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La Fiscalía de Sevilla alerta del problema medioambiental que genera la basura electrónica tras una nueva condena

Medio ambiente

Un empresario acaba de ser condenado a una multa y tres meses de inhabilitación tras intentar llevar residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) a Pakistán

Condenados por almacenar toneladas de residuos contaminantes en Sevilla y llevarlos a Nigeria sin ninguna seguridad

Mercancía intervenida a una red que exportaba residuos tóxicos a África desde Sevilla. / M.G.

La Fiscalía de Medio Ambiente de Sevilla ha advertido este martes de la problemática medioambiental que rodea la gestión de la basura electrónica tras una nueva condena por el envío de residuos de aparatos sin tratamiento alguno a países donde los controles son mucho menores que en España, como Pakistán o Nigeria, generalmente a través de los puertos de Algeciras o Valencia. Esta actividad relacionada con los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) se ha convertido en una vía para conseguir grandes beneficios al margen de la ley por parte de sociedades supuestamente dedicadas a la gestión de esa basura electrónica, según el Ministerio Público.

El aviso de la Fiscalía se produce después de que el Juzgado de lo Penal 11 de Sevilla haya condenado a un empresario a una multa de 2.160 euros y a tres meses de inhabilitación para el transporte de residuos de aparatos electrónicos y eléctricos por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente.

La sentencia, que es firme al ser fruto de una conformidad entre las partes, declara probado que el 15 de julio de 2020, a través de las empresas de las que es administrador único, el acusado llevó a cabo una operación no autorizada de exportación de RAEE con destino a Pakistán. En concreto utilizó dos contenedores para transportar 2.778 compresores o motores de frigoríficos "sin descontaminar" con un peso total de 25 toneladas, todo ello "de forma clandestina". Así, en los documentos de exportación hizo contar que se trataba de chatarra de metal refundible, pero todo lo hizo sin solicitar autorización preceptiva ni acompañar la documentación necesaria para ello, con lo que incumplió el reglamento de la Unión Europea.

Los remolques en que iban los contenedores fueron interceptados por la Guardia Civil, uno cuando aún no había salido de un polígono industrial y el otro cuando ya había partido hacia el puerto de Algeciras.

La sentencia recuerda que "las emisiones de gases que podrían producirse por la falta de tratamiento adecuado de tales residuos tendrían capacidad para destruir ozono estratosférico" que a su vez "podrían producir daños sobre el ecosistema".

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