Un testimonio a favor y otro en contra del exalcalde de Lebrija en el segundo juicio del caso Faffe

Un antiguo director de la Faffe ha declarado este martes como testigo en la segunda sesión del segundo juicio del caso relativo a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, en la que figuran como acusados el ex director general Fernando Villén y el exalcalde de Lebrija Antonio Torres (PSOE). Este último está imputado por ocupar un puesto supuestamente creado ex profeso para él, el de director de Relaciones Externas, y no desempeñar "trabajo alguno" sino "cobrar por estar en casa", según la Fiscalía Anticorrupción. El primer testigo ha corroborado que Torres no acudió a ninguno de los comités de dirección que se celebraban los lunes de todas las semanas, aunque también ha matizado que trató con él "en un par de ocasiones" y que tenía "la impresión" de que el encausado sí trabajaba para la Faffe.

"Sabía que tenía alguna vinculación con la Fundación, entendía que trabajaba en la Faffe y que había algún tipo de colaboración o contratación", ha indicado Juan Carlos Díaz ante la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla. En realidad, según ha explicado, su contacto se limitó a una reunión "presencial" con motivo de la exposición de un proyecto que después no cuajó y a una conversación por correo electrónico para informar a Torres de que iría a Perú para dar una conferencia organizada por la Agencia Española de Cooperación.

En este último caso, ha apuntado el testigo, el desplazamiento lo pagó la Agencia y el nombre de Torres le fue sugerido por el director de Organización de la Faffe, Joaquín Alberto Morales, cuya comparecencia ante el tribunal se producirá el próximo 8 de octubre. Su testimonio es considerado muy importante en la causa, ya que era el número 2 en la jerarquía de la Fundación, justo debajo de Villén.

En cuanto a la otra parte de la declaración de Díaz, la que teóricamente perjudica más que beneficia a Torres, el testigo ha reconocido que no se acuerda de haberlo visto en las reuniones del comité de dirección, a las que por norma debía asistir como director de Relaciones Externas. "Que yo recuerde, no", ha contestado cuando el fiscal le ha preguntado si lo visualizaba en aquellos cónclaves. Es más, cuestionado por la presencia de Torres en la sede de la Faffe, Díaz ha respondido: "No lo vi físicamente". "Desconozco que tuviera un despacho", ha añadido.

Las claves del caso

El principal acusado en esta pieza separada del caso Faffe, Fernando Villén, ya fue condenado hace unos meses a seis años de cárcel por su "afición descontrolada" por los prostíbulos, que lo llevó a gastarse un total de 32.556 euros con las tarjetas de la Fundación en distintos burdeles; mientras que Antonio Torres fue alcalde de Lebrija entre 1979 y 2003. Anticorrupción pide cuatro años de prisión para el primero y dos años y medio para el segundo al considerar que el responsable de la Faffe creó un puesto de trabajo "ad hoc" para el político después de que este perdiese sus últimas elecciones municipales. Según la acusación, Torres "no desempeñaba trabajo alguno" sino que "estaba en casa" a pesar de ser nombrado director de Relaciones Externas. Las defensas discrepan de ese relato y solicitan que ambos sean absueltos.

Adolfo Cuéllar, el abogado de Villén, alegó en la primera jornada que su cliente sufre "indefensión" y que "es absolutamente imposible que nadie pueda defenderse" en una causa en la que "cualquier auto que se dicta abre una pieza separada". A su juicio, la Guardia Civil investigó la contratación de Torres sólo porque "aparentemente la Faffe era un cúmulo de irregularidades y despropósitos".

Pablo Ollero, el representante de Torres, se preguntó por su parte cuál era la motivación de la acusación contra el exalcalde y criticó que el caso reposa sobre todo en los atestados policiales y no en resoluciones judiciales. "Eso es un obstáculo insalvable para las defensas", protestó. Según esta parte, tanto su cliente como el resto de interinos que acabaron obteniendo una plaza en la Administración a través de la Faffe "pasaron a ser empleados públicos por ley".

"Los hechos no sólo no son sospechosos, son completamente legales", apostilló el letrado, que además cuestionó cuál es "la curiosa circunstancia del proceso selectivo" seguido por las autoridades para determinar que su cliente debía ser investigado y enjuiciado cuando la Faffe, durante sus años de vida, llegó a firmar "19.000 contratos temporales".

Anticorrupción, como es natural, rechazó esos argumentos y señaló que las razones de la imputación "están claras". "Contratación ilegal y ficticia y cobro de emolumentos sin trabajar", enumeró el fiscal Fernando Soto, que también negó cualquier irregularidad previa. "Una investigación prospectiva es cuando se investiga sin indicios. La Faffe participó en el gran fraude de las ayudas a Delphi, que no es poca cosa. Y sobre todo funcionaba con subvenciones públicas. Si parte de esas subvenciones se destina a pagar al señor Torres, que está en su casa...", dijo.

El Ministerio Público también destacó que este caso reúne un "perfil propio" que lo hace diferente de otros políticos investigados y que justifica que haya llegado a juicio. "En la contratación del señor Torres hay datos completamente distintos al perfil de los ciudadanos que trabajan en el sector público andaluz. El señor Torres estaba en casa cobrando. Este es un dato lo suficientemente intenso para diferenciarlo de otros casos", comentó en referencia al ejemplo de un concejal de Jerez de la Frontera igualmente contratado por la Faffe pero que "por lo menos iba a su puesto de trabajo".

"No es que los políticos deban tener cuidado en el acceso a la función pública, es que deben reunir los requisitos, y ninguno de los principios fue cumplido por el señor Torres", añadió el fiscal.