Entran en prisión el ex consejero Francisco Vallejo, el ex viceconsejero Jesús Rodríguez y el ex director de Idea Miguel Serrano

Todos ya en prisión. El ex consejero de Innovación Francisco Vallejo, el ex viceconsejero Jesús María Rodríguez Román y el ex director de la agencia Idea Miguel Ángel Serrano Aguilar han entrado tan sólo unos minutos antes de las 18:00 horas de este lunes en la cárcel de Sevilla-I para cumplir la condena que se les impuso por el caso de los ERE.

Estos tres últimos condenados han llegado al centro penitenciario juntos y así han entrado en la prisión de Sevilla-I. Lo han hecho horas antes de que se cumpla el plazo dado por la Audiencia de Sevilla para su ingreso voluntario -que finalizaba a las 24:00 horas de este lunes- y después de que esta mañana entrara en la cárcel de Huelva el ex consejero de Empleo José Antonio Viera, ayer domingo lo hizo en Puerto III el ex consejero también de Empleo Antonio Fernández, y la semana pasada la ex consejera de Economía y Hacienda Carmen Martínez Aguayo.

Según han confirmado a este periódico fuentes próximas a la cárcel de Sevilla-I, estos tres ex altos cargos han pasado ya al módulo de ingresos del centro penitenciario y previsiblemente mañana serán ingresados en el módulo 102, un módulo de "respeto" de la unidad mixta de esta prisión.

El ex viceconsejero de Innovación Francisco Vallejo fue condenado a 7 años y un día de prisión y a 18 años y un día de inhabilitación por delitos de prevaricación y malversación por el caso de los ERE, mientras que al ex viceconsejero Jesús María Rodríguez Román se le impuso una pena de seis años y dos días de prisión y 15 años y dos días de inhabilitación. El ex director general de la agencia Idea Miguel Ángel Serrano Aguilar fue condenado a seis años, seis meses y un día de prisión y a otros 17 años y un día de inhabilitación.

Con la entrada de estos tres últimos ex altos cargos, ya sólo queda que el tribunal decida sobre el futuro del ex presidente de la Junta José Antonio Griñán, a la espera de recibir el informe forense sobre la incidencia que su entrada en prisión tendría para el cáncer de próstata que le ha sido detectado.

La Audiencia dio el pasado 22 de diciembre diez días de plazo a siete ex altos cargos para que entraran de forma voluntaria en prisión, un plazo que se cumplía precisamente este lunes 2 de enero. En los últimos días seis ex altos cargos han ingresado ya en centros penitenciarios -estos tres en Sevilla-I, Antonio Fernández en la prisión de Puerto III, en el Puerto de Santa Maria, y José Antonio Viera en Huelva-.

De los seis ex altos cargos que cumplen ya condena por el caso del denominado "procedimiento específico", sólo uno de ellos, el ex consejero de Empleo Antonio Fernández, ha estado con anterioridad en prisión. Antonio Fernández ingresó en prisión preventiva el 24 de abril de 2012, por orden de la juez Mercedes Alaya durante la fase de instrucción del caso de los ERE. Fue la noche del tradicional "pescaíto" de la Feria de Abril y la magistrada decidió enviarlo a prisión tras haberle tomado declaración durante varios días.

Antonio Fernández salió de prisión en agosto de ese mismo año tras pagar los 450.000 euros fijados como fianza por la Audiencia Provincial de Sevilla. Según dijo entonces su defensa, esta cantidad se alcanzó gracias a "cientos de aportaciones individuales de sus amigos".

El futuro de Griñán

El único ex alto cargo condenado por la malversación de los ERE que no ha entrado en prisión es el ex presidente de la Junta José Antonio Griñán, que fue condenado a seis años y dos días de prisión, y cuya defensa ha alegado precisamente para no entrar el cáncer de próstata que se le ha diagnosticado recientemente.

De momento, los magistrados de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla están a la espera del informe que está elaborando un médico forense del Instituto de Medicina Legal (IML) de Sevilla, a quienes el tribunal solicitó una valoración sobre la posible incidencia que tendría su encarcelamiento en la enfermedad y en el tratamiento del cáncer que Griñán ya ha comenzado.

De hecho, el pasado jueves, día 29 de diciembre, la defensa del ex presidente reiteró a la Audiencia que suspenda su ingreso en prisión en aplicación del artículo 80.4 del Código Penal, debido al cáncer de próstata que padece, considerado de "alto riesgo" y que, según su abogado, con su encarcelamiento se "podría reducir su expectativa de vida".

En un escrito presentado ante el tribunal, el abogado José María Calero sostiene que los informes médicos aportados para su examen por el forense acreditan, con respecto a la posible incidencia de su ingreso en prisión en relación con el desarrollo de la enfermedad o el tratamiento que ya ha comenzado, que ese riesgo es "cierto".

"El inevitable impacto que tendría en mi mandante el ingreso en un centro penitenciario incrementaría el riesgo de fracaso del tratamiento iniciado,dificultaría su control por especialistas en onco-urología y podría reducir su expectativa de vida, lo que justifica la concesión de la suspensión extraordinaria solicitada", afirma la defensa del ex presidente andaluz en un escrito presentado el mismo día en que se conoció que la ex consejera de Economía y Hacienda Carmen Martínez Aguayo ya ha ingresado en prisión.

La defensa recuerda que al ex presidente se le ha diagnosticado recientemente un cáncer de próstada de "alto riesgo" y, en este sentido, informa a la Sala de que ya ha comenzado su tratamiento, en concreto, el pasado miércoles, 28 de diciembre, para bloquear e interrumpir el desarrollo de la enfermedad.

Por todo ello, la defensa reitera al tribunal su petición para que se le conceda la suspensión extraordinaria que establece el artículo 80.4 del Código Penal, que establece que los jueces y tribunales pueden otorgar la suspensión de cualquier pena impuesta "sin sujeción a requisito alguno" en el caso de que el penado esté aquejado de una "enfermedad muy grave con padecimientos incurables".

Dice el abogado que en el caso de Griñán "resulta procedente su concesión", de acuerdo con la intepretación del precepto fijada en la doctrina del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, y también alude a un auto de la misma Sección Primera de la Audiencia de Sevilla de abril de este año que concluye en la "necesidad de distinguir aquellos supuestos en los que además de diagnosticarse una grave enfermedad, el impacto del ingreso en el centro penitenciario afectaría a la integridad física en tanto podría reducir la expectativa de vida".