El jefe antidroga de Alcalá de Guadaíra estaba a sueldo de un narcotraficante

El jefe del grupo antidroga de la Comisaría de la Policía Nacional de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) estaba a sueldo de un narcotraficante local. Esto es lo que asegura la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional en el atestado elaborado con motivo de la operación desarrollada en septiembre de 2024, que acabó con la detención e ingreso en prisión de los cinco policías del grupo de estupefacientes, entre ellos el subinspector J. A. D. G., que continúa actualmente encarcelado. El funcionario percibiría "una cuota mensual que oscilaría entre los 2.000 y 3.000 euros", a cambio de la protección del narcotraficante y la eliminación de su competencia en el negocio de la droga en la localidad alcalareña.

El atestado elaborado por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional, que tiene una extensión de 688 folios, asevera que en el curso de las investigaciones se han recogido importantes indicios que acreditan que el subinspector responsable del grupo de Estupefacientes proporcionaba "seguridad y protección a una compleja organización criminal dedicada al tráfico de estupefecientes, llegando a desarrollar otras funciones para la misma, como la eliminación de la competencia o la aportación de informaciones privilegiadas que obtiene en el ejercicio de su cargo al líder de la misma".

La investigación de Asuntos Internos se inició en septiembre de 2023, cuando los agentes de este grupo recibieron una información acerca de la presunta protección que un funcionario destinado en la comisaría local de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) podría estar ofreciendo a un conocido narcotraficante de la zona a cambio de dinero, lo que dio lugar a una investigación por el juzgado de Instrucción 3 de esta localidad, por una decena de delitos, entre ellos los de pertenencia a organización criminal, cohecho, apropiación indebida, contra la salud pública, omisión del deber de perseguir delitos, falsedad documental, coacciones, robo con fuerza en casa habitada, allanamiento de morada y revelación de secretos. La operación se cerró en septiembre de 2024 con la detención de los cinco policías, que fueron inicialmente enviados a prisión, aunque tres de ellos ya han quedado en libertad con cargos, y la imputación de otras 30 personas.

La investigación de Asuntos Internos, que incluyó la colocación de balizas GPS en los vehículos de algunos de los sospechosos e intervenciones telefónicas, considera al subinspector J. A. D. G. como un "auténtico miembro de relevancia de esa organización criminal dedicada al tráfico de sustancias estupefacientes" liderada por A. J. P. M., apodado "Momi" y que operaba en la barriada de la Rabesa, a escasos metros de la comisaría de Policía. El jefe del grupo, según el informe remitido al juzgado de Alcalá, omitiría deliberadamente iniciar investigaciones contra la organización liderada por el Momi pese a conocer sus actividades ilícitas, "advirtiéndole asimismo sobre la existencia de investigaciones o requisitorias tanto policiales como judiciales que pudieran existir contra su persona, siendo además responsables de llevar a cabo la instrucción de todas aquellas investigaciones que pudieran culminar con el desmantelamiento y erradicación de otros puntos de venta de Alcalá que pudieran suponer una competencia a Momi".

El presunto narcotraficante, desde su "posición de informador/confidente" del subinspector desde el año 2021, sería "inmediatamente prevenido, así como que contaría con informaciones de su interés provenientes de las bases de datos policiales", por las cuales abonaría esa "cuota mensual" de entre 2.000 y 3.000 euros al jefe del grupo de estupefacientes. Además, el funcionario habría recibido "a modo de dádiva" de un chatarrero -por la entrega de los efectos intervenidos en la desmantelación de plantaciones de marihuana- dos vehículos, un Citroën C-4 valorado en unos 800 euros, y un Peugeot 206.

La protección del subinspector, añade Asuntos Internos en el informe al que ha tenido acceso este periódico, le garantizaba "monopolio y exclusividad, así como tranquilidad e impunidad, sabedor de que nunca sería investigado a iniciativa del subinspector, además de contar con la certeza de que, en el caso de estar siendo investigado por personal a la comisaría de Alcalá de Guadaíra, sería inmediatamente advertido", hasta el punto de que en una de las escuchas Momi se jactaría de que "toda la cocaína que se vende en La Rabesa es suya". Para eliminar la competencia de Momi, se desarrollarían operaciones policiales sobre aquellas personas o puntos de venta "señalados por Momi", advierten.

La protección dispensada por el subinspector se evidenció en la madrugada del 21 de mayo de 2024, cuando se procedió a la instalación de una baliza en uno de los coches utilizados por Momi, una operación que fue detectada por los narcotraficantes, quienes le alertaron de la misma y como medida de seguridad el líder de la banda y su familia se marcharon del domicilio ante una supuesta entrada y registro policial o ante un "vuelco" por otra organización. En días posteriores se producen llamadas en las que el líder de la banda señalaba que el policía le había comentado que no habían sido miembros de su grupo antidroga -que podrían ser Guardias Civiles- y le habría tranquilizado diciéndole que "si ya no tiene nada en su poder no debe preocuparse", de lo que los investigadores deducen que tanto el dinero como la doga habían sido puestos a buen recaudo, en lugar que a priori no pudieran ser relacionados con este o con su organización.

Distribuían dos kilos de cocaína al mes, con un beneficio de 120.000 euros

La organización liderada por el "Momi" estaba especializada en la distribución y tráfico a pequeña escala de hachís, heroína y cocaína, y sobre esta última sustancia, los investigadores consideran que distribuía unos dos kilos de cocaína al mes -a razón de unos 400-500 gramos a la semana-, una cantidad muy notoria y suponía unos "enormes beneficios una vez vendida a los consumidores finales, ascendiendo el precio habitual de venta de cada gramo de esta sustancia a 60 euros, lo que supondría unos beneficios económicos mensuales que podrían ascender a 120.000 euros, sólo en lo que respecta a esta sustancia".

Y estas actividades, prosigue Asuntos Internos, además del evidente riesgo para la salud pública, "estarían dando lugar a comportamientos concomitantes que también dañarían otros bienes jurídicos con relevancia colectiva, como es el caso de la corrupción detectada en el Grupo de Estupefacientes de Alcalá de Guadaíra, cuyo responsable proporcionaría protección a esta organización, o los relacionados con el blanqueo de capitales, que suponen la introducción en el tráfico jurídico de grandes cantidades de dinero provenientes de estas actividades ilícitas".

Los efectos intervenidos en plantaciones de marihuana

Para los funcionarios policiales, la presunta colaboración con el narcotraficante les supondría una "ventaja económica proveniente por los servicios prestados, además de una fuente continua de información acerca de las actividades relacionadas con el cultivo de marihuana que les permitirían seguir enmascarando el enriquecimiento que obtienen del desmantelamiento de las mismas utilizando a chatarrerías de su confianza".

Asuntos Internos implica a los otros cuatro miembros del grupo antidroga imputados en la causa en esta otra actividad delictiva, por cuanto estarían llevando a cabo acciones que les "permitirían obtener de manera habitual beneficios económicos a través de la apropiación o entrega a terceros de los efectos intervenidos en los registros domiciliarios practicados", que entregan sobre todos a dos chatarrerías a cambio de una compensación económica, por lo que estos agentes constituirían a su vez "un verdadero grupo criminal".

En principio, no ven indicios de que los otros cuatro agentes estuvieran desarrollando labores específicas en favor de la organización de narcotraficantes, "más allá de dar cumplimiento a las directrices impartidas por su superior jerárquico en el ejercicio de sus funciones, por lo que, al contrario que el subinspector, no pueden ser considerados integrantes de la organización criminal liderada por Momi".

En cambio, sí que se les considera como un "verdadero grupo criminal encargado de la comisión continuada de delitos contra el patrimonio enmascarados por la actividad profesional desarrollada en el marco de sus competencias y que les reportan un enriquecimiento injusto", y que estaría operando desde al menos el año 2020.

Para ello, se valdrían de un "acta firmada por los propietarios de las diferentes plantaciones en las que autorizarían de forma voluntaria su destrucción, si bien existen evidencias de que dicha autorización podría obtenerse mediante coacciones ejercidas por los miembros de ese grupo", que a cambio recibiría una contraprestación económica de las chatarrerías que sería repartida entre sus miembros.

Así, en los justificantes de recepción de los efectos entregados para su destrucción "no se individualizaba" cada uno de los elementos de los que se hacían cargo, algo "anómalo debido a que los mismos han sido intervenidos en el marco de un procedimiento penal y su destino debería quedar perfectamente documentado, más aún teniendo en cuenta el valor económico que alcanzan los mismos en el mercado".

En una de las operaciones, realizada en abril de 2024, fueron intervenidas en el interior de una nave un total de 5.650 plantas de marihuana y el aparataje necesario para su cultivo indoor, valorado en unos 100.000 euros. Asuntos Internos apunta a que los miembros del grupo de Estupefacientes podrían obtener entre "500 y 5.000 euros a cambio de efectos destinados a su destrucción".

Los investigadores llegan a afirmar con respecto a algunas de las actuaciones del grupo que el "ánimo que guía a los funcionarios intervinientes no parece ser la represión del tráfico de drogas sino el desmantelamiento del aparataje vinculado a la plantación de marihuana", y recuerdan otra conversación intervenida al subinspector en la que éste le manifiesta a su superior jerárquico que de la chatarrería se encargaba él: "...el tío tiene lo menos 40 aires acondicionados, que eso ya me encargo yo con la chatarrería". Y los agentes investigados también se habrían apropiado de otros objetos como "moto bombas" y una "motosierra", afirmando uno de los agentes que si hay cuatro objetos "cada uno pilla", lo que haría referencia a que se estarían repartiendo entre todos los efectos incautados en el registro, actuando de forma coordinada y como grupo criminal, según Asuntos Internos.

Por último, en los registros realizados a los miembros del grupo de Estupefacientes les fueron intervenidos un total de 17.855 euros en efectivo, así como diverso material susceptible de proceder de los registros practicados, como seis motobombas, dos motosierras, una amoladora, o un patinete eléctrico, los cuales "podrían haber sido apropiados de manera indebida por parte de los investigados".