El hermano del ex directivo de Vitalia imputado en los ERE, entre los contratados por Umax

Un hermano del ex directivo de Vitalia imputado en el caso de lo ERE Antonio Albarracín ha negado este martes en el juicio por los "contratos fantasma" de Umax que éste tuviera alguna intervención para que fuese contratado en la delegación provincial de Empleo en Almería, sino que fue elegido tras entregar su curriculum y ha asegurado que incluso le dejaron a deber la última nómina.

José Albarracín, hermano del ex directivo de Vitalia Antonio Albarracín, ha comparecido en la vista oral como testigo, a través de una videoconferencia, donde ha asegurado que no sabía a qué se dedicaba la empresa Umax y ha explicado que entró a trabajar en la delegación provincial de Empleo en Almería porque, como abogado, asistía a actos de conciliación laboral y allí le comentaron que "hacía falta gente" que tuviera conocimiento de estos asuntos, por lo que "dejó su curriculum" y unos siete meses después lo llamaron para trabajar, a principios de 2006.

José Albarracín ha afirmado que "en ningún momento intervino su hermano para que lo contrataran a él", a pesar de que el ex directivo de Vitalia tenía contactos con el entonces director general de Trabajo Javier Guerrero con motivo de la tramitación de los ERE. José Albarracín ha dicho que no conoce a Javier Guerrero y que, en su opinión, tampoco intervino en su contratación.

El testigo ha dicho que le enviaron el contrato por mensajería, con la fecha en la que se tenía que incorporar, y ha afirmado que le dejaron a deber "la última nómina". También ha señalado que, tras su paso por la delegación provincial, estuvo trabajando un año y medio en la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), donde tampoco le pagaron alguna nómina, ha afirmado.

Los "contratos verbales" de Umax

En la sesión de este martes también ha declarado el que fuera interventor delegado en la consejería de Empleo Juan Luque Alfonso, quien ha dicho sobre las facturas presentadas por Umax para reclamar una deuda de 1,5 millones de euros de la Junta con su empresa que "no están conformadas" y por lo tanto no crean una obligación porque les falta el requisito imprescindible de la conformidad.

Este testigo ha destacado que "no sería válido un contrato verbal por estas cuantías" porque, según ha dicho los contratos menores no pueden prolongarse durante más de un año y ahora se exige a los contratos menos una declaración responsable de que no ha habido contratos anteriores con ese mismo empresario, en el mismo año y por el mismo objeto del servicio.

Así, ha concluido que si esa factura hubiese sido presentada a la intervención la habrían rechazado, porque no puede existir esa factura si no hay previamente "un documento contable" y un crédito previsto para el pago, y en este sentido ha dicho que lo que no está en el sistema contable de la Junta, denominado Júpiter, "no existe contablemente, no se ha pagado con el presupuesto público".

El jefe de servicio de la consejería de Economía Francisco Javier Maraver, que hizo dos informes relacionados con los contratos de Umax, ha explicado que fueron hasta 44 las personas que trabajaron en la dirección general de Trabajo y en las delegaciones provinciales que hacía "funciones como cualquier otra persona que estuviera allí, para lo que se le encargara" en las mismas condiciones que un funcionario.

La contratación es "nula"

Este testigo ha dicho que las empresas a las que se invitaba a estos contratos menores eran siempre las mismas y estaban "relacionadas entre sí", y ha aseverado que la contratación verbal "es nula, sólo cabe en caso de emergencia" y la nulidad deriva de la "ausencia de procedimiento legalmente establecido" para la contratación.

Así, ha indicado que en aquella época en los contratos que excedieran de los 30.000 euros era necesario "un procedimiento de licitación que se llama procedimiento abierto".

El testigo también ha dicho que algunos pagos relacionados con estos contratos se hicieron por parte de la Faffe y el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), y ha agregado que la ley de la función pública es la que prevé cómo se provee de personal a las administraciones públicas.