El abogado del guardia civil acusado de colaborar con narcotraficantes renuncia a su defensa y el juicio se suspende

El juicio contra un teniente de la Guardia Civil acusado de colaborar con narcotraficantes, que se iba a desarrollar a partir del próximo lunes 8 de mayo en la Audiencia de Sevilla, se ha suspendido después de que el abogado del principal investigado haya renunciado a su defensa el día antes de que se constituyera el jurado popular que iba a juzgar este caso. El agente, que dirigía la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic) con base en la Comandancia de Montequinto, supuestamente facilitó información sobre operativos antidroga e incluso organizó el robo de casi una treintena de fardos de hachís que estaban custodiados en el cuartel. Así al menos lo asegura la Fiscalía, que en total pide que sea condenado a catorce años y cuatro meses de cárcel y al pago de una multa de tres millones de euros.

Raúl P.M., que llegó a estar quince meses en prisión preventiva, había contratado como representante legal al abogado de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil. Este letrado, procedente de Madrid, comunicó su renuncia a la Oficina del Jurado de la Audiencia de Sevilla el jueves por la tarde y este viernes ha estado en la propia sede para tratar el asunto en persona con el letrado de la Administración de Justicia (LAJ). El funcionario que coordina la Oficina tiene previsto conversar con el acusado a lo largo del día. En principio, su ya antiguo defensor le planteó la posibilidad de alcanzar un acuerdo de conformidad, por el que se declararía culpable, y él no dio el visto bueno.

A falta de conocer cuándo tendrá R.P.M. un nuevo abogado, la celebración del juicio en las fechas que estaba previsto es inviable, entre otras razones porque comenzarlo con el letrado que ha renunciado comportaría que la vista pudiese declararse nula. De hecho, este viernes se habían personado en la Audiencia los candidatos preseleccionados para formar parte del jurado, pero su constitución se ha descartado en vista de lo ocurrido. La Oficina del Jurado deberá señalar ahora una nueva fecha para el juicio. Como es de esperar que el nuevo abogado del teniente solicite un plazo razonable para estudiar el asunto, no se descarta que ya ni siquiera se celebre en 2023. Es más, hay muchas posibilidades de que el magistrado que lo dirija sea otro distinto al designado actualmente, ya que este es Javier González, presidente de la Sección Séptima, y ya ha anunciado su inminente jubilación voluntaria.

Según el cronograma inicial de la vista oral, el 5 de mayo se habría constituido el jurado popular, el día 8 habrían sido las alegaciones previas y la declaración de los tres acusados y entre el 9 y el 11 habrían comparecido los testigos y los peritos.

La Usecic es un grupo operativo que se desplaza por toda la provincia en función de las necesidades del servicio y refuerza las dotaciones de cada localidad en caso de eventos como ferias o grandes concentraciones de personas o si hay algún incidente o suceso que requiera de una mayor dotación de agentes. Es también la unidad que monta la mayoría de controles en las carreteras de la provincia.

En su escrito de conclusiones provisionales, según informó la oficina de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el Ministerio Público reclama para R.P.M. ocho años de prisión, una multa de 5.400 euros y catorce años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito continuado de cohecho; cuatro años de cárcel y una multa de tres millones por un delito de tráfico de drogas; dos años de reclusión por un delito de hurto; cuatro meses por otro delito de hurto en grado de tentativa; y el pago de una multa de 2.880 euros y tres años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de revelación de secretos.

La petición para un segundo acusado que actuaba de intermediario entre el guardia civil y los narcos, J.M.C.C., es de cuatro años de cárcel y una multa de 3.240 euros por cohecho; otros cuatro años y multa de tres millones de euros por tráfico de drogas; dos años por hurto; y cuatro meses por tentativa de hurto. El tercer investigado, R.O.C., se enfrenta a una solicitud de cuatro años de prisión y multa de tres millones de euros por el tráfico de drogas; a dos años por el hurto; y a cuatro meses por la tentativa de hurto.

El Ministerio Público relata en su escrito de acusación que, como consecuencia de investigaciones policiales iniciadas en febrero de 2019, se tuvo conocimiento de que el oficial acusado “colaboraba con diversas personas que se dedicaban al tráfico de drogas". En concreto les facilitaba la información policial que le pedían, "consistente fundamentalmente en consultas en las bases de datos policiales de personas y vehículos relacionados con operaciones de tráfico de drogas”. El teniente supuestamente accedía a la información de las bases de datos policiales, algo que no se entraba "dentro de sus funciones", y a continuación revelaba esa información "a cambio de prestaciones económicas”.

Con el mismo fin de “colaborar" con los narcos, el agente “se servía” del segundo acusado, quien “tenía contacto directo con las personas que se dedicaban al tráfico de drogas y era el intermediario" entre ellos y el guardia civil. Este encausado también percibía "cantidades dinerarias" por esa actividad y “facilitaba los datos requeridos” para que el agente “realizara las búsquedas en las bases de datos policiales”. Entre ambos, además, constituyeron un “blindaje” para "garantizar la seguridad de las operaciones relacionadas con el tráfico de drogas". Ese mecanismo consistía en enterarse de "si cualquier unidad policial pudiera estar investigando estas actividades" e informar a los narcos, siempre a cambio de una compensación económica.

El agente acusado también “intentó atraer” a un guardia civil encubierto, un funcionario de la Policía Judicial que había sido autorizado judicialmente para infiltrarse. El teniente se dirigió a él para que “colaborara de forma activa, fundamentalmente coordinando policialmente en las bases de datos” de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado “a personas y entidades en el marco de alguna investigación policial". El objetivo era "saber si estaban siendo investigadas en relación con actividades por tráfico de drogas”. ¿Por qué recurrió a ese compañero? Porque Raúl P.M. “carecía de acceso a esas bases de datos y necesitaba la colaboración del agente encubierto, que sí tenía acceso a ellas”.

El frustrado hurto de 100.000 euros

Según el Ministerio Público, el guardia civil investigado solicitó al agente encubierto “la grabación en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) de las personas físicas, personas jurídicas y vehículos vinculados a las operativas de actividades de tráfico de drogas para conseguir un plus de seguridad y garantizar el éxito de la actividad y también conocer si alguna unidad policial los estuviera investigando”.

El fiscal también se detiene en lo ocurrido el 14 de junio de 2020, cuando el guardia civil acusado supo de la existencia de un vehículo intervenido en la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla que contenía 100.000 euros ocultos en una “caleta” de su interior. El 21 de junio, los tres investigados y el agente encubierto se dirigieron a ese coche “para apoderarse" del dinero, pero "no lo pudieron lograr porque, tras rebuscar en su interior, no encontraron" nada.

El agente acusado, “con la idea de realizar cualquier actividad relacionada con el tráfico de drogas para conseguir dinero", también "organizó una operativa para apoderarse de fardos de hachís" y sustituirlos por "otros fardos de aspecto similar" con "una sustancia inocua” en su interior. En la noche del 7 de agosto de 2020, los tres acusados y el agente encubierto se dirigieron al contenedor de la Comandancia de la Guardia Civil donde se guarda la droga intervenida en operaciones policiales. Como sabían que allí "había una cantidad importante de hachís intervenido", cargaron 29 fardos en una furgoneta y en su lugar dejaron otros 16 fardos "de aspecto similar" pero llenos de "arena" para que así no hubiese sospechas de que se habían apoderado de la droga.

La furgoneta fue interceptada por la Guardia Civil cuando abandonaba la Comandancia con J.M.C.C. y R.O.C. a bordo. El teniente, por su parte, estaba abandonando la instalación en un vehículo oficial. El valor de la droga ascendía a 1.525.459,13 euros y “estaba destinada a ser vendida a terceras personas”.