Una interventora culpa a Empleo del "uso inadecuado" de las transferencias

Juicio de los ERE

Victoria López asegura que "sabe lo que hizo y estaba bien, y sabe lo que no hicieron los que debieron hacerlo".

"Todos los interventores desconocían cuál es el destino final de las transferencias", sostiene.

Varias defensas han alegado en el juicio de los ERE que la orden del 95 amparaba las ayudas de la Junta.
Una imagen de una de las sesiones del juicio del "procedimiento específico" de los ERE / Efe

La que fuera asesora, adjunta e interventora delegada en la Consejería de Empleo entre los años 2001 y 2008 Victoria López Gutiérrez ha culpado este martes a los responsables de la Consejería del “uso inadecuado” de las transferencias de financiación, al asegurar que fueron muchas las ocasiones y en distintos en los que los interventores de Control Financiero Permanente del IFA/IDEA indicaron que se estaba “haciendo mal” y al órgano gestor “no le importa” y sigue actuando de la misma forma.

La testigo, que se ha mostrado con especial vehemencia a lo largo del interrogatorio, ha respondido de esta manera cuando uno de los abogados defensores le ha expuesto que cómo era posible que “nadie tomara cartas en el asunto” teniendo en cuenta esos avisos reiterados sobre el uso inadecuado de las transferencias de financiación y las reuniones de coordinación que existían con la Intervención General. Victoria López ha contestado lanzando a su vez otra pregunta: “¿Cómo no lo arregla el que lo está haciendo mal?”, ha dicho la interventora, que ha agregado que si se le viene reiterando al gestor que “deje de hacer” lo que está haciendo con las transferencias, se del dice “una y otra vez” y “no le importa” y “hace lo mismo”, no sabe cómo podían actuar.

Como interventora delegada ha afirmado que seguían fiscalizando de conformidad las transferencias de financiación de Empleo al IFA. “Yo sigo haciendo mi trabajo conforme a las normas. Sé lo que hice y estaba bien, y sé lo que no hicieron los que debieron hacerlo”, ha concluido.

Victoria López ha insistido en que ella y “todos los interventores desconocían cuál es el destino final que se estaba dando a las transferencias de financiación”. Así, ha aseverado que “no es cierto, por no decir otra cosa más fuerte, que es falso o mentira” que tuviera conocimiento de que las transferencias iban destinadas al pago de las ayudas sociolaborales y directas a empresas por parte de la agencia IDEA, porque las transferencias son un instrumento para “financiar de manera genérica al ente al que se destinan”, pero no tienen un destino “específico”.

La testigo ha admitido que entre las funciones genéricas de las transferencias pudiera estar el pago de las subvenciones, pero para ello ha afirmado que “tenían que ser actuaciones propias de IDEA”, no un programa de ayudas de la dirección general de Trabajo de la Consejería de Empleo.

También ha dicho que la Intervención no actúa “de manera caprichosa o arbitraria”, sino siguiendo normas. “Jamás me han dado una orden que no vaya refrendada por una norma”, ni tampoco le han ordenado que repare algo o deje de repararlo, ha defendido la testigo, que ha justificado por tanto que para que la intervención delegada no fiscalizara de conformidad esas transferencias al IFA tendrían que haberle dado una “norma que no estuvieran cumpliendo”.

Otro interventor dice que no tenía "ningun conocimiento" de las ayudas

Otro de los interventores delegados en Empleo, Juan Luque Alfonso, que estuvo imputado en la causa de los ERE, ha asegurado que no tuvo "ningún conocimiento" de las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis entre los años 2008 y 2010, periodo investigado que coincide con parte de su trabajo como interventor delegado en Empleo.

El testigo ha señalado que las transferencias de financiación eran objeto de una "fiscalización previa muy simplificada", porque venía avalada por la aprobación de las transferencias que previamente se había hecho en los presupuestos, y ha defendido que esa simplificación se produce porque hay un "mandato presupuestario, de legalidad".

Las transferencias, ha proseguido, tienen un carácter general y vienen definidas en los presupuestos para "operaciones genéricas y sin contraprestación o contrapartida alguna", y así ha apuntado que el interventor delegado "no podía hacer un juicio crítico respecto a que los fondos se iban a utilizar para actos propios de IDEA".

Juan Luque ha añadido que "nunca se planteó como algo especial" el uso inadecuado de las transferencias, que no se abordó en las reuniones de coordinación de la Intervención que se celebraban dos veces al año. También ha negado que conociera los informes de Control Financiero Permanente de la agencia IDEA, algo que, según ha dicho, "no podía saber si existían".

Tampoco conocía el convenio marco de 17 de julio de 2001 por el que se concedieron la ayudas durante una década, y ha concluido diciendo que la actuación de la Intervención durante los años investigados "no salva la responsabilidad de nadie", además de señalar que le extrañó que la Cámara de Cuentas de Andalucía nunca auditara a un ente tan importante como el IFA/IDEA.

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