La Fiscalía defiende la instrucción de la mina de Aznalcóllar pero recuerda que "primero hay que probar que hubo unos hechos"

El juicio por el concurso que adjudicó la concesión de la mina de Aznalcóllar al grupo Minorbis-México ha continuado este martes en la Audiencia de Sevilla con la respuesta de las acusaciones a las cuestiones previas formuladas en la víspera por las defensas. Entre otras cosas, estas solicitaron la nulidad de los autos de la Sección Séptima, que revocó hasta en dos ocasiones el archivo de la investigación por parte de la magistrada que instruyó el caso, y denunciaron que se habían vulnerado distintos derechos fundamentales de sus clientes. La Fiscalía, que por cierto solicita la absolución de todos los procesados, se ha mostrado sin embargo comprensiva con que la causa no se cerrara y ha sido tajante: "En ninguno de los presupuestos se han vulnerado esos derechos", ha dicho su representante, que como curiosidad ha cerrado su alocución diciéndoles a las defensas que tenían una "visión pesimista de los hechos". "¿Qué hechos? Primero hay que probar que ha habido hechos", ha avisado. Y su teoría es que no los hubo.

Lo primero que ha hecho la fiscal es dejar claro que no existió "flagrante violación" ni vulneración alguna de ningún derecho fundamental, "y menos de una forma tal que pasara desapercibida para la instructora y para la fiscal" que la antecedió en la investigación.

A partir de ahí, el Ministerio Público ha ido desgranando una a una las supuestas vulneraciones denunciadas por las defensas, empezando por la del derecho a la libertad, basada en la ilegalidad de que sus clientes fuesen detenidos y declarasen con esa condición. La fiscal ha asegurado que las autoridades hicieron su trabajo de forma impecable. "Se puede concebir como un poco rigorista o excesivo. Son personas de vida ordenada, estaban perfectamente localizadas y su conducta fue de colaboración porque dieron todo tipo de explicaciones, pero la Policía se tomó todo el interés del mundo en desentrañar el asunto y la detención no se prolongó más tiempo del necesario", ha respondido.

El segundo asunto fue la intervención de correos electrónicos y llamadas entre los investigados. "La instructora acotó temporal y materialmente los mensajes que se podían investigar y excluyó todo lo demás. Y además sometió a un exhaustivo control todo el proceso de investigación de estos hechos", ha argumentado la fiscal.

El tercero es el derecho a la tutela judicial efectiva. Las defensas critican en este sentido que el caso llegó a juicio porque así lo quiso la magistrada Mercedes Alaya, frente al criterio de su compañera de instrucción. "Mercedes Alaya sólo entendió que había más diligencias que practicar y que había una nueva forma de ver las cosas. La instructora se ve en una tesitura difícil cuando revocan el segundo auto de sobreseimiento, pero entendió que la Sección Séptima quería que toda esa ingente prueba fuese vista por la sala de enjuiciamiento y que no tenía sentido volver al mismo razonamiento [archivar la causa] porque iba a seguir pasando lo mismo", ha reflexionado.