Una discusión de pareja que degeneró en un apuñalamiento lleva a la Policía hasta una familia de traficantes de las Tres Mil

Casi todos los caminos conducen a la droga cuando hay un suceso en las Tres Mil Viviendas. Esta desgraciada realidad es tan cierta que un incidente sin aparente relación con el narcotráfico, como una discusión de pareja que a su vez derivó en una pelea entre dos familias que a su vez degeneró en un apuñalamiento, también terminó llevando a la Policía a varios pisos donde esperaba encontrar armas y sin embargo se topó con plantaciones de marihuana y enganches ilegales a la red eléctrica. Ese caso fue juzgado el 13 de marzo por la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla y se saldó con cuatro miembros de una familia condenados por una buena ristra de delitos. Uno de ellos también fue castigado por tentativa de homicidio. En todo caso, a priori ninguno entrará en prisión.

Los hechos ocurrieron el 25 de julio de 2020. Dos hermanos estaban junto a otros familiares en una plazoleta cerca de la calle Dulcinea cuando oyeron unos gritos e “identificaron a su prima y a su pareja”, Guillermo M.H., que estaban discutiendo. Así lo relataba la Fiscalía en su escrito de calificación, que fue aceptado tal cual por todos los encausados ante el tribunal después de que sus abogados alcanzasen un acuerdo previo con la acusación.

El caso es que uno de los dos varones se acercó para mediar en la refriega, pero el novio de su prima y Cristóbal M.M. reaccionaron “lanzando puñaladas al aire”. Algunas impactaron en el hermano que se había aproximado para poner paz. El otro fue corriendo a ayudarlo, pero “nada más acercarse sintió que Cristóbal M.M. le daba una puñalada en el estómago”. El combo de víctimas se completó con una tercera hermana, herida al intentar agarrar a uno de los agresores.

Estos dos primeros acusados se montaron en un vehículo de alta gama y se marcharon, no sin antes advertir a los otros con un “se os vais a enterar ahora”. Y en efecto al cuarto de hora reaparecieron, esta vez acompañados de unas diez personas. En el grupo figuraban el padre del homicida, Cristóbal M.F., y otro encausado que no llegó a ser juzgado. Llevaban “una catana de grandes dimensiones, una escopeta, palos y piedras” y se presentaron al grito de “¿a quién hay que matar?”. Después empezaron a dar golpes a diestro y siniestro y rompieron las ventanas y las puertas de un bloque de la calle Dulcinea.

Como consecuencia de la agresión inicial, uno de los hermanos sufrió una herida de arma blanca en el abdomen, a tres centímetros del ombligo, que “podría haber puesto en riesgo la vida del paciente de no mediar la asistencia quirúrgica y el tratamiento médico al que fue sometido”, según la Fiscalía. Su hermano apenas sufrió un arañazo y su hermana, varias contusiones.

El 6 de octubre, “con el fin de comprobar qué tipo de armas llevaban los procesados el día de los hechos”, la Policía registró los domicilios de los implicados, dos en las Tres Mil (en las calles Victoria Domínguez Cerrato y Poeta en Nueva York) y uno en Alcalá de Guadaíra. Lo curioso es que acabaron encontrando más drogas que armas. En concreto había varias habitaciones con cultivos de marihuana, con más de 300 plantas en total, así como pequeñas cantidades de cocaína y varios “balazos” o enganches ilegales a la red eléctrica para alimentar “directamente” esas narcoplantaciones. El valor de la droga superaba los 36.000 euros.

Las rebajas de la Audiencia

La petición inicial de la Fiscalía se elevaba a doce años y tres meses de cárcel para Cristóbal M.M. (siete por tentativa de homicidio, cuatro por tráfico de drogas y un año y tres meses por amenazas). Para su padre, Cristóbal M.F., y Guillermo M.H. era de cinco años y tres meses por el delito contra la salud pública y las amenazas. Y para su madre, Josefa M.M., de cuatro años por narcotráfico. A esas penas había que sumar multas por lesiones, daños y defraudación de fluido eléctrico.

Tras el pacto entre las defensas y la Fiscalía, Cristóbal M.M. acabó aceptando tres años de prisión: dos por el intento de homicidio, seis meses por el tráfico de drogas y seis meses por las amenazas. La rebaja se produjo gracias a las atenuantes de drogadicción, dilaciones indebidas y reparación del daño, esta última porque ya ha pagado 9.000 euros a las víctimas (le quedan pendientes otros 3.000). En todo caso, el tribunal suspendió la ejecución de su pena de reclusión durante tres años, así que no entrará en la cárcel siempre que no cometa ningún delito en ese tiempo, pague todas las indemnizaciones y realice 216 días de trabajos en beneficio de la comunidad.

El resto de acusados también vio muy reducidas sus penas definitivas. Cristóbal M.F. y Guillermo M.H. se conformaron con un año y medio de prisión por el delito contra la salud pública y las amenazas, mientras que Josefa M.M. firmó seis meses. Todas las condenas fueron suspendidas. En el caso de Guillermo M.H., una de las condiciones es que realice 36 días de trabajos en beneficio de la comunidad.