El juez de los contratos del SAS avala la entrega de información de la Cámara de Cuentas

El juez de Instrucción número 13 de Sevilla, que investiga la denuncia del PSOE sobre los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) entre los años 2021 y 2024, ha avalado la entrega por parte de la Cámara de Cuentas de Andalucía para que aportara al juzgado los "papeles de trabajo y borradores" del informe de Fiscalización elaborados por este órgano fiscalizador.

En un auto dictado con fecha del pasado martes, día 10 de diciembre, el magistrado rechaza el recurso que presentó la defensa del ex director gerente del SAS Diego Vargas -que figura como investigado junto a Miguel Ángel Guzmán y Valle García, la actual directora gerente- al considerar que la petición de esta documentación era estéril e innecesaria para la investigación.

Sin embargo, el juez, que hace suyos los argumentos expuestos por la Fiscalía Anticorrupción a la hora de concretar el objeto de esta investigación y la necesidad de la aportación de estos documentos, considera que los mismo son "idóneos" para investigar si los responsables de la Administración sanitaria dictaron resoluciones "injustamente contrarias a la legalidad".

Así, el instructora comienza explicando en el auto que tras la declaración de pandemia del COVID 19, el SAS comenzó a contratar con empresas privadas externas una "inmensa mayoría de los procedimientos quirúrgicos y pruebas diagnósticas" que debía prestarse por la sanidad pública, utilizando para ello y al amparo de la crisis sanitaria, el procedimiento excepcional de emergencia regulado en el art. 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre Ley de Contratos del Sector Público (LCSP).

El acuerdo de 6 de octubre de 2020 del Consejo de Gobierno, prosigue el juez, "sustituyó el control previo del gasto público correspondiente a los expedientes de gasto tramitados por el procedimiento de emergencia que hacía la Intervención Central del SAS (Intervención General de la Junta de Andalucía) por el Control Financiero Permanente".

Se han dictado "actos singulares de contratación sin presuntamente habilitación legal ni presupuestaria"

En ese momento se dictó por el entonces director del SAS una primera resolución, de 20 de enero de 2021, que autorizó la contratación de emergencia de servicios de asistencia sanitaria complementaria a usuarios del SAS para estancias médicas por la sobrecarga de la red derivada de la pandemia, por un importe inicial de 70 millones, que sin embargo fue objeto de diversas prórrogas entre los años 2021 y 2022 hasta alcanzar el importe de 242.731.935,84 euros. "Amparados en los anteriores, se han derivado actos singulares actos singulares de contratación de servicios (expediente 110/2021) con empresas concretas sin presuntamente habilitación legal ni presupuestaria", señala el juez haciendo suyos los argumentos de la Fiscalía.

El juez destaca varios contratos (991/2020, 992/2020 y 265/21), así como un expediente referido a contratos de obras (el 2/21), relacionado con la ejecución de las obras del Hospital Militar de Sevilla (ahora denominado hospital Muñoz Cariñanos).

Sobre estas obras, el informe de la Intervención General de la Junta destacaba precisamente que en la memoria de la tramitación de emergencia -de fecha 3 de mayo de 2021- consta una descripción de las obras a realizar, que consistía en la remodelación y reordenación de los espacios así como de las unidades de hospitalización convencional, entre otras. Sin embargo, los interventores afirman que no hay constancia de "cuáles serían las actuaciones estrictamente indispensables para paliar las necesidades más apremiantes, prevenir o remediar los daños derivados de la situación de emergnecia, teniendo en cuenta que nos encontramos en mayo de 2021, con la pandemia muy atemperada y que deberían haberse contratado con arreglo a la tramitación ordinaria".

La investigación abarca contratos de este año y unos hechos "de apariencia delictiva"

De otro lado, la Fiscalía recuerda que la investigación abarca también al presente año 2024, en la que se investigan varios contratos suscritos en enero y julio con distintos centros médicos y hospitales privados de las provincias de Sevilla, Cádiz y Almería. "Según su tenor literal, estos últimos contratos suscritos en 2024 son contratos adjudicados por resolución de 20 de enero de 2021 (expediente 110/2021) que modifican el presupuesto máximo de los contratos de servicios para la prestación de asistencia sanitaria médica y diangóstica y/o terapéutica para Procedimientos Oncológicos a usuarios del SAS de tramitación de emergencia".

En consecuencia, concluye el juez, dado que el requerimiento que se recurre tiene por objeto "investigar unos concretos hechos de apariencia delictiva, esto es, si específicamente la tramitación por el procedimiento de emergencia de los contratos de servicios de procedimientos quirúrgicos y pruebas diagnósticas... han sido injustamente contrarias a la legalidad, y no una revisión general de la contratación efectuada por la Junta de Andalucía, su incorporación tal y como ha sido acordada, resulta idónea a los fines de la concreta investigación", por lo que desestima el recurso del ex director del SAS "toda vez que no se puede adelantar en este momento lo que resulte inútil o impertinente que derivará, por lógica de su previo estudio y análisis, pero siempre referido, como no puede ser de otra forma, al concreto objeto de esta causa".