La hijastra de la Duquesa Roja reclama al Estado 100.000 euros por los retrasos de la Justicia

La lentitud de la Justicia en España ha llegado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Si en octubre de 2022 el Constitucional avalaba el derecho a un proceso judicial sin dilaciones, ahora la hijastra de la Duquesa Roja acude a Estrasburgo con la intención de solicitar una reparación de 100.000 euros por los retrasos en su procedimiento.

La historia comienza en el año 2013 cuando Rosario Bermudo Muñoz presentó, a través del Bufete Osuna, una demanda de filiación contra los hijos de la Duquesa Roja y Leoncio González de Gregorio. Cuatro años después el juzgado de primera instancia nº 77 de Madrid confirmó que era hija del marido de la duquesa. Esta sentencia fue recurrida y el 25 de febrero de 2022 volvió a ratificar la filiación. Una decisión que volvió a ser recurrida esta vez ante el Supremo, que desestimó el recurso y declaró a Rosario Bermudo como "hija legítima definitiva" de Leoncio González de Gregorio.

Según señala el abogado Fernando Osuna en la demanda presentada ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, "si calculamos el tiempo entre la presentación de la demanda de filiación para reconocer a Rosario Bermudo Muñoz como hija legítima de Leoncio González de Gregorio hasta la presentación de la demanda para pedir su parte legítima de la herencia, vemos que han pasado casi 10 años, no obstante, lo más preocupante, es que seguramente el procedimiento de la herencia durará unos 15 años, teniendo en cuenta los plazos regulares de la justicia española. La señora Rosario Bermudo Muñoz tiene actualmente 73 años y tiene una situación económica bastante precaria, además de problemas de salud propios de una persona de su edad".

Estos continuos retrasos son la principal motivación por la que Fernando Osuna solicita que sea condenado el estado español. Unas dilaciones que el letrado califica como "descomunales". Según Osuna "ha habido muchos pronunciamientos en este sentido del TEDH". De este modo, fija la indemnización en 100.000 euros, correspondientes "a daños morales por las dilaciones indebidas y el anormal funcionamiento de la justicia".

Fernando Osuna considera que el procedimiento "ha sido deliberadamente extenso" y considera que Rosario Bermudo ha visto "claramente perjudicado por las dilaciones indebidas y la actuación anormal de la administración de justicia española" la posibilidad de disfrutar de su herencia. Según el letrado, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos "se ha pronunciado anteriormente sobre las dilaciones indebidas de las justicia española". En concreto señala el caso de Menéndez García y Álvarez González contra España, de 15 de marzo de 2016. Entonces se le reconocieron a ambos ciudadanos unas dilaciones indebidas que no fueron admitidas ni por la Audiencia Provincial de Asturias, ni por el Tribunal Supremo, ni tampoco por el Tribunal Constitucional, al considerar este último que los recursos de amparo no tenían relevancia constitucional. Aquel procedimiento duró casi ocho años en su camino por los diferentes órganos españoles

Añade Osuna el caso de Ruiz Villar-Ruiz contra España, cuando en diciembre de 2016 el TEDH condenó al Estado español a indemnizar con 10.000 euros por los daños morales y 2.904 euros por las costas del procedimiento también por dilaciones indebidas. Por último, en el caso de Bendaya Azcantot y Benalal Bendayan de 2009, España tuvo que indemnizar con 8.000 euros a cada uno de los demandantes por la misma cuestión.