El juez cita a declarar como imputado al delegado territorial de IFES

Una macrocausa que se reactiva. El juez de Instrucción número 9 de Sevilla, que investiga el escándalo de las facturas falsas de UGT-A, ha citado a declarar como investigado el próximo 2 de abril a Juan Francisco Alcaide Rodríguez, delegado territorial del Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES), una fundación de este sindicato cuyo fin se centra en la formación profesional para el empleo y en ofrecer soluciones a las necesidades formativas de empresas y trabajadores.

Con la imputación de esta persona se eleva a 20 el número de investigados en esta macrocausa que se abrió el 22 de agosto de 2013 y en la que figuran como investigados los ex secretarios generales de la formación Francisco Fernández Sevilla y Manuel Pastrana, entre otros. La instrucción ha estado paralizada durante mucho tiempo a la espera de que finalizara el informe pericial encargado el 5 de marzo de 2015 al interventor delegado en la Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad Luis Ayala Gallo, quien según han confirmado fuentes del caso ya ha presentado su informe pericial en dicho juzgado.

Además de la imputación del delegado territorial de IFES, el juez ha citado a declarar un día antes, el 1 de abril, al auditor del sindicato, Francisco Briones, en calidad de testigo.

En septiembre pasado, el interventor presentó una avance de su informe en el que estimaba que el fraude, como mínimo, superaba los 5,3 millones de euros, tras haber analizado 11 de los 32 expedientes de subvenciones concedidas al sindicato para la realización de actividades formativas.

El informe, que fue encargado hace más de tres años por el juzgado, cifra el presunto fraude en esos 11 expedientes analizados en 5.384.099,49 euros. Esta cantidad se corresponde con la estimación de los gastos “no subvencionables”, aunque el propio perito detalla que en muchos de los expedientes aún quedan por concretar como mínimo las cuantías que se han imputado por IFES-Andalucía en concepto de alquiler de instalaciones, por lo que las cantidades podrían ser superiores.

Dice el perito en el avance del informe que el“posible fraude opera en la aplicación del dinero de la subvención, o bien para una finalidad distinta para la que se concedió o bien en la imputación de gastos no subvencionables o elegibles, todo ello con el ánimo defraudatorio que la legislación penal exige”.

Así, el perito analiza los dos supuestos “mecanismos defraudatorios” que habría utilizado la organización sindical, el denominado rapel –un descuento por el que se repercutía un porcentaje en las compras que hacía el sindicato a un proveedor, soportado por éste y posteriormente ingresado en la cuenta señalada por el sindicato–; el bote, figura con la que se elaborarían presuntamente facturas simuladas que pasaban a formar parte de una cuenta acreedora de UGT con terceros y siempre previo pago de esas facturas; y todo lo relacionado con los alquileres de aulas, instalaciones y oficinas entre Soralpe S. L. e IFES-Andalucía, la fundación perteneciente al propio sindicato que se encargaba de la realización de las acciones formativas.

La "financiación irregular" del sindicato

El objeto del presente procedimiento, según definió en un informe elaborado por la Fiscalía Anticorrupción en su día, es la "financiación irregular del sindicato UGT-Andalucía, a través de la defraudación generalizada en las subvenciones recibidas relativas a fondos de formación", una financiación "ilícita" para lo cual se utilizaron dos procedimientos conocidos como rapel y bote.

Los hechos investigados comienzan a implantarse cuando se puso en marcha la llamada "central de compras" en la UGT, una cuestión que se deduce "no sólo de las investigaciones sino de las declaraciones de los imputados". Esta central de compras, según el Ministerio Público, fue inspiración directa de Manuel Pastrana según lo manifestado por el ex tesorero del sindicato Federico Fresneda y continuó en la implantación de la misma el entonces secretario general Francisco Fernández, "no sólo en su época de secretario de organización, sino en el periodo que sucedió a Pastrana", añade.

La Fiscalía relataba que el núcleo de decisión del sindicato se concentra desde el punto de vista orgánico en la "comisión ejecutiva", por lo que este órgano y "singularmente los acusados, no sólo eran conocedores sino que tomaron decisiones en relación con los hechos objeto del presente procedimiento".

Dice el fiscal que a través del descuento conocido como rapel "se repercutía un porcentaje en las compras que hacía el sindicato a un proveedor, soportado por éste y posteriormente ingresado en la cuenta señalada por el sindicato". Luego ante la Administración, el sindicato presentaba la factura sin incluir ese descuento, "lucrándose así en el exceso y falseando las justificaciones que presentaban a la Administración". Los importes totales obtenidos por el sindicato a través de este rapel, prosigue Anticorrupción, se repartían entre la propia estructura regional y las uniones provinciales a través de la comisión ejecutiva.

En cuanto al bote, con esta figura el sindicato encargaba la elaboración de "facturas simuladas que, sin responder a realidad o negocio jurídico alguno, pasaba a formar parte de una cuenta acreedora de UGT con terceros, y siempre previo pago de esas facturas". Esto hacía que el sindicato sostuviera actividades al margen de la subvencionada con cargo a ese bote. "Así y de esa manera, la actividad ordinaria de la entidad se sufragaba con fondos que realmente eran procedentes de subvenciones destinadas a fondos de formación".

El ex tesorero de la UGT-A Federico Fresneda fue uno de los 16 detenidos en la operación Cirene II, que la Guardia Civil realizó el 24 de junio de 2014, contra el fraude las facturas falsas. En su declaración, Fresneda derivó las posibles responsabilidades de lo ocurrido hacía los líderes de la formación, al explicar que los ex secretarios generales del sindicato Manuel Pastrana y Francisco Fernández Sevilla "estaban al tanto" del rapel o descuento que algunas empresas aplicaban en las facturas pero que no se descontaban a la hora de justificar las subvenciones públicas.