El expresidente de la Mancomunidad Guadalquivir acepta cinco años de inhabilitación por contratar ilegalmente a tres personas

Julio Álvarez, exalcalde socialista de La Puebla del Río y expresidente de la Mancomunidad Guadalquivir de recogida de residuos urbanos, ha aceptado este miércoles una condena de cinco años de inhabilitación por realizar tres contrataciones irregulares en 2008 y 2010, coincidiendo con su mandato. El acusado, que hace una década ya fue castigado con un año y medio de prisión por usar el móvil del Ayuntamiento para hacer llamadas a una mujer y a líneas eróticas, ha asumido toda la culpa ante la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla y ha eximido de cualquier responsabilidad a quien entonces era su gerente, Jorge R.C., que también ha sido juzgado y ha acabado absuelto después de que la Fiscalía retirase la acusación contra él.

Este desenlace ha sido fruto de un acuerdo previo entre las partes. El Ministerio Público pedía inicialmente que ambos fuesen condenados a un total de 23 años de inhabilitación especial para cualquier empleo o cargo público por dos delitos de prevaricación. Al final, tras oír las declaraciones de uno y de otro, ha eliminado uno de los delitos, ha aplicado la atenuante de dilación indebida al otro y ha dejado su petición definitiva para el primero de los procesados en cinco años de inhabilitación para cualquier cargo público o similar al que desempeñó en la Mancomunidad. La defensa ha estado de acuerdo con esa solicitud de condena.

En su comparecencia ante el tribunal, Julio Álvarez ha reconocido los hechos descritos por la fiscal en su escrito de calificación. De acuerdo con ellos, la Mancomunidad contrató en junio de 2008 a un hombre para la plaza de ingeniero técnico agrícola “sin que se siguiera el proceso selectivo establecido para cubrir dicho puesto de trabajo” y, además, “con el informe desfavorable” del interventor municipal.

Lo mismo ocurrió en agosto de 2008 y noviembre de 2010 con las contrataciones de dos peones de recogida de residuos, ambas “por orden de la presidencia de la Mancomunidad”. Según la Ley de Régimen de Bases de Régimen Local, la selección del personal en una entidad como la Mancomunidad debía realizarse “mediante convocatoria pública y a través de concurso, oposición o concurso-oposición libre”.

"Asumo mi responsabilidad. Hice los tres contratos, aunque en aquel momento creía que no estaba cometiendo ningún delito. Ellos [los trabajadores contratados] estaban en una situación de necesidad imperiosa. Creía que estaba haciendo un bien a esas familias, pero después ha sido que no. Actué más con el corazón que con la cabeza", ha explicado Álvarez, que ha liberado al otrora gerente de cualquier responsabilidad: "Los contratos los hice yo. Cuando él se enteró, yo ya los había firmado", ha indicado.

El otro encausado, lógicamente, ha corroborado ese relato tan favorecedor para sus intereses. "No tuve ninguna intervención en esas contrataciones, eran competencia exclusiva del presidente y no podía delegar en ninguna persona", ha declarado.

En sus conclusiones definitivas, la fiscal ha ratificado que el gerente "no tuvo participación activa en los hechos porque esa competencia no le correspondía", mientras que el presidente "ha asumido íntegramente la responsabilidad".

Esta será la segunda pena que recae sobre Julio Álvarez. En 2011, cuando era alcalde de La Puebla del Río, ya fue condenado a un año y medio de cárcel por malversación por gastarse casi 6.100 euros en llamadas privadas a una mujer y a teléfonos eróticos con el móvil del Ayuntamiento.

La Mancomunidad Guadalquivir, dedicada a la recogida de residuos urbanos, está integrada por 27 municipios y da servicio a una población de alrededor de 260.000 habitantes. Su zona de influencia abarca el Aljarafe y comprende desde la ribera del Guadalquivir al entorno de Doñana.