La Fiscalía pide ocho años de inhabilitación por corrupción para Domingo Salado (PP), antiguo alcalde de Espartinas

La Fiscalía de Sevilla pide ocho años de inhabilitación para quien durante catorce años (2003-2017) fue alcalde de Espartinas por el PP, Domingo Salado, que en principio será juzgado los próximos 10 y 11 de julio junto al otrora gerente de la sociedad municipal Espartinas Desarrollo Local Juan Antonio Torrecillas y su esposa. El trasfondo del caso es la serie de adjudicaciones que el Ayuntamiento hizo a una sociedad administrada precisamente por la esposa del segundo acusado. Para ella y su marido, el Ministerio Público solicita cuatro años de prisión por tráfico de influencias y falsificación de documentos.

Salado accedió a la alcaldía tras el fallecimiento de Regla Jiménez y en 2018, cuando el PP designó a Elena Romero como candidata, abandonó las filas de la formación y pasó a encabezar un partido independiente. En 2023, sin embargo, hizo las paces con los populares y firmó un acuerdo para apoyar a la que ahora mismo es portavoz municipal.

Torrecillas, por su parte, era gerente de las empresas municipales Espartinas Desarrollo Local SA y Espartinas Global SA y junto a su mujer constituyó la empresa Da Francesca Ruggiero, cuyo objeto social era la explotación de establecimientos de hostelería.

Según recoge la Fiscalía en su escrito de acusación, los hechos ocurrieron desde finales de febrero de 2011, cuando el pleno del Ayuntamiento aprobó el expediente de contratación y los pliegos de la licitación para encargar a una empresa externa la concesión privativa de la explotación del restaurante ubicado en el Parque del Sol. En marzo, apenas una semana después, la esposa de Torrecillas creó la sociedad Da Fra Espartinas, también dedicada a la explotación de negocios hosteleros.

En agosto de 2011, el Ayuntamiento adjudicó a esa empresa la explotación del restaurante con la obligación de abonar un canon anual de 28.000 euros. Y entonces los tres investigados, presuntamente, "con la intención de obtener un mayor rendimiento económico" del restaurante, "idearon que el mantenimiento del parque fuera adjudicado" también a Da Fra, a pesar de que esa tarea estaba ya encomendada a Espartinas Global, igualmente gestionada por Torrecillas. En virtud de esa operación, el Consistorio pagaría a Da Fra por el mantenimiento del Parque del Sol "un precio muy similar al canon" que debía abonar, es decir, los 28.000 euros.

En febrero de 2012, prosigue la Fiscalía, Salado aprobó el expediente de contratación de los servicios de mantenimiento del Parque del Sol e invitó a la licitación a Da Fra y a otras dos empresas. El Ministerio Público, de todas formas, cree que el papel de esas dos sociedades era "meramente aparente" y que no tenían "intención real" de optar al contrato, sólo "dar apariencia de legalidad" al concurso. Incluso defiende que fueron Torrecillas y su mujer quienes elaboraron la documentación correspondiente a una de esas empresas "fingiendo e imitando las firmas" de sus verdaderos responsables, de ahí la acusación por falsedad documental

Como era de esperar, sólo Da Fra presentó una oferta para hacerse con el contrato y lo consiguió, a pesar de que el secretario general del Ayuntamiento informó al alcalde de que la propuesta de esa empresa incurría en "deficiencias relativas al aval", con lo que "debía entenderse que Da Fra había retirado su oferta y procedía invitar a nuevas empresas".

No fue el único reparo del secretario, que semanas más tarde volvió a informar en contra de la documentación presentada por Da Fra para subsanar esas "deficiencias" y reiteró que "lo que procedía era no adjudicar el contrato e invitar a otras empresas".

A pesar de esa importante pega, el alcalde ordenó continuar con el expediente de adjudicación y el 17 de abril de 2012 dictó un decreto en el que formalizó la adjudicación del contrato de mantenimiento del parque en favor de Da Fra con un coste de 27.140 euros anuales, una cifra que "se diferenciaba muy poco del canon" por explotar el restaurante.

Para más inri, en mayo de 2014 la interventora del Ayuntamiento reflejó en un informe que Da Fra "no había cumplido" ni siquiera con el pago deese canon. De nuevo a pesar de esa inconveniencia, Salado autorizó en julio la prórroga del contrato adjudicado a Da Fra para el mantenimiento del parque. También obvió un nuevo informe de la interventora en el que aseguraba que la esposa de Torrecillas había pedido la prórroga fuera de plazo.

"Todas estas resoluciones destinadas al enriquecimiento y beneficio" de Torrecillas y su esposa, según la Fiscalía, se debieron a "su cercanía personal con el alcalde".