Un juez investiga un fraude de 16,5 millones en ayudas públicas

La Fiscalía Anticorrupción y un juzgado de Sanlúcar la Mayor están investigando a la empresa Green Power Technologies y a la Asociación de Investigación y Cooperación Industrial de Andalucía (AICIA), vinculada a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla, por un presunto fraude de subvenciones en relación con las ayudas que por importe de 16,5 millones de euros ha recibido esta empresa ubicada en Bollullos de la Mitación y dedicada al diseño e instalación de equipamientos para la explotación y transformación de energías renovables.

La investigación, que está abierta desde el año 2019 en el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Sanlúcar la Mayor, se inició a raíz de una denuncia anónima presentada en la Fiscalía de Sevilla y en la que se exponían presuntas irregularidades en relación con las ayudas europeas, estatales y autonómicas otorgadas a Green Power Technologies.

La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) llevó a cabo una inspección de la empresa en el año 2017 y realizó un informe sobre el destino de las subvenciones otorgadas. En la causa ya han declarado recientemente como investigadas 13 personas y las dos entidades, Green Power y AICIA, según han confirmado a este periódico fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

El titular del juzgado número 5 de Sanlúcar, Salvador Sánchez-Gey, explica en el auto de imputación que las irregularidades se centran en la ejecución de proyectos de I+D cofinanciados por el presupuesto europeo en el periodo 2009-2015. En concreto, se trata de 28 proyectos europeos concedidos a partir de 2010, de los cuales cinco pertenecen al Séptimo Programa Marco de Investigación y Desarrollo (7PM) y los otros 23 estaban financiados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). El coste de los 28 proyectos se eleva a los 16,5 millones y las ayudas concedidas ascienden a cinco millones –la suma de la parte nacional y la europea– y los préstamos a interés cero a otros cinco millones. Además, hay un número importante de proyectos de I+D desarrollados por Green Power que han sido subvencionados exclusivamente por el Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

Tras la declaración de los investigados, que tuvo lugar los días 18, 19 y 22 de marzo, la investigación se centrará ahora, entre otros aspectos, en el estudio de la cuantía supuestamente defraudada, para lo cual se encargarán los informes periciales pertinentes, según han indicado las mismas fuentes.

En el auto de imputación, al que tuvo acceso este periódico, el juez detalla media docena de conductas irregulares, como la obtención de ayudas y subvenciones “incumpliendo o falseando las condiciones establecidas para su concesión, generando un impacto financiero para el ente público”, e inflando los presupuestos, dado que “constan indicios de que la sobrevaloración de los gastos superan al coste incurrido por la empresa con respecto a las subvenciones solicitadas”.

Asimismo, considera que la justificación de los gastos realizados por Green Power es “puramente teórica” y las “declaraciones de gastos infladas se producirían al declarar personal y materiales de otros departamentos de la empresa sin vinculación con el proyecto de investigación”.

El juez advierte además de la “ausencia de un sistema de codificación contable de gastos que permita conocer los costes reales soportados en cada proyecto” y de las “subcontrataciones sin informar de la vinculación” con la AICIA, que “no sólo podría haber obtenido remanentes importantes sino que, en algunos proyectos se encargó de la ejecución real pese a que la beneficaria era Green Power”.

En otros proyectos, la empresa no declaró que fuera a subcontratar ninguna parte del proyecto, pero la OLAF ha constatado dichas subcontrataciones “no declaradas ni autorizadas que suponen un incumplimiento de las reglas de subcontratación” y supondría admeá que Green Power “no tendría la capacidad de ejecutar por sí sola los proyectos que presenta a confinanciación como propios”.

Por último, el juez destaca la “justificación económica de horas de trabajo consumidas por el personal para la obtención de la ayuda mediante la inclusión ficticia de trabajadores o peronal colaborador del proyecto".