La Fiscalía Anticorrupción asume la investigación de los contratos de emergencia del SAS

La Fiscalía Anticorrupción asumirá la denuncia de la investigación abierta por el juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla en relación con la adjudicación de contratos de emergencia por un importe de casi 300 millones de euros (296.343.620,49 euros) que se realizaron mediante el procedimiento excepcional aprobado para la pandemia del Covid y que, según la denuncia del PSOE-A, la Junta de Andalucía continuó utilizando hasta el año 2023, dos años después de su derogación legal, que tuvo lugar en mayo de 2021, utilizando un procedimiento de emergencia "sin publicidad, ni control, ni concurrencia y basándose en una normativa derogada".

Fuentes del Ministerio Público han confirmado a este periódico que la delegación de la Fiscalía Anticorrupción será la que intervendrá en esa causa abierta inicialmente por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos tras la denuncia del PSOE-A. El fiscal jefe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, Alejandro Luzón, autorizó la intervención en esta investigación judicial tras el informe de la Fiscalía hispalense, de acuerdo con una serie de requisitos entre los que se encuentran la cuantía de los contratos que se cuestionan y que la denuncia afecta a la gestión de la Administración autonómica, han precisado las mismas fuentes.

Por su parte, el juez de Instrucción número 13, en el auto de incoación de las diligencias previas, solicitó documentación a la Intervención General de la Junta de Andalucía, a la Intervención Central del Servicio Andaluz y al Tribunal de Cuentas, documentación que ya se está recibiendo en el órgano judicial, según ha informado este miércoles el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que ha confirmado que el PSOE ya está personado en la causa, ejerciendo la acusación popular, tras haber abonado la fianza de 5.000 euros que le requirió el instructor.

En la denuncia se recogen los incumplimientos y salvedades apreciadas en varios informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía en relación con estos contratos de emergencia. En concreto, el informe definitivo de control sobre el cumplimiento de la normativa aplicable en los expedientes de tramitación de emergencia de la Intervención General de la Junta del año 2021 señalaba que desde el año 2020, como consecuencia de la pandemia del Covid-19, el SAS estuvo realizando contrataciones de emergencia con diversas empresas y para diversos tipos de contratos, tanto de suministros, como de servicios y obras. Estas contrataciones se realizaban al amparo del artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), que establece la posibilidad de tramitar contratos de emergencia "cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional".

La Intervención de la Junta aclaraba que, sin embargo, la contratación de emergencia, por su carácter "absolutamente excepcional", ha de limitarse a lo estrictamente indispensable tanto en el ámbito objetivo como temporal, y en este sentido recuerda que un Real Decreto de mayo de 2021 (R. D. Ley 8/2021, de 4 de mayo) derogó expresamente el artículo 16 del R.D. ley 7/2020, por el que se adoptaban medidas urgentes en materia de contrataciones para responder al impacto económico de la pandemia.

El informe de la Intervención analizó contratos de emergencia por un importe total de 296,3 millones de euros, entre los que se incluyen la segunda fase de las obras del antiguo Hospital Militar de Sevilla (ahora denominado hospital Muñoz Cariñanos), en el expediente 2/2021. El informe de la Intervención General de la Junta destaca precisamente que en la memoria de la tramitación de emergencia -de fecha 3 de mayo de 2021- consta una descripción de las obras a realizar, que consistía en la remodelación y reordenación de los espacios así como de las unidades de hospitalización convencional, entre otras. Sin embargo, los interventores afirman que no hay constancia de "cuáles serían las actuaciones estrictamente indispensables para paliar las necesidades más apremiantes, prevenir o remediar los daños derivados de la situación de emergnecia, teniendo en cuenta que nos encontramos en mayo de 2021, con la pandemia muy atemperada y que deberían haberse contratado con arreglo a la tramitación ordinaria".

Con relación al Hospital Militar, los interventores aluden igualmente al expediente 12/2020 para señalar que con fecha 22 de diciembre de 2021 se dictó una resolución por la que se "liquida y aprueba el valor final de las obras de emergencia, de terminación parcial de las zonas de hospitalización del Hospital Militar de Sevilla, por un importe total de 18.162.370,65 euros, lo que significa una ampliación del valor estimado del contrato de 2.501.585,87 euros, sin que se haya remitido documentación justificativa alguna de que se trate de nuevas prestaciones necesarias amparadas por el artículo 120 de la LCSP".

Además, ponen de manifiesto que "ni tan siquiera consta la tramitación del procedimiento previsto para los contratos de emergencia, referido a las nuevas prestaciones que supusieron el aumento del gasto del contrato, y que tan sólo consta en la resolución de liquidación y aprobación del valor final de las obras de emergencia de terminación parcial de las zonas de hospitalización del Hospital Militar de Sevilla por un importe de 18.162.370,65 euros".

El informe de la Intervención señala, asimismo, que otros contratos de servicios (110/21, 991/20 y 992/20) firmados con diferentes centros sanitarios especifican diversas prestaciones, como "intervenciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas y/o terapéuticas), pero no se aporta justificación de que dichas actuaciones "estén relacionadas directamente con el Covid 19" y tampoco se aporta justificación de la "imposibilidad por parte del órgano gestor de promover procedimientos de licitación que permitan la libre concurrencia, la igualdad y la transparencia entre los licitadores".

Contratos prorrogados de 70 a 242 millones en sólo dos años

De otro lado, en la denuncia que investiga el juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla se pone de manifiesto cómo los contratos de emergencia se prorrogaron entre los años 2021 y 2022 desde los 70 millones iniciales hasta alcanzar los 242 millones, según han explicado a este periódico fuentes del caso.

Así, el director gerente del SAS autorizó el 20 de enero de 2021 la contratación de emergencia de servicios de asistencia sanitaria complementaria para la realización de "procedimientos quirúrgicos y pruebas diagnósticas" por sobrecarga de la red propia derivada de la pandemia por un importe total de 70.000.645,80 euros en contrataciones de servicios escalonadas, con el tope temporal del 31 de diciembre de 2021, es decir, sólo para ese año.

Sin embargo, en una resolución fechada el 30 de diciembre de 2021, sólo un día antes de ese plazo fijado, se acordó la prórroga de la tramitación de emergencia, aumentando el importe inicial de esos mismos contratos hasta los 125.753.167,95 euros. Y en esa resolución se ampliaba además el límite temporal hasta el 30 de septiembre de 2022.

Con fecha 21 de junio de 2022 se acordó la corrección de la ampliación de ese acuerdo de emergencia del expediente 110/2021, por el que se ampliaba el importe de la contratación hasta los 226.731.935,99 euros y con ese mismo límite temporal del 30 de septiembre de 2022.

Las fuentes consultadas señalan que el día del vencimiento, el mismo 30 de septiembre de 2022, se dicta una nueva resolución que, en este caso, está firmada "manualmente", por la que se acuerda una nueva prórroga de la tramitación de emergencia de dicho expediente. De esta forma, se amplía el importe de contratación hasta 234.731.935,84 euros, con el tope del 31 de diciembre de 2022.

Finalmente, ese mismo 31 de diciembre de 2022 se firma otra resolución, también de manera "manual", que acuerda una nueva prórroga del expediente que amplía la cuantía de la contrtación hasta los 242.731.935,84 euros y con un horizonte temporal del 17 de mayo de 2023.

Las fuentes consultadas señalan que esas prórrogas se fueron concediendo a pesar de que desde el Real Decreto Ley 8/2021 dictado el 4 de mayo de ese 2021 se había derogado la norma por la que se adoptaban las medidas urgentes en materia de contratación para responder al impacto económico de la pandemia.

Tras la admisión de la denuncia, el secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espadas, valoró la decisión del juez y recordó que en la misma se investiga el "abuso en la contratación de emergencia por parte de la Consejería de Salud durante dos años desde la finalización de la pandemia mediante adjudicaciones a dedo, adjudicaciones sin concurso de recursos públicos a la sanidad privada".

Espadas destacó que "en el momento en el que el deterioro de la sanidad pública es más grave y claramente denunciado por pacientes y profesionales sanitarios, se confirma que efectivamente los tribunales de Justicia van a investigar qué es lo que ha pasado desde 2021 a 2023 en los que la Consejería de Salud del Gobierno de Moreno Bonilla se ha saltado todas las normas de contratación pública y en definitiva ha derivado recursos públicos a la sanidad privada cuando lo que han crecido son las listas de espera y sin duda el deterioro de la propia sanidad pública".