El fiscal sobre el proyecto de Cedes: "En Andalucía ni hay molinos ni dinero"

La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha iniciado este lunes el quinto juicio de la macrocausa de Invercaria, en la que se investigan los préstamos que Invercaria realizó a la empresa Cedes Electria, una compañía de energía eólica que recibió una financiación pública de 1.550.000 euros. La vista oral ha comenzado con la exposición por parte de las defensas de las cuestiones previas, entre las que han alegado la falta de concreción de los hechos que se le imputan a los acusados, algo que la Fiscalía Anticorrupción ha rechazado al afirmar que a Invercaria se le "vendió" que el proyecto de Cedes era un "proyecto andaluz" para la creación de aerogeneradores de viento y aunque el fiscal no cuestiona que Cedes Electria realizara trabajos, "en Andalucía ni hay molinos ni dinero", ha aseverado el fiscal delegado de Anticorrupción Fernando Soto.

En su intervención, el representante de la acusación pública ha rechazado la falta de concreción de los hechos que se le imputan a los procesados y ha señalado que el objeto de este juicio es la "obtención de dinero sin procedimiento" por parte de la sociedad andaluza de capital riesgo y el "desvío a terceras personas para otros proyectos" fuera de Andalucía, en los que el "principal beneficiario" fue el presidente de Cedes, José Luis Manzano, fallecido hace ya varios mes.

En este quinto juicio de Invercaria se sientan en el banquillo cinco acusados: el ex presidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo, el ex consejero de Invercaria Bienvenido Martínez, la vocal del consejo de administración Isabel de Haro Aramberri, así los consejeros de Cedes Federico Mañero y Enrique García.

La defensa de Isabel de Haro planteó que aunque los escritos de acusación de la Fiscalía y del PP -única acusación particular personada- son "prolijos, eso no significa que sean determinados y parece que lo que se pretende es someter a enjuiciamiento un ámbito de gestión, pero no se concretan los hechos por los que se imputan los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos", lo que les genera indefensión, ha argumentado.

Vallejo declarará como testigo

El tribunal ha rechazado la recusación planteada por la defensa de Pérez-Sauquillo de la magistrada que preside este juicio, Pilar Llorente, por haber intervenido ya en otra de las piezas de esta macrocausa, una recusación que en su día ya fue rechazada por la Audiencia de Sevilla. Sobre esta cuestión, la Fiscalía se opuso a la petición de la defensa al asegurar que el objeto procesal de cada una de las piezas en las que se ha dividido la macrocausa de Inceradi "es absolutamente distinto".

El tribunal ha admitido la declaración como testigos del ex consejero de Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía Francisco Vallejo y de los ex directores de la agencia IDEA Jacinto Cañete y Antonio Valverde, que ha sido propuesta por las defensas.

En este sentido, el fiscal ha indicado que el entonces consejero de Innovación Francisco Vallejo recibió a José Luis Manzano por la "mediación" que realizó la vocal del consejo de administración de Invercaria Isabel de Haro, de la que ha afirmado que no puede alegar que desconozca los hechos que se le imputan puesto que, a su juicio, ha sido "protagonista de primer nivel" en los hechos, dado que formó parte del consejo de administración de Cedes y participó en el consejo de Invercaria en el que se aprobó la concesión de un préstamo de 700.000 euros. El fiscal ha añadido que esta acusada asistió de "manera impasible" a la salida de los fondos públicos hacia terceras personas y, en concreto, a los proyectos Electria Wind, desarrollado en Aragón, y Eolincyl.

El juicio continuará el próximo miércoles con la declaración de los dos primeros acusados, el ex presidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo y la vocal del consejo de administración Isabel de Haro, a los que la Fiscalía reclama una condena de seis años de cárcel. La misma pena pide para el ex consejero de Invercaria Bienvenido Martínez, mientras que para los otros dos acusados de Cedes solicita una condena de dos años y medio de cárcel como inductores de los delitos.

En la vista oral también está previsto que declare como testigo, el 23 de febrero, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz.