La Fiscalía archiva la investigación del comedor social de la Hermandad de Bellavista pese a ver delito

La Fiscalía de Sevilla ha dado carpetazo a la investigación que abrió en junio pasado por el presunto desvío de alimentos donados por el Banco de Alimentos al comedor social de la Hermandad del Dulce Nombre de Bellavista y que acabaron en una frutería del Cerro del Águila vinculada a un familiar de uno de los miembros de la junta de gobierno de esta hermandad. La decisión del Ministerio Público se produce a pesar de que la propia Fiscalía considera que los hechos son delictivos. "Con ser deplorable e insolidaria esta conducta desde el punto de vista social y ético y aún delictiva, al haberse apropiado en beneficio propio de alimentos que le han sido confiados o donados para nutrir el comedor social y a las personas que acuden a él por necesidad, entendemos que no puede prosperar la denuncia interpuesta", asevera la fiscal en el decreto de archivo de la investigación.

La resolución del Ministerio Público incluye algunos errores e incongruencias, como cuando recoge que parte de los alimentos eran vendidos en una frutería de Bellavista -en realidad, está ubicada en Cerro del Águila- o como cuando limita las presuntas irregularidades a sólo tres días, los que aparecen en un informe realizado por un perito y concluye que el importe defraudado sería inferior a 400 euros, cuando en realidad la cuantía investigada se estaba refiriendo a varios días y los hechos se prolongaron durante más de un año, dado que las prácticas investigadas se remontaban a principios del año 2022, como había reconocido la propia hermandad de Bellavista.

El denunciante, un abogado que tiene clientes que se vieron perjudicados por el cierre del comedor social que gestionaba el Dulce Nombre, relataba en su escrito que en abril de 2022 conoció el desvío de alimentos suministrados por el Banco de Alimentos al comedor social de Bellavista, parte de los cuales fueron llevados a un "negocio particular que nada tiene que ver con dicho comedor social y sí con intereses ilícitos de personas concretas".

Para confirmar estos extremos, se encargó un informe pericial que puso de manifiesto el modus operandi que tanto los "responsables del comedor social como de su junta de gobierno venían utilizando" y que consistía en ir a recoger al Banco de Alimentos las cajas donadas en dos furgonetas que tomaban dos direcciones distintas: una se dirigía a la sede del comedor social y la otra -propiedad del ex hermano mayor y actual diputado de Caridad Diego Centella- a una tienda regentada por el "tío del entonces teniente de hermano mayor Diego Romero". Las cajas que presentaban alguna tara -excedentes de distintas cadenas- acaban en el comedor social y las que estaban en "perfecto estado" iban a un local y acaban siendo puestas a la venta en una tienda de la barriada de Cerro del Águila.

La Fiscalía señala con respecto al informe pericial aportado que la vigilancia de la recogida de frutas por parte de la hermandad en el Banco de Alimentos se efectuó los días 27 de abril 18 de mayo y 8 de junio de 2022, en las que se descargaron unas "15 cajas de frutas y verduras cuyo valor probablemente no supera los 400 euros".

Ayudas con fondos europeos

Recoge asimismo que el Banco de Alimentos se nutre de los excedentes de las empresas de todo tipo y de las campañas de recogida, y "en menor proporción se nutre de las subvenciones y ayudas tanto de Fondos Europeo como del Gobierno español a través de programas de promoción (programa FEAD) y del programa de "Frutas y Verduras (FEGA)", si bien el denunciante sostiene que estas ayudas comunitarias representaban un porcentaje mucho mayor, llegando a casi la mitad de las ayudas.

Durante la investigación, la Fiscalía requirió al Ayuntamiento las actas de inspección con motivo de las visitas que se efectuaron en junio de 2023, pero las mismas sólo se referían al estado de los alimentos que eran llevados al Banco de Alimentos y su aptitud para el consumo humano, dándose la circunstancia de que algunas cajas de frutas y verduras fueron consideradas aptas y otras no, siendo por tanto destruidas. Dice el Ministerio Público que dicha destrucción fue "controlada y llevada finalmente a cabo, a no ser que quiera el denunciante significar que tales alimentos no aptos para el consumo humano son los desviados, extremo éste de difícil prueba, dado que no hay evidencias de ello y dado también su carácter perecedero y el mal estado de los alimentos mencionados en tales actas, lo que los hace de difícil y muy improbable posibilidad de venta a terceros".

En cualquier caso, la Fiscalía concluye que a raíz de las pesquisas desarrolladas en el informe pericial "tan sólo se aprecia un apilamiento de unas cinco cajas, una vez descargadas, de las que existen fotos a lo lejos, que aparecen por tres veces y entendemos que se trata de la misma foto en cada caso", y añade que dada la fecha de los hechos y la cuantía probable de las mercancias sustraídas, "entendemos que los hechos están prescritos".

Por último, considera el Ministerio Público que no cabe imputar un delito de fraude de subvenciones a quien no tiene atribuido el "manejo y gestión de los fondos de tal procedencia, siendo que ningún miembro de la hermandad está habilitado ni legitimado para ello; tan sólo son receptores de parte de los alimentos que dona el Banco de Alimentos, tanto a la hermandad como a cualquier otra institución, como por ejemplo un centro de rehabilitación para adicciones, en el que sería ilógico hacer responsable de este tipo de delito al encargado del comedor que se apropiara de alimentos en su exclusivo provecho, pudiendo tratarse de un paciente cuasi rehabilitado o aventajado en la prosecución de los tratamientos". Así, añade que "no se ha establecido connivencia alguna de ningún miembro del Banco de Alimentos, ni funcionario o autoridad administrativa que estuviese al tanto y hubiese consentido estos desvíos de alimentos".