Una familia rumana se enfrenta a 20 años de cárcel por explotar laboralmente a diez compatriotas en Sanlúcar la Mayor

Trata de personas

Les insultaban continuamente llamándoles piojosos, vagos y cerdos

Les retiraron los móviles y la documentación y lo máximo que llegaron a cobrar las víctimas por el trabajo en el campo fueron 10 o 15 euros semanales

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La Audiencia de Sevilla y los juzgados al frente.
La Audiencia de Sevilla y los juzgados al frente. / Juan Carlos Muñoz

Llegaron a España desde Rumanía con falsas ofertas de trabajo en febrero de 2020 y se encontraron malviviendo en Coreses (Zamora) en un piso sin luz ni agua y sin recibir un salario por su trabbajo. Diez personas entre las que había una mujer que no sabe leer ni escribir, un joven con retraso mental moderado, un joven con retraso mental que estaba embarazada y que conocieron a un compatriota, Vasile P. que les ofrecio mejorar sus condiciones si se marchaban con él a Sevilla para trabajar en el campo con un mejor salario.

Pero la realidad, según la Fiscalía, no fue así. Vasile y sus dos hijos, que también están acusados, los llevaron a Sanlúcar la Mayor, donde todos fueron alojados en una habitacion con cinco colchones tirados en el suelo y una sola ventana sin cristales y con reja, "sin luz ni agua y en deficientes condiciones de salubridad". Vasile P. les pidió la documentación personal para "tramitarles los papeles y regularizar su situación laboral". Según el Ministerio Público, esta gestión les ocasionó a cada uno de los trabajadores una deuda de 530 euros con Vasile cuando, en realidad el acusado no hizo nunca ningún trámite.

Insultos e insalubridad

En su escrito, la Fiscalía, señala que el acusado les quitó las tarjetas de los móviles. Las jornadas de trabajo eran de ocho de la mañana a 17:00 o 18:00 "con apenas un breve descanso para tomar un bocadillo". Además los trabajadores asumían una deuda de 5 euros por cada desplazamiento a los campos donde trabajaban y los gastos de taller de los vehículos utilizados para los traslados a los cultivos eran repartidos entre las víctimas. Según el Ministerio Público, una vez llegaban a las fincas, era Vasile quien pautaba las órdenes de trabajo tras hablar con el encargado. Su mujer, Sorina, y sus hijos Ionut y Alexandru le ayudaban en las labores de control de los perjudicados. "Lo normal era que se dirigieran a los trabajadores a gritos, imprecándoles que eran unos vagos, unos piojosos, unos cerdos, etc", recoge el escrito de acusación.

Las víctimas llegaron a percibir como máximo 10 o 15 euros semanales con los que debían pagar la comida auqnue no todas las semanas, por lo que a veces rebuscaban comida en los contenedores por lo que era imposible ahorrar para volver a su país, teniendo en cuenta que la deuda con Vasile, además iba en aumeto.

El escrito de la Fiscalía indica que la mujer de Vasile, Sorina, se encargaba de la intendencia doméstica. por lo que los trabajadores le debían pedir permiso para usar el baño o la cocina. En diciembre de 2020 cambiaron la residencia a dos inmuebles donde se realizaron dos entradas y registros y se liberó a os trabajadores.

La Fiscalía solicita para los acusados once años de cárcel por cada uno de los diez delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, aunque los acusados no cumplirán más de 20 años en caso de que el tribunal esté de acuerdo con la petición puesto que se aplicarái el límite máximo de cumplimiento efectivo de condena. Asimismo, solicita la prohibición de los acusados de acercarse a 300 metros de las víctimas durante 15 años. El juicio está previsto para los días 23 y 26 de mayo en la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla.

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