La fiscalización de los contratos públicos como salvaguarda de los recursos económicos

La presidenta del Tribunal de Cuentas, María José de la Fuente, ha inaugurado esta mañana en Sevilla el curso “El Tribunal de Cuentas: experiencia práctica y análisis de la nueva Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público”, en el que ha destacado la relevancia de la actividad contractual de las entidades públicas para la satisfacción del interés general, la prestación de los servicios y la realización de los fines que les son propios, tratándose de un área de la actividad pública en la que se gestiona un importante volumen de recursos a la que presta especial atención el Tribunal de Cuentas en el ejercicio de su función.

En este contexto, la presidenta ha señalado que “la fiscalización sistemática de la contratación, considerada esta como uno de los principales ámbitos de riesgo en la gestión, constituye una medida que incluye nuestro Plan Estratégico 2018-2021, para contribuir al buen gobierno y a la mejora de la actividad económico-financiera pública”. Asimismo, ha explicado que “es habitual que, en los Programas Anuales de Fiscalización, se incorpore un alto porcentaje de fiscalizaciones que incluyen en su ámbito objetivo la verificación de la contratación pública. Concretamente, en el correspondiente a 2019, las fiscalizaciones que la abordan, de uno u otro modo, alcanzan más del 50%”.

En otro momento de su intervención, la presidenta ha hecho referencia a la apuesta del Tribunal de Cuentas por la utilización de las Tecnologías de la Información al servicio del ejercicio del control, mediante el uso de Plataformas y aplicaciones informáticas que agilizan y refuerzan los procedimientos fiscalizadores de la contratación de las entidades del sector público, ámbito en el que se promueve la celebración con los órganos de control externo de las comunidades autónomas.

Por otra parte, María José de la Fuente se refirió a las propuestas de mejora que el Tribunal de Cuentas realiza en sus informes de fiscalización; y, en este sentido, recordó algunas de las recomendaciones que están encaminadas a dotar de más transparencia, eficiencia y justificación a la contratación pública. Añadió que, en ellas, “se demandan informes que avalen razonadamente los importes presupuestados y la sostenibilidad de lo contratado; así como un mayor rigor en las fases de planificación, preparación y tramitación de los expedientes de contratación, evitando así incidencias en la fase de ejecución”.

También ha indicado que en los Informes de fiscalización se insta a la incorporación de criterios medioambientales y de igualdad de género en los pliegos de los contratos; así como a que se ejerza una vigilancia y control más estrictos en su ejecución.

Por último, la Presidenta ha destacado "la labor que desarrolla el Tribunal de Cuentas en relación con las posibles responsabilidades de distinta naturaleza que puedan resultar de los informes de fiscalización; entre ellas, las contables, que se dilucidan por la Sección de Enjuiciamiento del propio Tribunal de Cuentas".

Tras la sesión de inauguración, han comenzado las sesiones de esta primera jornada del curso en la que se hablará sobre los efectos resultantes de la aplicación de la Ley de Contratos de 2017, tras año y medio de vigencia, y la experiencia de su aplicación en el ámbito de actuación del Tribunal -tanto en su vertiente fiscalizadora como de enjuiciamiento-. Esta primera jornada contará con, entre otros ponentes: José Manuel Suárez Robledano y Miguel Ángel Torres Morato, Presidente de la Sección de Enjuiciamiento y Fiscal-Jefe del Tribunal de Cuentas, respectivamente.