Piden que se anule la lista de funcionarios de reserva para Justicia

Un opositor ha pedido a la Junta de Andalucía que anule de oficio la lista de reserva para interinos de Justicia en los cuerpos de Gestión Procesal y Tramitación Procesal, que se elabora con candidatos que no sacaron plaza en la última oposición. Argumenta que se ha incorporado como causa de exclusión “no haber superado los dos primeros ejercicios”, cuando la convocatoria preveía conformar esos listados “con aquellas personas candidatas que hubieran superado alguno de los ejercicios de la última oferta de empleo público”.

Esa lista de reserva se elabora al estar las bolsas de interinos de Justicia, que datan de 2016, casi agotadas y no haberse resuelto aún la convocatoria de nueva bolsa.

Una resolución del pasado 20 de noviembre de la dirección general de la Oficina Judicial y Fiscal de la Junta aprobó las listas definitivas de reserva de los cuerpos de Gestión Procesal y Tramitación Procesal correspondientes a la oferta de empleo público 2017-18, pero excluyó a quienes no hubiesen superado “los dos primeros ejercicios de las pruebas selectivas”.

Alega el recurrente que la resolución de 27 de enero de 2016 de la Oficina Judicial y Fiscal, que publicó el texto consolidado de una Orden de marzo de 2015 sobre selección de personal funcionario interino de Justicia, así como otra resolución de 22 de octubre de 2020 para la entrada en funcionamiento de esa lista de reserva “establecen con total rotundidad” que el listado “se conformará con aquellas personas candidatas que hubieran superado alguno de los ejercicios de la última oferta de empleo público”.

Introducir ahora como causa de exclusión no haber superado los dos primeros ejercicios “contradice frontalmente lo dispuesto en la normativa aplicable, que solo exige para formar parte del listado de reserva la superación de alguno de los ejercicios”, dice en su escrito a la Junta registrado el pasado 4 de diciembre.

Según el opositor “hay vicio de nulidad de pleno derecho”, se incumple el procedimiento legalmente establecido y se lesiona el derecho constitucional a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos señalados en las leyes.

En concreto, pide a la Junta que declare de oficio la nulidad de esa resolución del 20 de noviembre porque vulneraría el artículo 9 de la Constitución que garantiza el principio de legalidad y la jerarquía normativa, así como el artículo 1-2º del Código Civil que dispone que “carecerán de validez las disposiciones que contradigan otra de rango superior”.