La juez cita a declarar en septiembre al encargado del restaurante del incidente de Cabrera

La investigación judicial por el incidente del delegado de Gobernación y Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera, en un restaurante el día de Reyes va camino de eternizarse. La juez de Instrucción número 13 de Sevilla, Yolanda Sánchez, ha citado a declarar como testigo el próximo 27 de septiembre al encargado del restaurante Princi-Pico, Roberto Murados, quien tan sólo tres días después del altercado confirmó que Cabrerano profirió ningún insulto, ni mucho menos de carácter racista, en relación con la petición de una mesa por parte del concejal socialista.

Tras un encuentro entre el encargado y el delegado, que tuvo lugar a instancias del abogado Joaquín Moeckel, el letrado, que representa al restaurante, quiso dejar claro que Juan Carlos Cabrera "jamás hizo una petición fuera de la legalidad", cuando solicitó una mesa para diez comensales y también desmintió que el delegado de Gobernación profiriera insultos.

Ahora la nueva instructora, ha accedido a la petición de la acusación popular que ejerce Vox y ha acordado la declaración del encargado para el 27 de septiembre. En una providencia, la juez también ha acudido a que se libre oficio a la Policía Nacional para que informe sobre la "actuación y efectivos" de este cuerpo que acudieron al negocio tras recibir el aviso el pasado 6 de enero.

No obstante, la juez ha rechazado la petición de la acusación para que la Policía Local remita un informe sobre las actuaciones realizadas "en los tres meses anteriores" al día de Reyes, en casos similares al suceso analizado respecto del número de efectivos y vehículos policiales que se personaron en supuestos de inspección a establecimientos de restauración con las consiguientes denuncias administrativas expedidas. Dice la magistrada que esta prueba o procede porque "excede los límites de instrucción de esta causa".

Vox también había pedido -pero la juez no se ha pronunciado sobre este extremo- que se tomara declaración como testigos al jefe de la Policía Local y a dos agentes, así como al delegado de Gobernación como investigado, para que "se aclaren todas las contradicciones existentes entre sus manifestaciones iniciales y lo descrito en el informe emitido" por el jefe del cuerpo.

Por último, la juez da traslado a la Fiscalía y a las demás partes personas por si procede la prórroga de la instrucción de la presente causa, de acuerdo con el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al estar a punto de cumplirse los seis meses desde que comenzó la investigación.

De momento, no se ha acordado la declaración del delegado de Gobernación, a pesar de que Vox lo ha requerido en varias ocasiones, la última en mayo pasado, cuando esta formación insistió en que Cabrera debe declarar como investigado por el incidente durante un almuerzo familiar el día de Reyes.

La formación política que ejerce la acusación popular presentó un escrito en el juzgado de instrucción número 13 de Sevilla, en el que volvió a solicitar la declaración de Cabrera -que ya pidió en febrero pasado- ante las "las evidentes contradicciones” que se reflejaron en el informe presentado por el jefe de la Policía Local, José Medina Arteaga, así como los informes emitidos por un subinspector que aseguró que el dispositivo policial que acudió al restaurante se puso en marcha tras recibir una llamada a las 14:30 horas para un requerimiento por parte de un intendente debido a que “al parecer el Delegado había tenido una incidencia en dicho establecimiento" y no por una llamada al 112.