El final de la investigación por el robo a María del Monte, pendiente de un teléfono móvil

El juez que investiga el asalto al chalé de María del Monte e Inmaculada Casal mete prisa a la Guardia Civil para acabar con la instrucción de la causa, cuando han transcurrido más de 16 meses desde que se produjo el asalto, en la madrugada del 25 de agosto de 2023. El titular del juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, ha remitido un oficio al Departamento de Ingeniería Digital del laboratorio de Criminalística de la Guardia Civil para que "con carácter de urgencia" proceda a realizar el volcado del teléfono móvil de uno de los investigados, tratándose de la última prueba que queda por recopilar para cerrar la investigación judicial contra la banda a la que se atribuye la presunta autoría del robo.

En esa providencia, a la que ha tenido acceso este periódico y que tiene fecha del pasado 15 de enero, el magistrado recuerda a este laboratorio de la Guardia Civil que "la causa pende" de la práctica de ese desbloqueo del teléfono por "la fuerza bruta", una prueba que no duda en calificar de "esencial y muy relevante para la resolución del fondo del asunto y está produciendo ya una dilación en la tramitación de las diligencias".

Se observa, de esta forma, el interés del magistrado en cerrar cuanto antes la instrucción de una causa que, al margen de que las víctimas son personas muy conocidas, no tiene una especial complejidad en sí misma, por lo que este proceso, que está prorrogado hasta finales de febrero próximo, debe finalizar ya con esa urgencia que relata el propio juez.

La prueba que queda por entregar en el juzgado es precisamente la relacionada con el desbloqueo el teléfono móvil de uno de los detenidos por el asalto al chalé de María del Monte. Mediante el uso de estas "técnicas invasivas", los agentes del Instituto Armado confían en recopilar información y datos que "podrían dar lugar a la identificación de las personas encargadas de la distribución de los objetos sustraídos, así como aportar indicios que vengan a reforzar los ya existentes sobre la autoría de los encartados" por estos hechos, todo ello después de que los peritos hayan tasado en 181.000 euros los relojes y joyas robados a María del Monte e Inmaculada Casal.

El juez autorizó en noviembre pasado a la Guardia Civil que desbloqueara el teléfono intervenido a uno de los ocho detenidos por el asalto al chalé de la pareja, en el que supuestamente se hicieron con un botín que superaba el millón de euros. El terminal, un modelo S-23 de la marca Samsung, fue intervenido en el registro domiciliario de Antonio S. R., pero los agentes no habían podido liberarlo, por lo que pidieron al instructor que autorizara su envío al Departamento de Ingeniería Digital del laboratorio de Criminalística de la Zona de la Guardia Civil de Andalucía en Sevilla, al objeto de proceder al "desbloqueo del mismo para su posterior volcado y estudio pericial por parte del equipo EDITE de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla".

Los agentes pidieron expresamente que se analizar el teléfono "mediante técnicas invasivas y aquellas basadas en el empleo de la 'fuerza bruta' para el desbloqueo de los terminales y volcado de la información, con el fin de que se realicen las operaciones de volcado/clonado, extracción de archivos multimedia, historial y archivos de aplicaciones de mensajería chat (tipo Whatsapp, Telegram, etc.) y acceder a la información contenida en el terminal".

La finalidad es la búsqueda de las joyas y relojes sustraídos

Los investigadores explicaron entonces que el análisis del terminal puede contribuir a la investigación del robo. Así, señalaban que el teléfono móvil se ha convertido en la actualidad en una "pieza esencial en la vida diaria de toda persona, por ello no se descarta que los partícipes en los ilícitos investigados portaran teléfonos móviles o smartphones en el momento de cometer" el asalto.

De la misma forma, continuaba el informe remitido al instructor, a través de este medio "no sólo se habrían comunicado los autores materiales de los hechos, sino que también se podrían haber establecido los contactos entre el grupo criminal investigado y los receptadores/distribuidores de los efectos sustraídos". En este sentido, los guardias civiles estiman que el estudio de los datos contenidos en los teléfonos aprehendidos, "concretamente de las eventuales conversaciones realizadas a través de aplicaciones de mensajería instantánea que podrían estar instaladas en los mismos, cuentas de correo electrónico vinculadas, así como otros archivos como fotografías, archivos de audio o vídeos", podrían ayudar a identificar a los vendedores de los relojes y joyas sustraídas, y a aportar esos indicios sobre la autoría de los encausados.

La Guardia Civil asegura en su informe que sería de "gran importancia" obtener la información contenida en el teléfono de este investigado y considera que la medida solicita es en estos momentos de la investigación "idónea y necesaria", además de "proporcional".

El dron que sobrevoló el chalé la tarde previa al asalto

La prueba del teléfono móvil es la única que queda por presentar en el juzgado, después de que el fabricante chino del dron que sobrevoló la casa de María del Monte la tarde previa al asalto haya informado de que no tiene registrado ese vuelo en sus servidores, puesto que el aparato no estaba registrado por el usuario ni se había accedido a ello. Esta fue la contestación que dio la empresa china DJI Technology Co.LTD, fabricante del dron DJI Mini 3 Pro que fue intervenido en la vivienda de uno de los presuntos ladrones, a la Guardia Civil tras el requerimiento efectuado en agosto pasado. A pesar de que no hay constancia en los servidores de la empresa, la Guardia Civil asegura que el aparato en cuestión vigiló la vivienda de María del Monte la tarde del 24 de agosto de 2023, previa al robo, tal y como acredita una fotografía tomada en ese momento a uno de los sospechosos.

Los investigadores de la Guardia Civil informaron al instructor de la respuesta que la compañía china ha realizado sobre los vuelos realizados por el dron intervenido en el registro practicado en febrero pasado en la vivienda de M. A. G. T. y que tenía "borrada la memoria". La empresa, en un escrito remitido en inglés y por email a los agentes, explicó que "DJI sólo tiene acceso a los registros de vuelo cuando un usuario nos lo proporciona voluntariamente", a lo que añade que "las fotos y vídeos tomados por un usuario no se sincronizarán automáticamente con un servidor DJI".

Por último, DJI señala que "si un dispositivo se vende a través de distribuidores, DJI sólo registra el nombre del primer distribuidor y no registra información de otros distribuidores o del usuario final".

A raíz de estas respuesta, la Guardia Civil llega a la conclusión de que al no haber aportado el fabricante datos sobre los vuelos realizados por esta aeronave, ni los realizados durante la tarde del 24 de agosto de 2023, "se evidencia que el usuario del dron referido no dio de alta/registró ningún vuelo ni actividad realizada con esa aeronave en el servidor de DJI ni procedió a sincronizar el dispositivo con esos servidores".

La falta de ese registro por parte del fabricante del dron no implica, para la Guardia Civil, que esa vigilancia no se llevara a cabo la tarde previa al robo. "Esto no descarta ni viene a contradecir las afirmaciones realizadas por los investigadores de que el dron, tal y como indican todos los indicios existentes y reseñados en escritos y atestados anteriores, realizara un vuelo el día 24 de agosto de 2023. Cabiendo recordar que existe una fotografía realizada con la cámara instalada en el aparato y grabada en la memoria interna del mismo, aunque esa memoria no haya sido sincronizada con los servidores de la compañía DJI y, por lo tanto, no existan registros en esa compañía. Captando esa fotografía a A. S. en cuclillas, mientras es sobrevolado por el aparato desde el que se toma la referida imagen", afirma en el oficio el Instituto Armado.