defensor-, ha considerado que los hechos demuestran esa imprudencia grave porque se han producido "una serie de incumplimientos reiterados graves y a lo largo de varios meses", han señalado fuentes del caso.

El Ministerio Público entiende además que ambos hijos del dueño trabajaban en Magrudis y de hecho uno de ellos fue quien llevó las muestras para analizar al laboratorio Microal, y ha añadido que no sólo se puso en riesgo la salud de los consumidores sino de los propios trabajadores de la empresa que elaboraba la carne mechada.

La asociación de consumidores Facua, que ejerce la acusación particular y va a representar ya a 93 afectados por el brote de listeriosis, ha pedido también a la juez prisión para José Antonio Marín Ponce y su hijo Sandro José, al estimar que hay riesgo de fuga y de destrucción de pruebas.

Las declaraciones de los hijos del dueño se han prolongado por una media hora cada uno, mientras que el padre ha estado declarando ante la juez casi una hora. Varios agentes de la Guardia Civil han conducido sobre las 13:50 horas al primero de los detenidos, Mario Marín, hasta las dependencias del juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla, donde la juez ha comenzado a tomarle declaración sobre los hechos investigados.

La causa por el brote de listeriosis se abrió en principio por delitos contra la salud pública y lesiones, aunque Facua amplió la querella incluyendo delitos de aborto y homicidio imprudente.

La investigación ha revelado o que Mario Marín Rodríguez figura como administrador de Elaborados Cárnicos Mario SLU, una empresa que tiene su dirección en la nave contigua a la de Magrudis, pero que no está dada de alta en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos, pese a que está obligada para dedicarse a cualquiera de sus dos objetos sociales, tanto la distribución como la elaboración de alimentos. Esta sociedad no tiene ningún inmueble a su nombre.

La Guardia Civil ha puesto a primera hora de la mañana a disposición judicial a los tres detenidos en la operación contra Magrudis. El dueño de Magrudis, José Antonio Marín Ponce, y sus hijos Sandro José -que figura como administrador de la propia Magrudis- y Mario Marín Rodríguez, fueron detenidos en la operación que se realizó el pasado martes por parte de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil, mientras que otras dos personas vinculadas a la empresa, la cuñada del propietario, Isabel, y un comercial, Federico, quedaron en libertad el pasado martes tras prestar declaración ante la Guardia Civil.

Hasta el momento tanto el dueño de Magrudis como sus dos hijos se habían acogido a su derecho constitucional a no declarar ante los investigadores de la Guardia Civil, si bien está previsto que sí declaren ante la instructora, Pilar Ordóñez.