La Fiscalía Anticorrupción investiga si los directores del SAS dictaron resoluciones "injustamente contrarias a la legalidad"

La Fiscalía Anticorrupción ha afirmado que la investigación sobre los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) trata de determinar si los directores generales que han sido citados como investigados dictaron resoluciones "injustamente contrarias a la legalidad", puesto que las resoluciones de las que se derivaron esas contrataciones referidas a contratos de servicio con empresas se hicieron "sin presuntamente habilitación legal ni presupuestaria".

Así lo explican los fiscales María José Sánchez y Manuel Fernández Guerra en el escrito presentado en el juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla, en el que responden a un recurso presentado por la defensa del ex director del SAS Diego Vargas -que figura como querellado junto al ex director Miguel Ángel Guzmán y la actual directora, Valle García-, que se había opuesto a la petición realizada a la Cámara de Cuentas para que aportada los "papeles de trabajo y borradores" del informe de Fiscalización del órgano fiscalizador.

Los fiscales consideran que esa información solicitada es pertinente para la investigación que se lleva a cabo sobre los contratos de emergencia y en este sentido recuerdan que en este procedimiento se investigan los contratos de emergencia realizados por el SAS en el periodo comprendido entre 2021 y 2024. En el escrito, al que ha tenido acceso este periódico, la Fiscalía Anticorrupción explica que tras la declaración de pandemia del COVID 19, el SAS comenzó a contratar con empresas privadas externas una "inmensa mayoría de los procedimientos quirúrgicos y pruebas diagnósticas" que debía prestarse por la sanidad pública, utilizando para ello y al amparo de la crisis sanitaria, el procedimiento excepcional de emergencia regulado en el art. 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre Ley de Contratos del Sector Público (LCSP).

El acuerdo de 6 de octubre de 2020 del Consejo de Gobierno, prosigue la Fiscalía, "sustituyó el control previo del gasto público correspondiente a los expedientes de gasto tramitados por el procedimiento de emergencia que hacía la Intervención Central del SAS (Intervención General de la Junta de Andalucía) por el Control Financiero Permanente".

En ese momento se dictó por el entonces director del SAS una primera resolución, de 20 de enero de 2021, que autorizó la contratación de emergencia de servicios de asistencia sanitaria complementaria a usuarios del SAS para estancias médicas por la sobrecarga de la red derivada de la pandemia, por un importe inicial de 70 millones, que sin embargo fue objeto de diversas prórrogas entre los años 2021 y 2022 hasta alcanzar el importe de 242.731.935,84 euros. "A partir de esta resolución se dictaron otras resoluciones posteriores y se suscribieron contratos singulares no justificándose, según señala la Intervención General de la Junta de Andalucía (IGJA), el carácter de emergencia derivada de la COVID-19 de las prestaciones contratadas por los Servicios Centrales del SAS, utilizando de forma inadecuada el procedimiento de emergencia en lugar de otro procedimiento que fomentara concurrencia y competencia entre empresas", advierte el escrito de la Fiscalía Anticorrupción.

El Ministerio Público insiste en que amparadas en esas resoluciones de los directores gerentes del SAS dictadas entre el 20 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2022 "se han derivado actos singulares de contratación de servicios (expediente 110/2021) con empresas concretas sin presuntamente habilitación legal ni presupuestaria". Los fiscales destacas varios contratos (991/2020, 992/2020 y 265/21), así como un expediente referido a contratos de obras (el 2/21), relacionado con la ejecución de las obras del Hospital Militar de Sevilla (ahora denominado hospital Muñoz Cariñanos).

Sobre estas obras, el informe de la Intervención General de la Junta destacaba precisamente que en la memoria de la tramitación de emergencia -de fecha 3 de mayo de 2021- consta una descripción de las obras a realizar, que consistía en la remodelación y reordenación de los espacios así como de las unidades de hospitalización convencional, entre otras. Sin embargo, los interventores afirman que no hay constancia de "cuáles serían las actuaciones estrictamente indispensables para paliar las necesidades más apremiantes, prevenir o remediar los daños derivados de la situación de emergnecia, teniendo en cuenta que nos encontramos en mayo de 2021, con la pandemia muy atemperada y que deberían haberse contratado con arreglo a la tramitación ordinaria".

La investigación abarca contratos de este año

De otro lado, la Fiscalía recuerda que la investigación abarca también al presente año 2024, en la que se investigan varios contratos suscritos en enero y julio con distintos centros médicos y hospitales privados de las provincias de Sevilla, Cádiz y Almería. "Según su tenor literal, estos últimos contratos suscritos en 2024 son contratos adjudicados por resolución de 20 de enero de 2021 (expediente 110/2021) que modifican el presupuesto máximo de los contratos de servicios para la prestación de asistencia sanitaria médica y diangóstica y/o terapéutica para Procedimientos Oncológicos a usuarios del SAS de tramitación de emergencia".

Dicen los fiscales que "tanto el propio contenido del informe de Fiscalización que ya consta, como sus borradores o papeles de trabajo, tiene por objeto investigar unos concretos hechos de apariencia delictiva, esto es, si específicamente la tramitación por el procedimiento de emergencia de los contratos de servicios de procedimientos quirúrgicos y pruebas diagnósticas (expediente 110/21 y concretos actos y contratos derivados entre ellos los contratos 991/20, 992/20, 265/1), así como los que modifican el presupuesto máximo celebrados el 17 de enero de 2024 y 18 de julio de 2024 y el contrato de Obras el expediente n° 2/21 a través de las citadas resoluciones y contratos singulares suscritos por los directores gerentes del SAS han sido injustamente contrarias a la legalidad, y no una revisión general de la contratación efectuada por la Junta de Andalucía", de ahí que concluya que la información solicitada a la Cámara de cuentas "resulta idónea a los fines de la concreta investigación".