Un inspector de la UDEF sostiene que la documentación de Cedes se "formó con posterioridad" al préstamo

Un inspector de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, jefe del grupo de blanqueo de capitales de la Jefatura Superior de Andalucía Occidental, ha sostenido este miércoles en el juicio por los préstamos concedidos por Invercaria a a Cedes Electria que a la conclusión a la que llegaron tras revisar la documentación que había en la sociedad pública de capital riesgo es que dicha documentación "se había formado con posterioridad a la concesión de las ayudas".

En su declaración en el quinto juicio de la macrocausa de Invercaria, en la que se investigan las ayudas de 1.550.000 euros concedida a Cedes Electria, el inspector ha asegurado con respecto a la documentación que el plan de negocios de este proyecto para fomentar las energías renovables "se notaba que contenía datos posteriores a la concesión de la financiación" y en este sentido se ha preguntado cómo en agosto de 2008 se utilizó el plan del promotor si éste era posterior. No obstante, otros testigos que han declarado en sesiones anteriores del juicio han negado que se fabricaran los expedientes con posterioridad, como es el caso de la ex presidenta de Invercaria Laura Gómiz.

El inspector también ha asegurado que el proyecto "no pasó por los departamentos de Promoción ni de Análisis, ni por el Comité de Inversiones de Invercaria".

El inspector de la UDEF ha afirmado que Invercaria tardó hasta "dos meses" en facilitarles la documentación de una treintena de expedientes de ayudas concedidas y ha criticado que la voluminosa documentación les fue entregada por parte de Invercaria en formato papel, como "una amalgama de legajos sueltos".

El testigo ha destacado asimismo que observaron un "excesivo endeudamiento" de Cedes con sus socios, por lo que investigaron si éstos se estaban "enriqueciendo con fondos públicos", recordando un informe de la firma Deloitte que ponía de manifiesto que el 80% de la deuda era con socios y, en concreto, con nueve empresas.

La Fiscalía Anticorrupción sostiene que “la actividad de Cedes estaba siendo desarrollada a través de las empresas de los propios socios”, quienes “han mantenido el nivel de actividad de sus empresas, no siendo Cedes más que un mero intermediario e instrumento, de tal manera que los fondos públicos invertidos en la misma terminaron en aquellos, y ello al margen de las remuneraciones directas percibidas por los mismos”.

El fiscal considera que los fondos públicos se emplearon en “proyectos de terceros, entre los que destaca el proyecto Electria Wind y Eolincyl”, relata el fiscal, que advierte que Cedes con la única financiación del caudal público andaluz costeó la totalidad de los proyectos Electria Wind y Eolincyl “a cambio de nada, pues nada obtuvo finalmente”.

Un cambio legislativo truncó las expectativas de Cedes

En esta sesión del juicio de Cedes Electria también ha declarado el responsable de la empresa Eolincyl, quien ha afirmado que un cambio legislativo en el año 2012 truncó las expectativas del proyecto de Cedes Electria, que fue considerado como "estratégico" por Invercaria, debido a la novedad que representaba en el campo de las energías renovables, entre las que destacaba el impulso de los aerogeneradores de media potencia.

Este testigo ha afirmado que hasta 2012 la producción de energías renovables recibía una prima del Gobierno pero en ese año se produjo un cambio legislativo, lo que provocó la retirada de esos incentivos, lo que supuso un mazazo para el proyecto que representaba Cedes.