El juez abre juicio oral contra Ángel Rodríguez de la Borbolla y Antonio Rivas por ayudas de los ERE

Tres nuevas piezas de los ERE listas para ser enjuiciadas y que sentarán en el banquillo de los acusados a ex altos cargos de la Junta como el ex director de Trabajo Daniel Alberto Rivera, el ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, y al ex alcalde de Cazalla de la Sierra (Sevilla), Ángel Rodríguez de la Borbolla, hermano del ex presidente de la Junta José Rodríguez de la Borbolla, o al actual alcalde de esta localidad sevillana, Sotero Martín Barrero.

El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha dictado con fecha 14 de enero de 2020 tres autos de apertura de juicio oral contra un total de 17 personas investigadas en tres piezas separadas del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) abiertas por las ayudas a Calderinox, Novomag Manufacturas Metálicas y a un grupo de empresas vinculadas al corcho, como son Corchos y Tapones de Andalucía (Cortansa), Corchos de Cazalla, Servicios y Mantenimiento de Cazalla, Enoworld y Corchos Higuera.

En el auto relativo a este último grupo de empresas del corcho, notificado hoy viernes a las partes personadas, el magistrado abre juicio oral y tiene por formulada la acusación por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos contra un total de seis investigados, como presuntos responsables penales, y contra las empresas referidas y una entidad bancaria en calidad de responsables civiles subsidiarios.

En este sentido, el juez requiere a los acusados y responsables civiles subsidiarios para que, en el plazo de un día, presten fianzas que oscilan entre 601.012 y 11.000.000 euros, todo ello a fin de asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponérseles, advirtiéndoles de que, en caso de no prestar las fianzas impuestas, "se les embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar" las sumas señaladas, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

El instructor ha ordenado la apertura de juicio oral después de que tanto la Fiscalía Anticorrupción como las acusaciones que ejercen la Junta de Andalucía y el PP-A hayan presentado sus respectivos escritos de acusación contra los investigados.

Los seis investigados son Ángel Rodríguez de la Borbolla, ex alcalde de Cazalla de la Sierra (Sevilla) y hermano del ex presidente de la Junta José Rodríguez de la Borbolla, vinculado a dicho grupo de empresas en ocasiones como socio mayoritario y en otras como administrador único o apoderado; el coadministrador de las empresas, R. B. M.; un empresario portugués de la industria del corcho y administrador de hecho de varias de las empresas, identificado como F. P. M. O.; el alcalde de Cazalla de la Sierra Sotero Martín Barrero (PSOE), como partícipe del capital societario y de los órganos de administración de varias de las empresas mencionadas; el que fuera delegado provincial del antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) en Sevilla, M. E. R. C., y un responsable de una entidad bancaria, G. C. E., que "facilitó mediante su firma" la obtención "fraudulenta" del pago de una ayuda a Servicios y Mantenimiento de Cazalla, según señaló el juez en el auto de 16 de octubre donde acordó continuar como procedimiento abreviado la causa.

El Ministerio Público, en su escrito de acusación, considera que los seis investigados son responsables de un delito de prevaricación en concurso medial con un delito de malversación, por lo que ha solicitado para Ángel Rodríguez de la Borbolla la pena de 7 años de prisión y 17 años de inhabilitación absoluta; 6 años de cárcel y 15 años de inhabilitación absoluta para R. B. M., F. P. M. O., y S. M. M. B., y 4 años de prisión y 12 años de inhabilitación absoluta para los otros dos acusados, así como el pago de distintas indemnizaciones a favor de la Junta de Andalucía.

Calderinox y Novomag

En otro auto, referente a Calderinox, el juez abre juicio oral y tiene por formulada la acusación por presuntos delitos de prevaricación administrativa, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos contra un total de seis investigados, entre ellos dos ex altos cargos de la Junta de Andalucía, el ex director general de Trabajo Daniel Alberto Rivera y el ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, como

presuntos responsables penales, y contra las entidades Uniter y Federación de Industria de CCOO-A en calidad de responsables civiles subsidiarios.

Asimismo, el juez requiere a cinco de los acusados y responsables civiles subsidiarios para que, en el plazo de un día, presten fianzas que oscilan entre 227.000 y 275.000 eurosva fin de asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponérseles, advirtiéndoles igualmente de que, en caso de no prestar las fianzas impuestas, Ese les embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar" las sumas señaladas.

En este caso, la Fiscalía ha pedido para el ex delegado de Empleo de la Junta en Sevilla Antonio Rivas 7 años de cárcel y 17 años de inhabilitación absoluta por los delitos de prevaricación y malversación, mientras que para el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Daniel Alberto Rivera ha reclamado 5 años de prisión, el pago de una multa de 2.880 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante 5 años por delitos de prevaricación, malversación y falsedad, así como el pago de distintas indemnizaciones a la Junta.

En el tercer auto, relativo a Novomag Manufacturas Metálicas, el magistrado abre juicio oral y tiene por formulada la acusación por presuntos delitos de prevaricación y malversación contra un total de cinco investigados, como presuntos responsables penales, y contra la referida empresa en calidad de responsable civil subsidiario. El juez requiere a los acusados y a la entidad para que, en el plazo de un día, presten cada uno de ellos una fianza de 600.000 euros.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado para cada uno de los investigados 3 años de cárcel y 8 años y 3 meses de inhabilitación absoluta y que, en concepto de responsabilidad civil, indemnicen a la Junta en la cantidad de 420.708,47 euros.

El juez, en todos los casos, declara a la Audiencia Provincial de Sevilla órgano competente para el conocimiento y fallo de la causa.