Un juzgado investiga a una forense de Sevilla por presuntas vejaciones a mujeres agredidas sexualmente

Delito contra la integridad moral

El caso fue denunciado por ginecólogas del hospital Virgen Macarena tras presenciar las expresiones y comentarios que la especialista hacía a las víctimas de estos delitos sexuales

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El caso fue denunciado por médicos del hospital Virgen Macarena de Sevilla. / M. G.

Un juzgado de Sevilla está investigando a una forense del Instituto de Medicina Legal (IML) por supuestas vejaciones a varias víctimas de agresiones sexuales, por las expresiones y comentarios que esta profesional realizó a estas mujeres con motivo del reconocimiento de las mismas. El caso fue denunciado por varios profesionales del Hospital Virgen Macarena de Sevilla que, sorprendidas ante la actitud de la forense con las víctimas, pusieron los hechos en conocimiento del Servicio Andaluz de Salud (SAS). El SAS dio a su vez traslado de esta denuncia a la delegación provincial de la Consejería de Justicia, que abrió un expediente disciplinario a la forense y presentó una denuncia ante la Fiscalía de Sevilla.

Según ha podido saber este periódico, la médico forense, que tiene una dilatada trayectoria profesional, habría proferido expresiones y comentarios presuntamente vejatorios a al menos cuatro víctimas de agresiones sexuales. A algunas de las mujeres les habría comentado que lo que tenían que hacer era "comer" algo antes de irse de borrachera con sus amigas, y a otras les habría insinuado incluso la posibilidad de retirar la denuncia o habría cuestionado por qué no llevaban ropa interior -le habría reprochado a una de las mujeres que saliera de casa sin ella-, además de otras manifestaciones supuestamente ofensivas para con las mujeres, a las que habría causado un mayor sufrimiento después de haber sido víctimas de estos delitos.

La actitud de la forense provocó incluso sentimientos de culpa en las víctimas por haber denunciando los hechos que habían sufrido, han precisado las fuentes consultadas por este periódico, que han señalado que alguna de las víctimas salió llorando tras haber mantenido el encuentro con la forense.

Varias ginecólogas del Hospital Macarena pusieron en conocimiento del Servicio Andaluz de Salud (SAS) la actitud de la forense, lo que motivó que el pasado 30 de marzo la delegación provincial de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública incoara un expediente disciplinario a la profesional del IML, según han confirmado fuentes judiciales, que han añadido que la delegación provincial solicitó un informe al gabinete jurídico de la Junta de Andalucía.

El 30 de mayo, los servicios jurídicos de la Administración autonómica emitieron un informe en el que se ponía de manifiesto que los hechos denunciados podían ser constitutivos de delito y aconsejaban elevar el caso a la Fiscalía de Sevilla, por lo que se "suspendió temporalmente" el expediente disciplinario abierto, a la espera del resultado de las actuaciones del Ministerio Público.

Justicia abrió un expediente disciplinario que está a la espera de la investigación judicial

Fuentes de la Fiscalía no han querido pronunciarse sobre este caso, si bien este periódico ha tenido conocimiento de que una vez que el Ministerio Público analizó el escrito del SAS, presentó una denuncia en el decanato de los juzgados de Sevilla contra la médico forense.

La delegación de Justicia presentó un escrito en el juzgado el 5 de julio en el que solicitó información sobre la situación actual del procedimiento. En respuesta, el juzgado comunicó a la Junta la apertura de unas diligencias previas, en las que se están practicando las diligencias de investigación oportunas para tratar de acreditar la realidad de unos hechos que vienen avalados por los testimonios de los facultativos que presenciaron el tratamiento de a las víctimas.

La especialista ha negado los hechos y atribuye la denuncia a una “persecución”

Fuentes del caso han confirmado que ya han prestado declaración ante el juez tres de las cuatro mujeres que sufrieron las presuntas agresiones sexuales, y también ha comparecido en calidad de investigada la médico-forense, que ha negado los hechos que se le imputan y ha atribuido la denuncia a una supuesta "persecución" dentro del Instituto de Medicina Legal (IML), por otros hechos que no guardan relación con la denuncia de los facultativos del Macarena. Dos de las mujeres habrían afirmado que aunque la forense mantuvo una actitud seca con ellas no se habrían sentido molestas. Y además, según estas mismas fuentes, los cuatro casos de supuestas agresiones sexuales no han tenido recorrido, ya que habrían sido archivadas por parte de los juzgados a los que correspondió la investigación de esos delitos.

Suspensión cautelar de funciones

Una vez que se ha abierto la causa contra la forense, la delegación de Justicia ha pedido un nuevo informe al gabinete jurídico de la Junta para que comunique si una vez abierta la causa puede llevarse a cabo una suspensión cautelar de sus funciones de la médico denunciada, teniendo en cuenta el estado actual de la investigación judicial.

La forense sigue actualmente trabajando en los juzgados, si bien lo que sí se ha hecho por parte de la Administración es "limitar" las funciones de la doctora, evitando que realice servicios de guardia que impliquen su desplazamiento a los hospitales sevillanos y realizar exploraciones de las víctimas de agresiones sexuales.

El Código Penal contempla penas de hasta dos años de cárcel

Los delitos contra la integridad moral vienen recogidos en el artículo 173 del Código Penal, que contempla penas de entre seis meses y los dos años de cárcel para el que "infligiera a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral".

El precepto castiga con la misma pena a quienes, "teniendo conocimiento del paradero del cadáver de una persona, oculten de modo reiterado tal información a los familiares o allegados de la misma", y también a los que, "en el ámbito de cualquier relación laboral o funcionarial y prevaliéndose de su relación de superioridad, realicen contra otro de forma reiterada actos hostiles o humillantes que, sin llegar a constituir trato degradante, supongan grave acoso contra la víctima".

De otro lado, el artículo 173.2 contempla penas de hasta tres años para "el que habitualmente ejerza violencia física o psíquica sobre quien sea o haya sido su cónyuge o sobre persona que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o sobre los descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente, o sobre los menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente, o sobre persona amparada en cualquier otra relación por la que se encuentre integrada en el núcleo de su convivencia familiar, así como sobre las personas que por su especial vulnerabilidad se encuentran sometidas a custodia o guarda en centros públicos o privados".

De igual forma, se contemplan penas de localización permanente de cinco a treinta días o trabajos en beneficio de la comunidad de cinco a treinta días, o multa de uno a cuatro meses, para quienes "se dirijan a otra persona con expresiones, comportamientos o proposiciones de carácter sexual que creen a la víctima una situación objetivamente humillante, hostil o intimidatoria, sin llegar a constituir otros delitos de mayor gravedad".

Precisamente por un delito contra la integridad moral fue condenado a un año de cárcel el psiquiatra Javier Criado, por el trato “inapropiado, soez y humillante” a una de sus pacientes. La Audiencia de Sevilla confirmó íntegramente el fallo del juzgado de lo Penal número 9 de Sevilla que había condenado al psiquiatra de los famosos un año de prisión y a la prohibición de comunicarse y aproximarse a menos de 300 metros de la víctima durante un plazo de dos años, así como a indemnizar con 5.000 euros a la denunciante en concepto de daños morales derivados del delito objeto de condena.

En las consultas con la paciente, el psiquiatra condenado “de forma frecuente, se dirigía a ella con expresiones tales como “loquita” (en ocasiones incluso delante de otros pacientes), diciéndole asimismo que “esta loca no se cura” al tiempo que mantenía con ella una actitud jocosa por "ser seguidora del club de fútbol Real Betis Balompié o gustarle la Semana Santa”.