Los familiares del jefe Antidroga de Alcalá denuncian que lleva cinco meses preso en una cárcel de Lugo

Los familiares del jefe antidroga de la Comisaría de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) han denunciado que éste lleva más de cinco meses en prisión provisional en la cárcel de Monterroso de Lugo, tras su detención en septiembre pasado en el marco de una operación realizada por la Unidad de Asuntos Internos que acabó con el arresto de los cinco miembros del grupo de Estupefacientes de esta localidad sevillana. Así lo han denunciado a este periódico fuentes de la familia del subinspector J. A. D. G., que han lamentado que hasta el momento han sido rechazadas todas las peticiones que la defensa del funcionario ha realizado para que se proceda a su traslado a una prisión sevillana -ya sea la cárcel de Sevilla-I o Sevilla-II, esta última ubicada en Morón de la Frontera-.

La familia lamenta que cada vez que quieren visitar al subinspector tienen que cubrir los más de 800 kilómetros que hay entre Sevilla y la prisión gallega de Monterroso, y comparan esta situación con el reagrupamiento de presos terroristas en las cárceles del País Vasco. Además, como la investigación la está desarrollando el juzgado de Instrucción número 3 de Alcalá de Guadaíra, lo lógico es que el investigado se encuentre a disposición de este juzgado por si hay que practicar alguna diligencia, algo que se complica sobremanera por la distancia que hay con la prisión donde se encuentra recluido en la actualidad. La familia se pregunta incluso si hay una "mano negra" para evitar que el funcionario continúe en prisión provisional en una cárcel sevillana. Tras su arresto y una vez que el juez acordó su ingreso en prisión, en septiembre de 2024, los cinco agentes del grupo de estupefacientes fueron repartidos por distintas cárceles del país.

De los cinco policías arrestados, sólo el subinspector y otro más permanecen encarcelados, ya que el juez accedió a dejar a los otros tres en libertad con cargos.

Sobre el fondo del asunto, la familia del jefe Antidroga de Alcalá defiende su inocencia y en este sentido considera que el exhaustivo atestado elaborado por la Unidad de Asuntos Internos, que tiene una extensión de 688 folios y en el que se afirma que el subinspector estaba a sueldo de un narcotraficante, sólo se basa en "suposiciones" de este grupo que se encarga de velar por la conducta de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía. "Todo el sumario está desmontado, más tarde o temprano se sabrá la verdad", han añadido estas fuentes, que han negado que el funcionario recibiera pagos del narcotraficante y han enmarcado las intervenciones telefónicas que aparecen recogidas en el atestado de Asuntos Internos a "conversaciones de trabajo con un confidente".

Las fuentes han destacado asimismo los numerosos reconocimientos y distinciones que el subinspector ha recibido a lo largo de su trayectoria en el Cuerpo y han recordado la conflictividad que había en el seno de la comisaría de Policía de Alcalá de Guadaíra, en la que había más de una veintena de agentes en situación de baja laboral.

Según la Unidad de Asuntos Internos, el funcionario percibiría supuestamente "una cuota mensual que oscilaría entre los 2.000 y 3.000 euros", a cambio de la protección del narcotraficante y la eliminación de su competencia en el negocio de la droga en la localidad alcalareña. Los investigadores aseguran que a lo largo de las pesquisas se han recogido importantes indicios que acreditan que el subinspector responsable del grupo de Estupefacientes proporcionaba "seguridad y protección a una compleja organización criminal dedicada al tráfico de estupefecientes, llegando a desarrollar otras funciones para la misma, como la eliminación de la competencia o la aportación de informaciones privilegiadas que obtiene en el ejercicio de su cargo al líder de la misma".