La imputación de la actual gerente del SAS se basa en la ampliación de 9 adjudicaciones de contratos hasta alcanzar los 24 millones

El juez de Instrucción número 13 de Sevilla decidió esta semana investigar a la actual gerente del Servicio Andaluz del Salud (SAS), Valle García, en la causa en la que se investiga el matenimiento de las contrataciones de emergencia cuando ya se había dado por finalizada la pandemia del Covid 19, porque en su condición de directora de este servicio firmó durante el año 2024 los acuerdos para ampliar 9 adjudicaciones a empresas, clínicas y hospitales privados que llegaron a superar hasta los 24 millones de euros, según recoge la ampliación de la querella presentada por el PSOE-A.

El escrito presentado por la acusación popular que ejerce el grupo parlamentario socialista, al que ha tenido acceso este periódico, comienza diciendo que han tenido conocimiento de que el SAS, "lejos de haber cesado la práctica presuntamente corrupta de mantener vivos y no licitar por el procedimiento debido los contratos de emergencia adjudicados a dedo y sin procedimiento, han continuado prorrogando dichos contratos con total impunidad durante el presente año 2024"

En este sentido, la ampliación de la querella recuerda que al día siguiente de hacerse público el escándalo en la prensa, en marzo de 2023, el entonces portavoz del Consejo de Gobierno, Ramón Fernández Pacheco, compareció en la habitual rueda de prensa tras la reunión del Consejo y anunció que Andalucía no prorrogaría más el modelo de contratación de emergencia y que se volvería al sistema ordinario de publicida y concurrencia para las adjudicaciones del SAS.

Sin embargo, prosigue el escrito de la acusación popular, "el Gobierno andaluz, de manera presunta, lejos de obrar conforme a Derecho, continuó despreciando la normativa contractual pública con el grave quebranto a las arcas públicas que ello conlleva y ha continuado ampliando el importe de la contratación de emergencia incluso durante el año 2024". En total, los socialistas citan nueve expedientes de ampliación de la contratación entre los meses de enero y julio de 2024 suscritos por la actual gerente del SAS, en los que ampliaron esos acuerdos que alcanzaron hasta un importe que supera los 24 millones, aunque esto no quiere decir que el importe total fuese adjudicado por la actual responsable, dado que se trataba de ampliaciones o prórrogas de esos contratos. En esos nueve contratos figuran empresas, clinicas y hospitales privados de Dos Hermanas y Sevilla, Huelva, La Línea de la Concepción, Cádiz y Almería.

La comparación con el fraude del Caso Umax

En la ampliación de la querella, que ha llevado al juez a incluir como querellada a Valle García y a sus antecesores Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas, la acusación popular compara este caso con las contrataciones que se hicieron por parte de la Junta de Andalucía con la empresa Umax Informática y Consultoría, que acabó con una sentencia que condenó por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos a varias personas, entre ellos los ex directores generales de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero -ya fallecido- y Juan Márquez, por haber realizado estas contrataciones prescindiendo “total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido”.

La acusación popular considera que hay un "enorme paralelismo" entre el caso Umax y las contrataciones de emergencia del SAS, con el "presunto fraude que constituye contratar servicios sanitarios con incumplimiento absoluto de las normas sobre gestión y control, y a mayor precio al que se hubieran contratado de seguir el procedimiento administrativo debido". La sentencia de Umax apreció malversación en los ex altos cargos mencionados por haber acordado la contratación con esa empresa "a sabiendas del perjuicio que provocaban a las arcas públicas, que no tenía por qué soportar el pago de un beneficio empresarial y unos impuestos por la contratación de personal auxiliar fuera de los cauces legales propios del personal funcionario o laboral".

El escrito concluye señalando que esta doctrina del Tribunal Supremo "no puede ser ignorada ni orillada", por lo que solicita al instructor que la causa de los contratos de emegencia "sea objeto de idéntica o crrespondientemente equiparable perspectiva de tratamiento y celo profesional desplegados con ocasión de casos de prevaricación y malversación acaecidos bajo mandato de anteriores gobiernos andaluces", dado que, continúa, los hechos dneunciados deben recibir "el mismo debido y riguroso tratamiento que los órganos locales de Justicia penal vienen dispensando en casos de esta naturaleza".

La Junta defiende que "no hay nuevos contratos desde mayo de 2023"

Por su parte, desde la Junta de Andalucía han señalado que el expediente de emergencia terminó sus efectos el 17 de mayo de 2023, tras las sucesivas ampliaciones, por lo que "no es cierto que haya nuevos contratos de emergencia desde mayo de 2023. Las adendas no son contratos de emergencia adicionales", han señalado fuentes del Ejecutivo andaluz.

Así, señala que las adendas firmadas en 2024 se refieren a "procedimientos oncológicos realizados por los contratistas dentro de dicho plazo de vigencia, es decir, antes del 17 de mayo de 2023, y estas adendas no suponen ampliación de plazo de vigencia, como erróneamente sostiene el denunciante", han añadido.

Las mismas fuentes destacan que la adendas "tampoco suponen un aumento del gasto sanitario dentro del acuerdo de emergencia. De hecho, los 242 millones de euros de la declaración de emergencia es un importe total previsto del que se hamgastado finalmente 189 millones 

Sobre las adendas, han indicado que dentro del expediente de emergencia -con esa cuantía estimada de 242 millones-, se contrató actividad sanitaria con diversos contratistas y cada uno de esos contratistas ejerció su actividad en uno o en varios centros sanitarios de su propiedad. Cada centro u hospital tenía una asignación de gasto y ese reparto, centro por centro, constaba en el sistema SIGLO de control del SAS.

"Como en algunos centros se atendió a más pacientes de los previstos inicialmente (y en otros menos), con el consiguiente aumento de facturación en ese centro, se hicieron las adendas a los meros efectos de hacerlo constar en el sistema de control SIGLO del SAS, para que la información recogida en los sistemas sea fidedigna".

Pero, prosiguen las citadas fuentes, siempre dentro de los importes globales previstos para el contratistas y las adendas "en ningún caso autorizan un exceso del valor estimado de los contratistas, sino una simple reasignación de importes entre sus hospitales".