Un emotivo escrito al juez reivindicando la "inocencia" de la ex delegada de Empleo en Granada

La demora en la instrucción de las macrocausas provoca que algunas de las personas inicialmente investigadas no lleguen a ver el final del proceso judicial. La última persona fallecida a la espera de que concluya la investigación judicial ha sido la que fuera delegada de Empleo en Granada y luego directora de la Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusí, Marina Martín Jiménez, que fue detenida en la última macrooperación relacionada con los cursos de formación que dirigió la juez Mercedes Alaya y llevó a cabo la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

El abogado de la ex delegada de Empleo, César Fernández, ha enviado ahora un emotivo escrito al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, en el que solicita la extinción de la responsabilidad por el fallecimiento de Marina Martín, a los 53 años. El letrado destaca que la fallecida era "inocente" y lamenta la tardanza del proceso judicial.

En el escrito y a modo de "póstumo homenaje a quien fue indebidamente investigada", el letrado recuerda que Marina Martín fue detenida en Granada a las 08:37 horas del 24 de marzo de 2015 -cuando llevaba a sus hijos al colegio- por miembros de la UCO, como presunta autora de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, un arresto que "amén de ser absolutamente innecesario, fue indebidamente agravado al acordar -supuestamente- la instructora su forzoso traslado a Sevilla para su puesta a disposición judicial" y quedando inmediatamente en libertad tras acogerse a su derecho a no declarar.

La detención de Marina Martín, "al igual que la del resto de directores provinciales, ajena a cualquier fin, tuvo una evidente repercusión mediática -que suponemos debía ser el efecto pretendido-, lo que no fue obstáculo para que, posteriormente, a las 09:30 horas del 8 de junio de 2015, la señora Martín fuera nuevamente detenida, en este caso por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), por su presunta participación en un delito de prevaricación y un delito de malversación de caudales públicos".

El defensor dice sobre esta nueva detención por parte de la Policía Nacional que "existía una plena identidad entre la causa seguida ante el juzgado de Instrucción número 1 de Granada y cuyo sobreseimiento y archivo tuvo lugar mediante un auto del 10 de marzo de 2021". En ese auto, el juez es contundente al afirmar que "este instructor no ha encontrado indicios constatables que permitan establecer ningún tipo de actuación penalmente relevante de la referida investigada, ni en el plano activo ni mediante ningún comportamiento omisivo e intencionado, el cual pudiera determinar haber contribuido a la perpetración de los delitos de defraudación de subvenciones investigados".

Pero en el caso de la investigación judicial que se realiza en Sevilla y que ha pasado por diversos avatares -la denominada "pieza política" de la macrocausa de la formación fue archivada por la juez María Núñez Bolaños y reabierta por la Audiencia de Sevilla-, han transcurrido siete años desde que se produjo aquella "ignominiosa detención y ninguna concreción en relación a su imputación se ha efectuado a lo largo de la causa", denuncia el letrado.

En los miles de folios que la componen, como mantuvo el juzgado de Instrucción número 1 de Granada, no existen indicios de delito y las "irregularidades advertidas en determinados expedientes no pueden conducir a la simplista conclusión de que deben imputarse directamente a la mencionada directora provincial como evidencia de una actuación dolosa o permisiva para la perpetración de las defraudaciones investigadas, ni hallamos ninguna base que apunte a que la señora Martín contribuyera con un actuar malicioso por sí misma, o como supuesta partícipe de una red clientelar en el enriquecimiento de diversas familias o clanes perceptores de subvenciones en los cursos investigados".

Todo ello lleva a la siguiente reflexión de la defensa: "La causa que nunca debió iniciarse frente a la señora Martín, y que sin duda ayudó para su fatal desenlace, debió finalizar con el dictado de un auto acordando el sobreseimiento libre, transformándose hoy, siete años después, en la solicitud de extinción de responsabilidad por el fallecimiento de una gran persona y, sin duda, inocente".