El ex interventor cree que Alaya quiere "condicionar" al tribunal de los ERE

El ex interventor general de la Junta de Andalucía Manuel Gómez ha presentado una queja al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, al considerar que las recientes declaraciones de la magistrada de la Audiencia de Sevilla Mercedes Alaya en las que criticaba las injerencias del Poder Judicial y a sus compañeros, pretenden "condicionar" al tribunal que actualmente le juzga a él y a otros ex altos cargos por el denominado "procedimiento específico" de los ERE.

En la carta, a la que ha tenido acceso Juzgado de Guardia, el ex interventor general de la Junta se muestra "ofendido y perjudicado" por las declaraciones de la juez Alaya, y apunta que esta manifestaciones tendrían como objetivo, a su juicio, "bien directamente, bien a través de la creación de un estado de opinión en la sociedad, condicionar al tribunal sentenciador y a las acusaciones, incluida la acusación de la Junta de Andalucía, en la búsqueda de una condena penal en una causa por ella instruida, mediante una sentencia condenatoria severa y la determinación de exacerbadas responsabilidades pecuniarias contra los acusados".

De la misma forma, prosigue Gómez, algunas de las críticas suponen una "censura a las autoridades de la Junta de Andalucía por su actos, invocando la condición de juez, o sirviéndose de esta condición por parte de la manifestante".

El ex alto cargo también se refiere a los comentarios que hizo Alaya en tono jocoso al afirmar que la única reforma que se había hecho en la Audiencia eran unos nuevos baños para que los imputados de los ERE hicieran sus necesidades, algo que Manuel Gómez considera una "falta de respeto y consideración hacia las personas aludidas, a las que se les atribuye un trato de favor inexistente", dado que estos nuevos aseos son para uso exclusivo de jueces y funcionarios de Justicia, teniendo que bajar los imputados cuatro plantas para acudir a los lavabos públicos.

Manuel Gomez también se refiere a las afirmaciones de Alaya respecto a que la Junta estaría absteniéndose de reclamar la responsabilidad civil de los ex altos cargos -algo que no es cierto si se tienen en cuenta las seis demandas de la Junta que han concluido con seis condenas en el Tribunal de Cuentas por los ERE- y que cuantifica en 850 millones de euros.

Sobre este aspecto, recuerda el interventor que la Junta "se ha reservado expresamente el ejercicio de la acción civil", y en cuanto a la cifra de 850 millones del presunto fraude, destaca que esa cifra "no está determinada" aún porque no se ha dictado sentencia en ningún proceso y además en esa cantidad se incluyen las cantidades "que han percibido y continúan percibiendo pacíficamente miles de beneficiarios, que ni siquiera han sido traídos al proceso como partícipes a título lucrativo".

El interventor concluye afirmando que estas manifestaciones, que tilda de "profundamente erradas y desafortunadas" de Mercedes Alaya, por cuanto "persiguen, notoriamente, socavar el prestigio, la honorabilidad y el respeto que a todos los ciudadanos nos debe merecer una institución como es la Administración de Justicia", y concluye que las mismas podrían ser constitutivas de infracciones disciplinarias, como faltas "muy graves", de acuerdo con los artículos 417 y siguientes de la ley orgánica del Poder Judicial.