El guardia civil corrupto condenado a casi nueve años rechazó un acuerdo por el que sólo le habrían caído algo más de dos

La Audiencia de Sevilla notificó este lunes la sentencia que condena al teniente de la Guardia Civil Raúl P.M. a ocho años y diez meses de cárcel por aceptar dinero de narcotraficantes a cambio de información, sobornar a un compañero que resultó ser un agente encubierto e intentar sustraer droga que estaba custodiada en su mismo lugar de trabajo, la Comandancia de Montequinto. Cuando acabó el juicio y los acusados ejercieron su derecho a la última palabra, el acusado dio las gracias a su abogada por cómo lo había representado. La magistrada le avisó de que la última palabra no tenía nada que ver con el turno de agradecimientos, pero ahí quedó el mensaje. Ahora, una vez que ya hay sentencia, habrá que preguntarse si el agente mantiene esa misma opinión y si no se arrepiente de lo que ocurrió en mayo de 2023, cuando se iba a celebrar el juicio y justo el día antes renunció a su anterior abogado. Lo hizo porque el teniente rechazó el acuerdo que el letrado había alcanzado con la Fiscalía. Ese pacto pasaba por reducir la condena a sólo dos años y unos meses de prisión. No le dio el visto bueno por dos razones: una, que se proclamaba inocente; y otra, que la pena incluía su inhabilitación como guardia civil.

La jugada no le ha salido nada bien al guardia civil. Tras la retirada de su primer letrado, Raúl P.M. contrató a la madrileña Ana Hidalgo, que se presentó en la Audiencia desvelando ese acuerdo fallido, presumiendo de que nunca había perdido un juicio con jurado popular y asegurando que su cliente era “un chivo expiatorio de una historia más grande que ha intentado taparse”. “Él sabe determinadas cosas que pasan en Sevilla, pero le he dicho que no entre en eso. Gente de aquí me ha dicho que vamos al matadero, que está todo hablado”, añadió. Ese comentario le valió una reprimenda de la magistrada-presidenta del Tribunal del Jurado: “Perdone usted, aquí no hay nada acordado. Le ruego que no diga eso. Parece que hubiera un contubernio...”, le dijo.

Cuando ocurrió todo esto, la Fiscalía pedía para su representado un total de catorce años y cuatro meses de cárcel y una multa de tres millones de euros. Durante el juicio, sin embargo, redujo sus pretensiones y acabó reclamando doce años. La pena final, a falta del previsible recurso, ha sido de ocho años y diez meses y una multa de 1,5 millones.