Joaquim Bosch: "Los jueces perseguimos en bici a corruptos que escapan en Mercedes, es una lucha desigual"

Joaquim Bosch (Cullera, Valencia, 1965) acaba de presentar en Sevilla su nuevo libro titulado "Jaque a la democracia". Colaborador habitual de numerosos medios de comunicación, este magistrado, que fue portavoz nacional de la asociación progresista Jueces para la Democracia (JpD), comenta en esta entrevista las últimas revelaciones sobre casos como los que afectan a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, al ex ministro José Luis Ábalos, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, o las sentencias del Tribunal Constitucional sobre el caso de los ERE. Joaquim Bosch responde a las críticas por la actuación de los jueces que investigan casos de presunta corrupción, niega que haya lawfare en esos procesos, y lamenta que no haya voluntad política para dotar a los órganos judiciales de los medios personales y materiales que necesitan para combatir.

Pregunta.En su nuevo libro afirma que nuestra democracia está en peligro, ¿por qué?

Respuesta.Yo creo que en todo el mundo y también en España hay unos efectos derivados de la revolución digital y las transformaciones económicas, políticas y sociales que están provocando también modificaciones en los sistemas institucionales. Y esto puede tener efectos en España. Yo creo que ya lo está teniendo en la Unión Europea, por ejemplo en países como Hungría, y puede empezar a tener efectos de retrocesos democráticos en materia de derechos y libertades en Estados Unidos tras esta segunda victoria de Trump. Creo que debemos fortalecer el sistema democrático porque determinados fenómenos de auge de los discursos autoritarios o ultraconservadores en las democracias occidentales son sobre todo un síntoma de que la democracia está fallando en muchos aspectos, que no resuelve los problemas diarios de muchísimas personas y en gran parte es una respuesta de malestar hacia unas instituciones democráticas que no acaban de solucionar cuestiones esenciales.

P.En el libro llega a la conclusión de que hay riesgos potenciales de que en el futuro puedan producirse retrocesos democráticos como el que ha comentado que está ocurriendo en Hungría...

R.En nuestro país hay sectores políticos que aplauden, por ejemplo, la evolución de un país como Hungría, en el que hay elecciones pero siempre las gana el mismo partido gracias al control de los organismos electorales y a la colonización del Poder Judicial y allá hay serios retrocesos en materia de derechos de las mujeres, de derechos de las personas por su orientación sexual, persecución de la prensa independiente y creo que esto a medio plazo, en dos o tres años, puede producirse una evolución similar en España y en otros países europeos. El caso de España tiene singularidades; los estudios publicados sobre la materia dicen que España es la democracia occidental con porcentajes más altos de personas que creen que la democracia no es un buen sistema político y eso es un signo de alarma, de preocupación. En el caso de nuestro país, los investigadores consideran que está relacionado con los efectos del franquismo, que hacen que haya todavía mucha gente en España que cree que el franquismo fue positivo para el país. Esto es una particularidad que tenemos en España. Son sectores que en caso de que hubieran retrocesos de este tipo podían aplaudirlos y a mí me parece que esto es peligroso. También me parece peligroso que en España hay discursos que plantean ilegalizar a otros partidos porque son nacionalistas, independentistas, izquierdistas o por cualquier otro motivo, y eso no es compatible con el pluralismo democrático. Y también hay discursos de este tipo que afirman que un Parlamento elegido democráticamente o que un gobierno elegido de acuerdo con el ordenamiento jurídico no son un Parlamento legítimo o un gobierno legítimo. Eso no tiene nada que ver con que se puedan plantear críticas durísimas a un gobierno, algo que me parece lógico en una democracia, sino con la afirmación de que no tienen derecho a estar ahí porque no representan digamos a la nación auténtica. Son elementos de riesgo.

P.¿Cómo puede contribuir la Justicia a frenar esos riesgos, si es que puede?

R.Sí, yo creo que es muy importante reforzar los mecanismos de separación de poderes. En general estos riesgos vienen en el mundo actual, salvo en países como Venezuela, pero que están como muy aislados, no tienen posibilidades de contagio a otros países lo que está pasando en Venezuela. Pero en el mundo occidental vienen sobre todo de esos sectores ultraconservadores pero claro no podemos descartar que en otros ámbitos ideológicos perspectivas centristas de populismo transversal o desde la izquierda no es descartable que pueda haber también retrocesos democráticos y ahí creo que el Poder Judicial debe cumplir la función de impedir derivas autoritarias de tipo abusivo, en el sentido de que haya acumulaciones de poder inaceptables, que se incrementen los supuestos de corrupción política, que es un gravísimo problema en España. Cada día nos despertamos con un nuevo caso de corrupción y el Poder Judicial debe impedir todas estas actuaciones abusivas y no actuar al dictado de ninguna fuerza política. Debe mantener espacios de neutralidad, de imparcialidad y de independencia.

P.Hay muchos casos mediáticos que afectan al entorno del presidente del gobierno, como el de su esposa, el de su hermano y otros relacionados con la gestión de la pandemia como el caso Koldo. ¿Usted cree que la Justicia está politizada, que hay lawfare?

R.Yo creo que el término lawfare es un término mal traducido y malentendido, porque eso no significa guerra de los jueces contra los políticos, sino la traducción correcta es la de guerra en los tribunales. Y la guerra la pueden plantear políticos, la pueden plantear cloacas policiales o incluso en ocasiones puede intervenir jueces. En España hay condenas por lawfare contra jueces, por ejemplo el caso de Salvador Alba por intentar perjudicar la actividad política de la entonces diputada Victoria Rosell y hoy está en prisión. Para que haya lawfare por parte de miembros del Poder Judicial se tiene que acreditar que ha habido al menos prevaricación, falsedad como en casos que están sentenciados, pero una mera discrepancia con una actuación judicial no puede considerarse lawfare. La resolución de esas discrepancias en el caso de Begoña Gómez, en el caso Koldo-Ábalos o en muchos casos que ahora mismo están en el ámbito público en esos supuestos las discrepancias la resolución más correcta debe ser a través de los recursos judiciales. Y desde luego hay que desmentir categóricamente que en España el Poder Judicial en su conjunto actúe contra este Gobierno o contra un partido político. En líneas generales, el Poder Judicial aplica rectamente el ordenamiento jurídico y cuando se considere que hay resoluciones incorrectas se pueden recurrir, incluso si consideran que hay resoluciones judiciales maliciosas, se pueden presentar querellas por prevaricación, pero esas son las reglas de un Estado de Derecho.

P.¿Qué le parecen las críticas que está recibiendo el juez Peinado por su labor en la instrucción del caso de Begoña Gómez?

R.Mi opinión es que el juez instructor del caso Begoña Gómez ha acordado determinadas resoluciones que son discutibles jurídicamente y de hecho la Audiencia de Madrid ha revocado parte de la instrucción y yo estoy de acuerdo con la Audiencia de Madrid. Al mismo tiempo creo que se debe respetar la actuación judicial y quien no está de acuerdo debe hacer lo que ya se está haciendo: recurrir sus decisiones y será la Audiencia la que finalmente determine si el asunto debe llegar a juicio o debe archivarse. Lo cierto es que hay elementos a partir de sospechas planteadas que justifican que haya una investigación penal en marcha y es el juez instructor el que debe dirigirla sin ningún tipo de presión. Si se considera que hay actitudes prevaricadoras del juez, se pueden presentar querellas como se han presentado y no han sido admitidas, porque en mi opinión esas decisiones pueden ser opinables jurídicamente, pero eso no significa que sean manifiestamente arbitrarias o irracionales. En consecuencia, yo creo que la instrucción está siguiendo las pautas que ha marcado la Audiencia de Madrid y en todo caso si hay resoluciones discutibles la vía para resolver estas cuestiones en un estado de derecho es la vía de los recursos.

P.Hay otro caso que salpica al fiscal general del Estado, en relación con la filtración del acuerdo relacionado con el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Debería dimitir el fiscal general tras su imputación?

R.La regla general es que un cargo público no está obligado a dimitir por el hecho de que se haya abierto una causa contra él. Mi opinión es que desde una perspectiva de ética pública no se debe esperar a que haya una condena en aquellos casos en los que se han conocido indicios sobre actividades deshonestas o poco ejemplares, es decir, si hay datos de que un político ha recibido un soborno de muchísimo dinero y eso es indiscutible porque hay una grabación o cualquier prueba incontestable, creo que por razones de ética pública no se debe esperar a que sea condenado, debe dejar el cargo inmediatamente. En el caso del fiscal general, en mi opinión al menos hasta la fecha actual no hay indicios de que fuera quien filtró esos correos, al menos en los informes de la UCO y en las diligencias practicadas no hay ni mensajes, ni llamadas, ni declaraciones de testigos que den veracidad, que den credibilidad a que el fiscal general ha podido hacer eso. Si aparecieran elementos probatorios de este tipo, yo creo que no se debería esperar a una sentencia de condena para que dimitiera. Pero a la fecha actual, mientras no existan esos indicios, yo creo que no hay motivos para la dimisión.

P.En alguna ocasión ha afirmado que España está en la cabeza en el número de corruptos y a la cola en el de jueces... ¿La situación es tan alarmante como parece?

R.Bueno, yo he analizado datos de países europeos y los niveles de corrupción política en España son superiores a los de Sicilia o Nápoles, es decir, hay otros países europeos que tienen más corrupción en general, corrupción policial, funcionarial, judicial, por ejemplo, en el sur de Italia por el efecto de las mafias y del crimen organizado, pero la gran particularidad de España es que la corrupción está muy centrada en lo político. Hay casos, por ejemplo, en Andalucía o en la Comunidad Valenciana o en Madrid, en Cataluña, en Murcia, en Canarias, o en Galicia, que afectan a presidentes autonómicos, consejeros, presidentes de diputaciones y alcaldes. Esto no es normal aunque nos hayamos acostumbrado, lamentablemente, a este tipo a este tipo de situaciones. Y yo creo que el caso Koldo-Ábalos repite dinámicas otra vez del pasado. Cuando se ven los informes del caso Koldo Ábalos se compara con la condena también reciente de Zaplana por hechos ocurridos hace unos 20 años, con las sentencias de condena de Luis Roldán y vemos que este país ha cambiado poco en materia de prevención de la corrupción y en los controles institucionales para que no siga ocurriendo lo que desgraciadamente sigue pasando en España. Por poner un dato, efectivamente estamos a la cola en número de jueces.

P.¿A usted qué le ha parecido la decisión del Tribunal Constitucional que ha amparado a una decena de altos cargos de la Junta, entre ellos los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por el caso de los ERE?

R.De partida me parece fundamental afirmar con rotundidad que el caso de los ERE recoge supuestos de gravísima corrupción institucional, que implicó a multitud de administraciones públicas y especialmente a la Junta de Andalucía en el desvío fraudulento de muchísimos millones de euros a través de todo tipo de redes clientelares, con la finalidad de favorecer el mantenimiento del poder. Yo creo que eso no se puede cuestionar y no se puede desviar de ninguna manera con las últimas resoluciones judiciales, entre ellas las del Tribunal Constitucional. Otra cosa es la delimitación concreta de qué pena corresponde a cada uno de los políticos implicados y ahí hay discrepancias entre los tribunales, pero lo que no puede hacerse es utilizar divergencias legítimas de tipo jurídico para decir que en el caso de los ERE no pasó nada, porque es eso no es cierto y eso no lo están diciendo de ninguna de las maneras ninguno de los tribunales que han intervenido. Todos, también el Tribunal Constitucional, parten de la base de que ahí se produjeron gravísimos delitos que deben tener una respuesta jurídica. Desde esa perspectiva y desde esa premisa es cierto que puede ser discutible si un proyecto de ley, que es una actividad esencialmente política, puede encajar en un delito de prevaricación. Los tribunales ordinarios consideraron que sí y el Tribunal Constitucional cree que no es propiamente una resolución administrativa. En el caso de Griñán, puede ser discutible si una actuación por omisión, es decir, por no hacer nada, por no intervenir cuando se estaban cometiendo los delitos, puede suponer una malversación de fondos. Yo creo que esto es una cuestión opinable jurídicamente, lo que dice el Tribunal Constitucional está fundamentado. También hay varios votos particulares en contra, pero es una cuestión más de cómo definimos lo que es un delito concreto, como el delito de malversación, pero en el caso de los ERE desde luego no hubo ninguna persecución judicial contra los políticos de entonces de la Junta de Andalucía. Hubo serios delitos y la delimitación es una cuestión compleja en un supuesto de este tipo y en última instancia tendrán que ser la Audiencia de Sevilla u otros tribunales los que decidan finalmente con esos parámetros del Tribunal Constitucional qué pena corresponde a cada acusado.

P.¿Qué le parece la reforma del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que impuso los plazos de instrucción de las causas?

R.En España tenemos un problema y es que tenemos muy pocos medios en nuestros juzgados para perseguir la corrupción. Tienen más recursos las tramas corruptas para eludir la acción de la Justicia de los que tenemos los jueces para perseguirlos. De hecho, los jueces perseguimos en bici a corruptos que escapan en Mercedes, es decir, lamentablemente es una lucha desigual y por eso la corrupción que conocemos es la punta del iceberg, realmente conocemos casos pero esos casos nos dan unas pautas indicativas de un fenómeno que está mucho más implantado de lo que creemos. El caso Koldo-Ábalos no es de hecho de la semana pasada, son conductas investigadas desde hace tres o cuatro años y probablemente hoy se están perpetrando delitos de corrupción que desconocemos, que nunca conoceremos y algunos de ellos los conoceremos dentro de tres o cuatro años con un poco de suerte. ¿Qué ocurre? Que en lugar de resolver el problema de fondo, que es la falta de medios y la falta de recursos que provoca que las causas por corrupción se eternicen y pueden durar diez, doce o catorce años, como ha pasado con las piezas del caso Gürtel, del caso Púnica, o el caso de los ERE, que es un ejemplo claro de falta de medios en los juzgados y de la lentitud de la Justicia. Con este artículo, lo que hace es ordenarse legalmente que acabemos los casos en un año o en seis meses, y es imposible resolver los casos en tan poco tiempo con los recursos que tenemos y ese es el problema. Lo que pasa con este artículo concreto es que provoca el cierre en falso de muchas causas de corrupción y provoca incluso situaciones que ya han generado muchos supuestos conocidos de impunidad, lamentablemente.

P.La Justicia sigue siendo la hermana pobre, ¿qué es lo que hace falta para que funcione mejor?

R.Necesitamos por un lado modernizar las estructuras judiciales. Es lamentable que haya tantos organismos públicos como la Agencia Tributaria, que han cambiado mucho y tienen multitud de recursos para hacer su trabajo y eso es correcto. Que en la Justicia sigamos en las mismas situaciones está claro que crea una Justicia muy desigual, es decir, que permite juzgar casos fáciles, de pequeña delincuencia, en unos plazos más sencillos, porque son casos que no son complejos, pero la corrupción política y la alta delincuencia económica dificulta la persecución judicial de ésta. Y claro podemos pensar que esto es casualidad, ¿no?, que sea tan difícil, pero Roosevelt dijo que en política no pasa casi nada por casualidad. Y claro, que pase un año, una legislatura, una década, otra década, y que sigamos en la misma situación, pues hay que preguntarse por qué desde el poder político no se aportan los medios que necesitamos. Pero también necesitamos una reforma de las leyes, por ejemplo, la ley de Enjuiciamiento Criminal es del siglo XIX y aunque ha tenido parches y remiendos todavía ves alusiones a escribanos, a posaderos, a alguaciles, ves todavía el lenguaje de las novelas de Benito Pérez Galdós en nuestras leyes. Y esto no es un problema de medios económicos, es un problema de voluntad política, de que estamos persiguiendo con instrumentos procesales del siglo XIX la alta delincuencia cibernética del siglo XXI. Yo creo que no hay en España una voluntad política suficiente para acabar con la corrupción.

P.En España sigue pendiente la entrega de la instrucción a los fiscales, ¿cree que esta reforma es necesaria o la dirección de la investigación debe seguir en manos de los jueces?

R.Esta reforma puede ser positiva si se hace con un enfoque adecuado y de hecho los dos principales partidos del país, el PSOE y el PP, impulsaron anteproyectos que han quedado en nada, pero que planteaban esa posibilidad. Pero no se puede hacer en mi opinión con la configuración actual de la Fiscalía, que como nos explican los organismos europeos en España tiene una particularidad respecto a otros países de nuestro entorno, que es que está muy vinculado al poder político, porque es quien nombra al fiscal general. Cambia el gobierno por una moción de censura y el nuevo gobierno nombra otro fiscal general. Hay un adelanto electoral y vuelve a cambiar el fiscal general. Y en un cuerpo tan jerarquizado que está a las órdenes de una figura si es tan cercano al poder político, esto puede ser problemático si el poder político tiene la capacidad de influir en la investigación de los casos por corrupción, que ahora sin duda ninguna se investigan por jueces imparciales. Entonces, yo creo que esa reforma nos homologaría a otros países de nuestro entorno que tienen la figura del fiscal investigador, pero es que en estos países no hay tanta vinculación del fiscal al poder político. Para acometer con garantías esa reforma tendría que cambiarse el estatuto del Ministerio Fiscal.

P.Hay que acabar con aquello de... ¿de quién depende la Fiscalía?

R. Efectivamente, no podemos continuar haciendo bromas o ironías con que la Fiscalía está a las órdenes del poder político, porque eso es muy negativo para la apariencia de imparcialidad de la institución.

P.A usted le han ofrecido en varias ocasiones dar el salto a la política pero siempre se ha negado ¿Por qué ha declinado estas ofertas?

R.No sé mi impresión es que puedo ser más útil a la sociedad trabajando en mi juzgado, tutelando los derechos fundamentales de la ciudadanía y haciendo reflexiones cívicas a nivel general como en el último libro que he escrito Yo creo que tendría mucha menos credibilidad, igual que el libro anterior que escribí "La patria en la cartera", sobre la corrupción en España si lo hace una persona que está implicada en actividades partidistas. Creo que para esos cargos, por las razones que sea, nunca faltan aspirantes y con lo cual me quedo muy tranquilo. En cambio creo que en la judicatura hace falta más implicación cívica, hace falta más conexión con la sociedad. Tenemos una ciudadanía que cree que el Poder Judicial está muy distanciado de la gente de la calle y yo percibo que esos sectores sociales les gustaría conocer mejor cómo funciona el sistema judicial, cómo se deciden las cuestiones de los tribunales. Yo creo que esa aportación que hago sí que tiene cierta singularidad y soy más útil ahí que en el ámbito de la política.