Dos ex directores de Finanzas de IDEA niegan conocer el contenido de los convenios de las ayudas al corcho en la Sierra

Dos ex directores de Administración y Finanzas de la agencia IFA-IDEA han asegurado ante el tribunal que juzga el tercer juicio de los ERE que ellos "no entraban a valorar la legalidad o no de las ayudas fijadas en los convenios" puesto que actuaban solo como "gestores para proceder al pago" realizando las transferencias "con el visto bueno de la dirección general de Trabajo y Seguridad Social y la dirección general de la agencia". De hecho, uno de los testigos explicó que no tenian "relación con las ayudas" y que, en el caso de alguna incidencia, ésta era resuelta por la Dirección General de Empleo. Es decir, no tomaban "decisión mercantil alguna".

Según los testigos, el dinero llegaba desde la Tesorería como estaba establecido en los Presupuestos autonómicos. La cuenta de origen para realizar los pagos era la del IFA, que se nutría de las transferencias realizadas por la Junta de Andalucía. "Algunas veces, como estos ingresos por parte de la Junta se realizaban cuando la Tesorería tenía a bien, los pagos se retrasaban. El orden que se seguía era el indicado por la Dirección General de Trabajo", explicó uno de los testigos.

En este juicio están acusadas cinco personas por delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, como presuntos responsables penales, y también las empresas Corchos y Tapones de Andalucía (Cortansa), Corchos de Cazalla, Servicios y Mantenimiento de Cazalla, Enoworld y Corchos Higuera y una entidad bancaria como responsables civiles subsidiarios.

Los cinco procesados son Ángel Rodríguez de la Borbolla, ex alcalde de Cazalla de la Sierra (Sevilla), vinculado a dicho grupo de empresas en ocasiones como socio mayoritario y en otras como administrador único o apoderado; el coadministrador de las empresas, Rogelio Becerra Martín; un empresario portugués de la industria del corcho y administrador de hecho de varias de las empresas, Fernando Pedro Moreira Oliveira; el alcalde de Cazalla de la Sierra Sotero Martín Barrero (PSOE), como partícipe del capital societario y de los órganos de administración de varias de las empresas mencionadas; y un responsable de una entidad bancaria, Gerardo de la Cruz Elías, que "facilitó mediante su firma" la obtención "fraudulenta" del pago de una ayuda a Servicios y Mantenimiento de Cazalla, según señaló el instructor en el auto de procesamiento.