El ex presidente de Invercaria denuncia su "total indefensión" tras endurecer el Supremo su condena

El ex presidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo ha denunciado su "total y absoluta indefensión" en la macrocausa en la que figura como principal acusado, después de que el Tribunal Supremo haya endurecido su condena por haber aumentado su propio salario y el de otros trabajadores de la empresa pública por encima de lo autorizado por las leyes de Presupuestos. Pérez-Saquillo sostiene que al habérsele privado de recuperar los correos electrónicos en su etapa como máximo responsable de la sociedad pública andaluza de capital riesgo se le ha impedido acreditar las pruebas necesarias para su defensa.

"Cuando se encuentra alguien como yo en una total y absoluta indefensión, porque los intereses de alguien, que actualmente todavía desconozco, me han privado del derecho a recuperar todos mis correos enviados y recibidos en mi etapa de presidente de Invercaria, sólo me queda la alternativa de convencer de esta indefensión para solicitar la nulidad de todas las causas pendientes en el caso Invercaria", ha asegurado a este periódico el ex máximo responsable de Invercaria.

Tomás Pérez-Sauquillo ha explicado que en el año 2007, como empresario del sector privado que había aceptado el puesto de consejero delegado y presidente de una empresa pública como Invercaria, decidió, a su pesar, cesar en el cargo y volverse a Madrid, ya que "los costes de estancia en Sevilla, los desplazamientos semanales en el AVE no me compensaban económicamente y esa situación suponía renunciar a casi la mitad de mis retribuciones en Madrid, sin coste alguno".

Fue su director financiero, Antonio Nieto, quien según Pérez-Sauquillo, hizo unas "gestiones en la Agencia IDEA para comunicar mi decisión y obtuve como respuesta, que tenía derecho a percibir unos complementos, por vivir desplazado de Sevilla, estando calculados a no recuerdo ahora una determinada cantidad por kilómetro. Como es lógico, lo consulté con la propia Agencia directamente y a través de mi director financiero, obteniendo como resultado que, efectivamente tenía ese derecho. Renuncié a los dos años anteriores, pero di instrucciones de cobrarlos a partir de ese momento", argumenta.

En las mismas condiciones que el director de IDEA

El ex presidente de Invercaria asegura que tanto el consejero de Innovación como el director general de la Agencia IDEA, "cuando le ofrecieron en el año 2005 hacerse cargo de la nueva empresa de capital riesgo de la Junta, ambos le transmitieron que sería en las mismas condiciones económicas del director general de IDEA. Entre mis consultas, entonces, pude comprobar que todos los cargos de IDEA que estaban desplazados cobraban esos complementos".

"Con la prudencia que siempre me ha caracterizado en mi comportamiento profesional, quise, además, que esa decisión tuviera total transparencia y fuera conocida y aprobada por la auditoría de Invercaria, por el Consejo de Administración y por la Junta General de IDEA en la aprobación de las Cuentas anuales. Como ya he denunciado en varios círculos, mis letrados vienen reclamando mis correos recibidos y enviados desde el año 2014, porque es en esos correos donde se podría confirmar la recepción de la documentación que me enviaban mis técnicos, así como mis consultas y mi relación con la agencia y con la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa", señala Pérez-Sauquillo.

Esta situación de indefensión, prosigue, la "desconocíamos al presentar el recurso de casación" ante el Tribunal Supremo, ya que, "de conocerla, sería la razón principal que habría utilizado mi defensa para que se estimara y se anulara la sentencia de la Audiencia de Sevilla por indefensión. No se puede condenar a nadie que no puede defenderse porque se le priva de los instrumentos que podría tener para justificar todos sus actos", subraya.

Por último, Pérez-Sauquillo se ha preguntado "¿Quién es el responsable de la manipulación de las pruebas, en este caso del servidor del presidente de Invercaria?", a lo que añade que el 4 de julio de este año se solicitó al Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, que ha investigado la macrocausa de Invercaria, la intervención de un "peritaje oficial informático para poder recuperar esos correos y si no, se nos digan las causas y razones para no poder recuperarlos; si existe o ha existido manipulación de las pruebas, que pueda suponer la existencia de un delito de estafa procesal, consiguiendo que condenen a una persona, como es mi caso, por la manipulación de pruebas, según el artículo 250. 1. 7º de nuestro Código Penal vigente".