Pérez-Sauquillo denuncia la indefensión por el "cambio de criterio" de la Fiscalía Anticorrupción

La defensa del ex presidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo, que se enfrenta a una petición de 19 años de cárcel en el octavo juicio de Invercaria, ha planteado al inicio de la vista oral una cuestión previa por la indefensión que, a su juicio, se le ha causado por el "cambio de criterio" de la Fiscalía Anticorrupción en relación con la veintena de piezas separadas en las que se ha dividido esta macrocausa.

El abogado Javier Vidal, que representa a Pérez-Sauquillo en este juicio, ha destacado en su intervención que se ha vulnerado el principio acusatorio y se le ha causado indefensión por el "cambio de criterio de una pieza a otra" de la Fiscalía Anticorrupción para plantear la acusación. Así, ha dicho que en primer lugar se acusó en aquellas piezas en las que no había "un suficiente análisis del proyecto" y las ayudas se concedían con discrecionalidad, y luego hay otras dos piezas -Kandor Graphics y Corporación Séneca- en la que se dice por el Ministerio Público que con que exista un análisis ya es "motivo de archivo" y con un análisis "realizado por un tercero es suficiente" para acordar ese sobreseimiento de la causa, y esta discrepancia de criterio, a su juicio, le causa al ex presidente de la sociedad andaluza de capital riesgo una "indefensión tremenda", porque se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva y el principio acusatorio.

Tanto la Fiscalía Anticorrupción como las acusaciones que ejercen el PP y la agencia Idea se han opuesto a la admisión de esta cuestión previa. El fiscal delegado de Anticorrupción Manuel Fernández Guerra, ha rechazado que se produzca indefensión ni vulneración del principio acusatorio porque, según ha dicho, la instrucción "se ha ido adecuando" al material probatorio, por lo que la acusación relacionada con el portal Fiva "no es extrapolable" a las otras piezas mencionadas por la defensa, por cuando "son hechos distintos los que se van a someter a enjuiciamiento". El PP y la agencia Idea han coincidido con el Ministerio Público en que la macrocausa de Invercaria es muy voluminosa y la investigación se ha ido "adaptando al desarrollo de la causa".

Cristóbal Cantos ha "manipulado" todo el procedimiento

La defensa de Pérez-Sauquillo ha pedido asimismo al tribunal la aportación de una serie de pruebas, entre ellas las sentencias del despido del que fuera director de Promoción de Invercaria y denunciante del caso Cristóbal Cantos -que acabó también siendo imputado en varias de las piezas-, y del que la defensa ha señalado que "ha manipulado" todo el procedimiento judicial de Invercaria.

El abogado de Pérez-Sauquillo también ha pedido que se aporten al proceso los correos electrónicos corporativos del ex presidente de Invercaria, a lo que la Fiscalía se ha opuesto alegando que no hay constancia de que esta documentación se haya solicitado en el ramo principal de la macrocausa ni en esta pieza concreta de las ayudas a Fiva, que era un proyecto pretendía integrar a 50.000 empresas y consistía en la creación un portal virtual de presentación de productos para las empresas andaluzas, de modo que pudieran exhibir y ofrecer sus productos en internet, evitando así los costes y problemas de las ferias comerciales al uso.

Por su parte, la defensa del que fuera director financiero de Invercaria Antonio Nieto Garrido, ha planteado también como cuestión previa la "nulidad" de los escritos de acusación de la Fiscalía y de las acusaciones, al considerar que este acusado debe ser absuelto por la vulneración de sus derechos constitucionales, como el principio acusatorio, por cuanto entiende que ha sido acusado de unos hechos "genéricos, difusos e inconcretos" en esos escritos de conclusiones provisionales.

El abogado Miguel García Diéguez, que representa a Antonio Nieto, ha dicho al tribunal que a su cliente lo nombran "en tres ocasiones" en estos escritos, de los que "intuye" que está acusado por haber "intervenido como apoderado" en una de las pólizas investigadas en este procedimiento, pero sigue preguntándose "¿de qué me tengo que defender?" y "¿qué hechos se le imputan?".

El fiscal ha respondido a esta defensa que la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional establecen que los acusados tienen derecho a ser informados de los hechos de que se les acusas, pero ese derecho a ser informado "no debe ser exhaustivo", por lo que ha opinado que la cuestión previa planteada por la defensa se basa "en una lectura sesgada del escrito de conclusiones" presentado por el Ministerio Público.

Varias defensas también han coincidido en plantear como cuestión previa la indefensión por la "indeterminación" del escrito de las acusaciones con respecto a sus clientes.

Los hechos se remontan al año 2006

La Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla ha iniciado de esta forma el juicio por las ayudas de más de un millón de euros que fueron invertidos en el proyecto fallido de las Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía (FIVA), la primera de las piezas de esta macrocausa que comenzó a investigarse en el año 2012, aunque los hechos son incluso todavía más antiguos, dado que se remontan al año 2006, con lo que han pasado ya 16 años hasta ser enjuiciados.

El retraso en el inicio de este juicio, que se celebrará en 45 sesiones hasta el mes de enero de 2023, se debe al colapso que arrastran las secciones de lo Penal de la Audiencia de Sevilla. Esta pieza de Invercaria, en la que están procesados dos ex presidentes de Invercaria (Tomás Pérez-Sauquillo y Laura Gómiz), fue la primera que comenzó a investigarse hace 10 años, en concreto en 2012, y fue enviada a juicio por el instructor en septiembre de 2017.

El juicio comenzará con la declaración de uno de los acusados y la práctica de las declaraciones de los testigos, al haber admitido el tribunal la petición de la defensa de Pérez-Sauquillo para que preste declaración al final del juicio, una vez se celebre la práctica de toda la prueba. El único acusado que declarará al principio del juicio es Francisco Barrionuevo, representante de Novasoft.

Sobre este último acusado, la defensa de Pérez-Sauquillo solicitó que se aportara como prueba que fue galardonado con la medalla de Andalucía del año 2004 como mejor empresario, a lo que el abogado de la agencia Idea respondió diciendo que no era necesario porque también en Andalucía se dio el caso de una "conocida folclórica que fue medalla de Andalucía y después fue juzgada y condenada", en alusión a Isabel Pantoja.