Un disparo fortuito en una venta fallida de marihuana mató a la víctima del crimen de La Puebla de Cazalla, según las defensas

La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha comenzado el juicio con jurado popular por la muerte de Manuel S. G., un hombre de 50 años que murió en el centro de Salud de la Puebla de Cazalla después de haber recibido un disparo en una nave del polígono ganadero de la Fuentecilla durante una venta de marihuana. Un asunto que, como ha señalado uno de los letrados de la defensa, ninguno de los implicados "son angelitos": en la nave se incautaron 74.246 gramos de marihuana con un valor total de 120.286,34 euros.

Los abogados de cuatro de los acusados han incidido durante sus alegatos iniciales en las características del mundo del tráfico de droga y en la juventud de los presuntos asesinos, que entonces tenían entre 18 y 26 años. "Nadie es tan ingenuo en este mundo como para quedarse solo en una compraventa de este tipo", afirmaba a los miembros del jurado la letrada de Marcos T. Asimismo, recordó que la víctima era un "conocido narcotraficante que tenía antecedentes por tráfico de drogas"

Una tesis que comparten otros dos compañeros, que añadieron durante sus alegaciones ante el tribunal del jurado, que ninguno de los acusados tenía otro plan que no fuera comprar la marihuana a la víctima y que Manuel G. S. "podría haber disparado porque tenía restos de pólvora en las manos". Uno de ellos, inclusó planteó una pregunta: "¿Hubo robo de marihuana o los tres acusados de asesinato fueron víctimas de una emboscada?". Según esta teoría de la defensa, los procesados fueron desde Málaga hasta La Puebla de Cazalla para comprar la marihuana y al llegar, la víctima les pidió 20.000 euros. Cuando al día siguiente volvieron a por la droga, les exigieron la misma cantidad "y se dieron cuenta de que no iban a obtener nada. Discuten y una persona saca un arma y se produce un disparo que ustedes (dirigiéndose a los miembros del jurado) deberán decidir si es intencionado o fortuito".

Un relato que difiere del establecido tanto por las acusación particular como por la fiscal. La representante del Ministerio Público afirmó que la muerte de Manuel G. S. fue "un asesinato precedido por un vuelco, un robo durante una venta de droga" y recordó que el asesinato " es un crimen que no se puede permitir aunque sea con un transfondo como este". Para la representante del ministerio público, los hechos no son ni un ajuste de cuentas ni un mal negocio. Tenían planeado matar a Manuel y quedarse con la droga". La acusación particular fue más allá: "el plan era aislar a la vítima para matarlo y robarle".

Acusados "por contagio"

De los siete acusados, hay tres cuya participación en los hechos fue, en cierto modo, menor. Uno de ellos es el primo de la víctima, Rafael S. S., que según explicó su abogado, "ya ha tenido la máxima condena al ver cómo Manuel moría en sus manos". El letrado recordó que Rafael, que se enfrenta a 1 año y 9 meses de prisión y una multa de 400.000 euros por un delito contra la salud pública, desde el primer momento colaboró con la investigación confesando e identificando a los que participaron en los hechos.

Una situación diferente es la de Nicanor A. T., que según su abogado se enfrenta a 24 años de cárcel "por acompañar a su amigo José Antonio para cobrar una supuesta deuda en Sevilla". Según la defensa, ejercida por Manuel Castaño, mientras ocurrían los hechos, estaba en una bar a dos kilómetros de la nave. "No se puede condenar por asesinato por contagio o por ser amigo de un acusado de asesinato. De lo que único que podría ser responsable es de encubrimiento, que es lo que va a reconocer".

En este sentido, la defensa de Joaquín T. V., acusado de encubrimiento por la fiscal y de asesinato por la acusación particular manifestó que su representado "no supo nunca lo que sucedió o iba a suceder en Sevilla y nunca estuvo en el lugar de los hechos. Está aquí por ser el hermano de Marcos (uno de los acusados de asesinato)".

Respecto al supuesto intermediario de esta operación de venta de marihuana que terminó con una muerte, José Antonio C. R., su letrado afirmó que su defendido "no era el cabecilla de ninguna operación, a lo sumo, es culpable de un delito de tráfico de droga. Además es absurdo que se le acuse de matar a Manuel G. S. cuando este hombre le hacía ganar dinero".