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Los desahucios crecen un 14% en 2019 tras cuatro años subiendo

La evolución de los litigios judiciales

El año pasado se registraron 2.329 procesos para desalojar a personas de inmuebles, una cifra que duplica los casos de 2015

Las ejecuciones hipotecarias descienden a algo más de la mitad

Una manifestación contra los desahucios en la Alameda de Hércules. / Belén Vargas

Los desahucios han vuelto a subir en Sevilla por cuarto año consecutivo. En 2019 se contabilizaron un total de 2.329 procedimientos de desahucio en el partido judicial de Sevilla, lo que representa un incremento del 13,99% con respecto a los 2.003 desahucios que se contabilizaron el ejercicio anterior, en 2018. Se trata de 326 casos más que el año anterior, casi uno más al día, según reflejan las estadísticas del decanato de los juzgados de Sevilla a las que ha tenido acceso este periódico.

Los casos de desalojo de personas siguen creciendo a un ritmo constante desde hace cuatro años y se sitúan en el nivel más alto de la década. De los 1.126 desahucios que se registraron en el año 2007 se ha pasado a los 2.329 actuales, aunque en el año 2013 se redujeron prácticamente a la mitad, cuando se contabilizó la cifra más baja de todo el periodo, con 1.025 desahucios.

Entre 2014 y 2015 se registró el último descenso en la cifra de desahucios en el partido judicial de Sevilla, cuando se pasó de 1.144 a 1.046, pero a partir de 2015 ya no se ha vuelto a producir ningún descenso, sino todo lo contrario, año a año han subido estos procedimientos que acaban con el "lanzamiento" –la expulsión de estas personas de las viviendas– y que en la actualidad duplican el número de desahucios que había hace cuatro años.

En la última década (2000-2019) se han tramitado 16.510 procedimientos de desahucio en Sevilla

La subida de los desahucios contrasta con la tradicional caída que se viene observando en los procedimientos de ejecución de bienes hipotecados o pignorados, que han bajado de los 554 que hubo en 2018 a los 294 del año 2019, lo que representa un descenso del 53,06%. Históricamente el descenso más importante de las ejecuciones hipotecarias, que son los procedimientos que se inician para sacar a la venta viviendas cuyos propietarios no han podido hacer frente al pago de los créditos que gravan las mismas se produjo en 2017, se había producido cuando bajaron por debajo del millar, situándose en 608. Muy lejos quedan las más de 3.000 ejecuciones hipotecarias de los años 2010, 2011 y 2012.

En 2019 se registraron 262 concursos de acreedores, un 17% más que el año anterior

Las estadísticas muestran otros elementos preocupantes, como el incremento en un 17,92% de los procedimientos monitorios –en los que se exigen deudas en las que hay un soporte documental o factura, como los préstamos al consumo o las ventas a plazos–. Estos asuntos han pasado de los 16.493 registrados en el año 2018 a los 20.094 contabilizados en 2019, lo que supone 3.601 procedimientos más en sólo un ejercicio.

A pesar del incremento no se ha vuelto a registrar cifras como las que hubo en los años 2010, con 36.000 procedimientos monitorios, o los más de 30.000 registrados en los años 2011 y 2012, coincidiendo con los peores años de la crisis.

En 2019 se registraron 262 concursos de acreedores, un 17% más que el año anterior

Los concursos de acreedores han experimentado una subida del 16,96%, pasando de los 224 de 2018 a los 262 actuales. La mayoría de estos concursos (215) son procesos voluntarios por una cuantía de hasta un millón de euros, mientras que hay otros siete concursos voluntarios ordinarios de hasta 100 millones.

Se han registrado además otros 87 concursos de personas físicas, entre los que se incluyen los casos de personas acogidas a la denominada ley de segunda oportunidad, que permiten a las personas físicas insolventes o sobreendeudadas conseguir la plena exoneración de sus deudas, la reincorporación a la vida económica, y el emprendimiento si fuese el caso de nuevas iniciativas empresariales o laborales. En 2018, el número de concursos de personas físicas fue inferior, con 53 casos.

Por último, las estadísticas reflejan descensos en lo que se refiere a los juicios ordinarios y los juicios verbales, de los que se han contabilizado 3.563 y 6.946, respectivamente.

Las demandas por despido suben un 3,45% por primera vez en los últimos seis años

Las demandas por despido presentadas en los juzgados de lo Social de Sevilla han subido un 3,45% en 2019, algo que no sucedía en los últimos seis años, en los que se habían producido descensos consecutivos de estos litigios. Así, frente a las 3.382 demandas por despido que se tramitaron en los juzgados en 2018, el año pasado esta cifra ascendió a 3.499. Desde 2013, cada año se registraba un descenso de las demandas laborales, hasta 2019, año en que se ha registrado este leve incremente que, no obstante, rompe la tendencia a la baja experimentada en esos últimos seis años.

La mayoría de las 3.499 demandas se corresponden con despidos que llevan acumulada una reclamación de cantidad, lo que sucedió en 2.100 casos, mientras que otros 600 asuntos han sido tramitados como despidos disciplinarios; otros 582 llevan acumulada una demanda de extinción de contrato; y en 217 con acumulación de tutela de los derechos fundamentales. Junto a estos despidos se presentaron el año pasado otras 445 demandas para la extinción del contrato por “causas objetivas” alegadas por las empresas, mientras que en otros 240 casos la extinción del contrato obedece a la voluntad del propio trabajador.

También se registraron nueve demandas por modificaciones sustanciales de las condiciones del contrato de trabajo, y otras cuatro resoluciones de contrato relacionadas por cuestiones de movilidad geográfica del puesto.

En 2019 se presentaron en los juzgados 143 demandas en materia de conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

En cuanto a las reclamaciones en materia de prestaciones a la Seguridad Social se han contabilizado 2.308, lo que supone un leve descenso con respecto a las 2.494 que hubo en el ejercicio de 2018.

Los juzgados también recibieron 3.189 demandas de procedimientos ordinarios por reclamación de cantidad y 503 para el reconocimiento de un derecho.

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