Un solo caso de abusos y prescrito

La Fiscalía General del Estado impulsó recientemente la investigación sobre los casos de pederastia en la Iglesia, solicitando a los 17 fiscales superiores de las comunidades autónomas todas las denuncias y querellas que estén actualmente “vivas”, es decir, tramitándose ya sea en los tribunales o en las propias Fiscalías.

Según ha podido conocer este periódico, en la Fiscalía de Sevilla se recibió una comunicación hace dos años por un caso de presuntos abusos sexuales perpetrados en el seno de una congregación religiosa por uno de sus miembros. El Ministerio Público abrió unas diligencias de investigación que, finalmente, fueron archivadas porque los hechos denunciados se remontaban a la década de los 80 y, por tanto, estaban prescritos. Poco más desde entonces, salvo que las últimas actuaciones ordenadas por la Fiscalía General puedan motivar la aparición de nuevos casos.

La investigación iniciada por la Fiscalía General no es nueva, ya en el año 2019, la entonces ministra de Justicia y actual fiscal general del Estado, María Dolores Delgado, reclamó a la responsable de la Fiscalía, María José Segarra, que informara sobre las diligencias abiertas en los tribunales relacionadas con presuntos casos de pederastia en la Iglesia, tanto los cometidos en las parroquias dependientes de las diócesis como en los colegios dirigidos por las congregaciones religiosas.

Dolores Delgado, que paradójicamente ha promovido ahora de nuevo esta investigación cuando ha llegado a la Fiscalía General, recordó en ese momento que los distintos relatos publicados por la prensa habían generado una “importante alarma social”.

La fiscal Segarra respondió entonces al Gobierno que era imposible realizar una radiografía de los abusos sexuales en la iglesia, puesto que los registros informáticos sólo recogen los casos de agresiones o abusos sexuales a menores pero sin distinguir el lugar dónde se habían producido, por lo que sólo se remitieron los datos genéricos de las diligencias abiertas sobre los abusos cometidos.

Lo que ha solicitado ahora Dolores Delgado supone un paso más allá, porque obliga a todas las fiscalías provinciales a revisar sus expedientes para conocer estos casos y remitirlos a las Fiscalías Superiores para, a su vez, hacerlos llegar a la Fiscalía General.

Y en esa labor está actualmente trabajando la Fiscalía Superior de Andalucía, que está recogiendo estos días todos los datos de las provincias andaluzas.

En Sevilla, las fuentes consultadas por este periódico han destacado la colaboración la Archidiócesis, que cuenta incluso con un protocolo para la remisión al Ministerio Público de las posibles denuncias.

De hecho, en febrero de 2020, el entonces arzobispo de Sevilla, José Asenjo, y los Obispos de Huelva y Cádiz y Ceuta crearon la denominada “Oficina para la recepción y tramitación de denuncias sobre posibles abusos sexuales” en el ámbito de sus respectivas diócesis. Esta nueva instancia, aprobada mediante decreto, tiene su sede en el Arzobispado hispalense.

La creación de esta Oficina tiene como finalidad facilitar y asegurar que las noticias o las denuncias sobre posibles actos realizados por clérigos, miembros de institutos de vida consagrada o sociedades de vida apostólica, que pudieran ser constitutivos de delitos relacionados con abusos sexuales, sean “tratadas en tiempo y forma, de acuerdo con la disciplina canónica y civil, respetando los derechos de todas las partes implicadas”. Además, atiende las denuncias por acciones u omisiones de obispos y otras personas equiparables, dirigidas a interferir o eludir investigaciones civiles, canónicas, administrativas o penales contra un clérigo o religioso.

Las denuncias se pueden realizar en la sede de la Oficina en Sevilla o ante el vicario judicial de las diócesis de Huelva o Cádiz y Ceuta. Y además está previsto un acompañamiento a las víctimas, que corresponderá a cada diócesis.

La Oficina cuenta con varios miembros, nombrados por el Arzobispo de Sevilla, con el consentimiento de los Obispos de las mencionadas diócesis. El delegado episcopal es Teodoro León, vicario general de la Archidiócesis de Sevilla. Tendrá como adjunto un notario eclesiástico, cargo para el que fue designado el sacerdote José Ángel Martín. Además, la letrada Mercedes Fernández fue nombrada directora de esta instancia conjunta, con el sacerdote Emilio Morejón en calidad de notario eclesiástico adjunto. María del Monte Chacón fue designada coordinadora para la prevención de abusos.

La creación de esta Oficina es consecuencia del motu proprio del papa Francisco ‘Vos estis lux mundi’, de 7 de mayo de 2019, por el que se establecen procedimientos dirigidos a prevenir y combatir los delitos de abuso sexual “que tan gravemente ofenden a Nuestro Señor, causan daños físicos, psicológicos y espirituales a las víctimas y perjudican a la comunidad de los fieles”, según informó en su momento la Archidiócesis de Sevilla.