La investigación de Magrudis salpica a toda la familia

La investigación del mayor brote de listeriosis detectado en España toma fuerza y salpica a la familia del dueño de Magrudis, José Antonio Marín Ponce, que lleva más de un mes en prisión provisional, junto a su hijo Sandro José Marín Rodríguez. La juez de Instrucción número 10 de Sevilla, Pilar Ordóñez, tomará declaración el próximo martes, en calidad de investigados, a la mujer del dueño de la empresa, a su cuñada y a un comercial.

Los tres investigados que comparecerán ante la magistrada son Encarnación Rodríguez, la mujer del propietario que distribuía la carne mechada La Mechá, así como su hermana y cuñada de este último, Isabel Rodríguez, y el comercial Federico Rodríguez. Con estas tres nuevas imputaciones, el número de investigados en la causa se eleva ya a seis personas, de las cuales cinco pertenecen a la familia del administrador de hecho de la empresa.

Tanto la cuñada como el comercial fueron detenidos el pasado 24 de septiembre en la operación por el brote de listeriosis que llevó a cabo la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil, si bien ambos fueron puestos en libertad ese mismo día por los investigadores, mientras que José Antonio Marín Ponce y sus dos hijos, Sandro José y Mario, pasaron a disposición del juzgado, que el 26 de septiembre decretó el ingreso en prisión de José Antonio y de Sandro José, y dejó en libertad con la obligación de comparecer regularmente ante el juzgado al otro hijo.

Federico Rodríguez figura además como administrador de dos empresas Interweb Imagen SC y Rodríguez&Dorado alimentación S.L. Estas empresas se encuentran presuntamente relacionadas con el entramado de Magrudis que la instructora también investiga en relación con un posible delito de alzamiento de bienes.

En el auto dictado el pasado 7 de octubre, la instructora indica que además de Magrudis y Elaborados Cárnicos Mario –en la que figura como administrador otro hijo del dueño–, “existen antecedentes mercantiles, de los que se deduce que José Antonio Marín Ponce ha tenido cinco empresas registradas y cuatro de ellas han quedado sin actividad debido a créditos incobrables”. Se trata de Marín y Maldonado SL, Sanmasur SL, Sierra Encina SL, Estirpe de Jabugo SL y Embutidos El Patio SL, siendo las cuatro últimas las que paralizaron su actividad tras acumular deudas.

Por su parte, Federico Rodríguez, está vinculado a las empresas Interweb Imagen SC y Rodríguez & Dorado Alimentación SL, señalaba la juez en la resolución, que añadió entonces que el 23 de agosto se tuvo conocimiento de la existencia de que la empresa Comercial Martínez León SL distribuía productos procedentes de la trama investigada, “información que fue ocultada por los responsables de Magrudis”. “Se deduce que con la creación de todas las entidades antes indicadas, se han obtenido grandes beneficios económicos, habiéndose creado una ingeniería mercantil dirigida de forma absoluta a prever los posibles problemas que puedan sobrevenir en el funcionamiento empresarial, tanto a nivel económico como sanitario, para lo cual ha utilizado a diferentes personas en su entorno”, destacó entonces la instructora.

Pero la investigación judicial abierta por el brote de listeriosis –que ha provocado tres muertes, siete abortos, y ha contagiado a 217 personas–, no sólo se va a circunscribir al entorno familiar, puesto que la instructora aseguró recientemente en un auto que se analizará si hay alguna responsabilidad en lo ocurrido por parte de las Administraciones públicas, como ha alegado en su defensa el dueño de Magrudis.

El propietario de la empresa dijo entonces que no era el único responsable del brote, puesto que ni el Ayuntamiento de Sevilla –que pronto se personará como acusación particular– ni la Junta realizaron “inspección alguna” y el Consistorio en las inspecciones de 2016 y 2017 no detectó anomalía alguna.

A este respecto, la juez Pilar Ordóñez manifestó en el auto que confirmó la prisión del dueño y de su hijo que “si bien pretende ahora responsabilizar a los laboratorios y administraciones de lo ocurrido, hecho que sin duda va a ser investigado por este juzgado, es de sentido común que debió adoptar medidas al menos en el mes de febrero de 2019, cuando supo de la presencia de la bacteria en un lote de carne mechada, pero se limitó únicamente a tirar a la basura el lote contaminado, como él mismo indicó ante este juzgado”.

La magistrada reprochó a José Antonio Marín Ponce que “no puede tampoco ahora excusarse de lo ocurrido alegando que nadie le informó de las medidas que debía adoptar”, asevera la juez.

Las declaraciones de los familiares del dueño se producen cuando una empresa cementera de Jerez ya ha iniciado la destrucción de los más de 6.000 kilos de carne intervenidos a Magrudis, una labor que se inició el pasado jueves y que está previsto que finalice el próximo martes.