La Fiscalía Anticorrupción reclama todos los contratos de emergencia de 2021 a 2023 y su justificación

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una auténtica batería de diligencias en la causa abierta por los contratos de Emergencia del SAS, por los que el juez de Instrucción número 13 de Sevilla investiga ya a la actual gerente, Valle García, y a sus dos antecesores en el cargo, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas. El Ministerio Público ha solicitado al instructor -y éste así lo ha acordado- reclamar al SAS para que aporte en el plazo de un mes todos los expedientes tramitados por procedimientos de emergencia por su servicio central entre 2021 y 2023, como la justificación de dicha contratación.

En este sentido, el escrito que firman los fiscales Manuel Fernández Guerra -que también ha intervenido en la investigación y enjuiciamiento del caso de los ERE- y María José Sánchez solicita que se requiera al SAS "cualquier documentación obrante en sus archivos relativos a dichos expedientes (informes jurídicos, consultas a la Intervención, comunicaciones con proveedores, borradores de contratos,...)". También se ha pedido la entrega de cualquier expediente derivado de las contrataciones efectuadas bajo dichos expedientes, "como modificaciones en cuantía y plazo o en cualquier otro elemento de los mismos, justificación de la ejecución del contrato, reclamaciones o quejas derivadas de su objeto".

Y en este sentido, el escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso este periódico, también plantea y así lo ha decidido el instructor en una providencia dictada con fecha de ayer -13 de noviembre-, que se requiera a la Junta de Andalucía para que aporte "todo expediente derivado de los contratos que hayan sido objeto de tramitación para acuerdos del Consejo de Gobierno".

El juez ha solicitado asimismo documentación a la Intervención General de la Junta de Andalucía (IGJA) -relativa a instrucciones o informes sobre la tramitación de expedientes por procedimiento de emergencia-, a la Secretaría de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado y a la Cámara de Cuentas de Andalucía. A la Junta de Andalucía también se ha reclamado que aporte "todo expediente tramitado para la aprobación por el Consejo de Gobierno del acuerdo de 6 de octubre de 2020, por el que se sustituye el control previo de determinados gastos, órganos y servicios por el Control Financiero Permanente".

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado además, al igual que la acusación popular del PSOE-A, que la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) realice un informe pericial cuando llegue la abundante documentación solicitada. "Una vez recibida dicha documentación, examinando su contenido, procederá, en su caso, requerir el auxilio jurisdiccional a la Intervención General del Estado al objeto de elaborar un informe pericial, así como valorar la oportunidad del auxilio de la Policía Judicial en aspectos concretos de la instrucción que permitan una mejor averiguación de los hechos y de las personas presuntamente responsables", concluye el escrito de los fiscales, que plantea repetir el modelo de investigación que se llevó a cabo en la macrocausa de los ERE.

"Decenas de contratos atomizados sin situación de emergencia"

El escrito de la Fiscalía Anticorrupción comienza analizando la querella del PSOE y así señala que tras la declaración de la pandemia del Covid-19, el SAS comenzó a contratar con empresas privadas externas una inmensa mayoría de los procedimientos quirúrgicos y pruebas diagnósticas que debieren prestarse por la sanidad pública, utilizando para ello y al amparo de la crisis sanitaria, el procedimiento excepcional de emergencia regulado en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre (Ley de Contratos del Sector Público). El 20 de enero de 2021, el director gerente del SAS autorizó la contratación de emergencia de servicios de asistencia sanitaria complementaría a usuarios del SAS para estancias médicas por la sobrecarga de la red derivada de la pandemia, por importe de 70.000.645,80 euros en contrataciones de servicios escalonadas, con el tope temporal de hasta el 31 de diciembre de 2021.

Esta contratación fue "tardíamente comunicada" al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, que tomó razón en sesión de fecha 28 de diciembre de 2021, casi un año después del acuerdo. Dicha comunicación realizada al Consejo de Gobierno era presuntamente inveraz por cuanto, a dicha fecha, se habrían contratado para dicho periodo 79.492.764,36 euros, excediendo en nueve millones y medio de euros sin habilitación ni autorización. "Se formalizaron decenas y decenas de contratos atomizados durante el año respecto a los cuales ya no concurría la menor situación de emergencia, y, no obstante, se decidió usar el procedimiento de emergencia en lugar del procedimiento debido que fomentara concurrencia y competencia entre empresas". Este contrato fue objeto de diversas prórrogas entre los años 2021 y 2022 hasta alcanzar el importe de 242.731.935,84 euros.

Recoge la Fiscalía que cada uno de estos acuerdos generales de contratación fueron seguidos de "actos singulares de contratación con empresas concretas a precios presuntamente arbitrarios fijados unilateralmente por la Administración, en cuanto que completamente apartados del precio ordinario reglamentario de partida que para estos servicios estaba vigente en la Orden de 20 de octubre de 1998".

Los concretos contratos celebrados con cada una de las empresas privadas, todos a los mismos precios, sin criterio de selección, "a dedo" y sin dar la menor ocasión a que licitaren varias de empresas para que alguna de ellas ofertare un precio más bajo, se fueron a su vez prorrogando a su vencimiento "sin la menor tramitación de procedimiento alguno, en ocasiones sin habilitación administrativa ni presupuestaria y con pleno conocimiento de que la Dirección General de Contratación de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea había dictado la Instrucción 1/2021 en fecha 18 de Junio de 2021, declarando el fin de la contratación de emergencia por razones de la pandemia de COVID-19".

El Consejo de Gobierno el 14 de marzo de 2023, tras la publicación en prensa de 12 de marzo de 2023 de la sistemática contratación de emergencia, hizo público su inmediata terminación, añade el Ministerio Público, que recuerda que en virtud del acuerdo de 6 de octubre de 2020, del Consejo de Gobierno, se sustituyó el control previo de determinados gastos, órganos y servicios por el Control Financiero Permanente.