El juez descarta delitos en la inversión de un millón de euros de Invercaria en Green Power

El juez de Instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, ha descartado la existencia de delitos en la inversión de un millón de euros que Invercaria realizó en la empresa Green Power Technologies, que está siendo investigada por un juzgado de Sanlúcar la Mayor por un presunto fraude de subvenciones en relación con las ayudas que por importe de 16,5 millones recibió esta sociedad.

Fue precisamente el juez de Sanlúcar, que investiga esa pieza principal, quien dedujo testimonio de determinados documentos que fueron remitidos a los juzgados sevillanos que investigan las macrocausas de Invercaria y de los fondos Jeremie. Ahora, el juez de Instrucción número 16 de Sevilla ha acordado el archivo de esta investigación sobre Green Power en lo que se refiere a la inversión realizada por Invercaria, al estimar el magistrado que "no existe indiciariamente ningún delito de prevaricación ni de malversación" en relación con dicha inversión.

El archivo de la causa, que se produce a petición de la Fiscalía Anticorrupción, se produce porque según el auto de sobreseimiento, al que ha tenido acceso este periódico, la entrada en capital e inversión de Invercaria en el proyecto de Green Power fue el resultado de un "análisis previo del departamento de análisis e inversión de Invercaria, que evaluó positivamente la operación y estableció las necesarias caudales y garantías para un adecuado seguimiento de la operación a fin de obtener un resultado positivo en esa inversión de dinero público y de la participación de Invercaria en este proyecto". De esta forma, el juez considera que no ha resultado "debidamente justificada la perpetración de delito alguno en relación a los hechos de estos autos", por lo que ha dictado el auto de sobreseimiento y archivo.

La decisión del instructor se ha producido tras un informe elaborado por el fiscal delegado de Anticorrupción Manuel Fernández Guerra, que ha llegado a esa misma conclusión. En este informe, el fiscal recuerda que en estas diligencias se ha investigado la entrada de Invercaria con su programa de incentivos con fondos propios en el capital de Green Power, en las ampliaciones de capital realizadas el 3 de julio de 2007 y el 8 de enero de 2008, en las que se abonó una prima de emisión de 962.027,10 euros, todo ello a la vista del contenido del informe elaborado por la unidad de apoyo de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).

El juzgado requirió documentación a Invercaria sobre estas operaciones y del estudio de dicha información, la Fiscalía concluye que la operación de financiación fue aprobada por el consejo de administración de Invercaria en su sesión de 4 de octubre de 2006, siendo presentada por el entonces presidente Tomás Pérez-Sauquillo, tras ser "analizada y evaluada positivamente por el Comité de Inversiones" de la sociedad pública andaluza de capital riesgo.

Tras las reuniones mantenidas por el director de análisis con los socios de Green Power desde febrero de 2006 y el análisis y la discusión de los planes de negocio que éstos presentaron, prosigue la Fiscalía Anticorrupción, el departamento de Análisis elaboro una "propuesta de inversión" para el consejo de administración de una operación de "financiación de un millón de euros a aportar de forma escalonada en función de unos hitos pendientes de establecer". La propuesta iba acompañada de un "resumen ejecutivo" con una "evaluación muy positiva de la inversión", con reuniones previas, propuesta de inversión y resumen ejecutivo.

La operación en la entrada de capital se formalizó en ejecución de un contrato de bases suscrito ente Invercaria y los socios de la empresa tecnológica el 6 de febrero de 2006, fecha a partir de la cual el director de análisis de Invercaria, Manuel Rodríguez, se incorporó como consejero al consejo de administración de Green Power.

Así, consta como labor del seguimiento realizado por Invercaria de la entrada de capital en Green Power las actas del consejo de administración de la sociedad, de su junta general así como las cuentas anuales de la sociedad junto con el informe de auditoría. Y adicionalmente se elaboraron informes de control de la sociedad objeto de la financiación, informes en los que se recogía igualmente la "evolución positiva de la sociedad y la justificación de la inversión realizada".

De esta forma, el fiscal anticorrupción concluye que la decisión de financiar con fondos públicos la entrada en el capital de Green Power fue el resultado de un "análisis previo del departamento de análisis de Invercaria, que evaluó positivamente la operación, estableciéndose las necesarias cautelas y garantías para Invercaria en el contrato de bases de 6 de febrero de 2006 y realizándose en el periodo 2007/2010 un adecuado seguimiento de la operación que se materializó en la asistencia a las sesiones del consejo de administración de Green Power, recopilación de sus actas del consejo de administración y de las cuentas anuales de la sociedad auditada, así como en la elaboración periódica de informes de control".

Por todo ello, la Fiscalía Anticorrupción solicitó el sobreseimiento al "no apreciar de la documentación examinada indicios de la comisión de ilícito penal en la entrada en el capital de Green Power en las operaciones formalizadas en los ejercicios 2007 y 2008".

Esta investigación que deriva de la causa que se investiga en el juzgado de Sanlúcar la Mayor se inició precisamente a instancia de esta misma Fiscalía, que solicitó la deducción de testimonio de determinada documentación que hay en la causa de Green Power a dos juzgados de Sevilla "a los efectos legales y sin perjuicio de que ante la eventualidad o posibilidad de conexidad entre operaciones y/o acciones de financiación pública pudiera procederse, de concurrir las circunstancias, a una tramitación conjunta".

La documentación también se envió al juzgado de Instrucción número 5 de Sevilla, que el año pasado la apertura de un total de 14 piezas separadas para investigar las ayudas de los fondos europeos Jeremie (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises) que se concedieron por un importe total de 185 millones de euros en el periodo 2007-2013. Estas ayudas suponen casi un tercio de los más de 680 millones que se investigaron en la macrocausa de los ERE.

La investigación, que se abrió igualmente a instancias de la Fiscalía Anticorrupción y estuvo paralizada durante cinco años por diversos motivos, se reactivó una vez que el juzgado ha digitalizado la voluminosa documentación aportada y se ha recibido además un informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).