Problemas penales para alcaldes y gestores por falta de inversión en depuradoras

Varias decenas de alcaldes, concejales y gerentes de empresas del ciclo integral del agua están siendo investigados en toda Andalucía por depuración insuficiente de las aguas residuales. Su defensa argumenta que desde 2010 la Junta de Andalucía se comprometió a construir depuradoras o mejorar las existentes, merced a un impuesto llamado “Canon de Depuración”, cuyos ingresos, pagados por igual por todos los andaluces, estarían destinados a financiar tales obras.

La Confederación Hidrográfica ha sancionado a muchos Ayuntamientos por no disponer de depuradoras e incluso se han abierto diligencias penales en ciudades como Sevilla, Nerja o Coín por delito ecológico contra alcaldes, concejales y gestores de empresas.

Al mismo tiempo, sin embargo, la Audiencia de Huelva acaba de archivar una causa similar por insuficiente depuración de las aguas de Isla Cristina porque se trata de un “ilícito administrativo” que ya ha sido sancionado mediante la correspondiente multa.

Al día de hoy, según denuncia de Ecologistas en Acción, siguen sin ejecutarse un sinfín de las depuradoras comprometidas, lo que conlleva grandes problemas ambientales y jurídicos.

Varias trayectorias en los tribunales

El debate ha tenido diferentes trayectorias en los tribunales: en 2013 la Federación de Empresas Andaluzas de la Construcción (FADECO) interpuso querella contra la Junta de Andalucía por el incumplimiento de las inversiones económicas para la adecuación de las instalaciones de depuración. La querella motivó la apertura de diligencias en el juzgado de instrucción 3 de Sevilla pero fueron sobreseídas porque los querellantes no mencionaron a las personas concretas responsables en la Junta.

En ese mismo año de 2013, el secretario general del PA, Antonio Jesús Ruiz, presentó una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente por posibles delitos medioambientales por parte de la Junta en el cobro del canon autonómico del agua. Argumentó que el retraso en la programación de las obras hidráulicas provocaría el incumplimiento de una directiva europea que obligaba a tener las infraestructuras listas en el año 2015.

En Sevilla ya han declarado como investigados ante la Guardia Civil el gerente de la empresa municipal Emasesa, su antecesor y otros responsables técnicos de las depuradoras de El Copero, Tablada y San Jerónimo. También fue denunciada la depuradora de Morón, dependiente del consorcio del Plan Écija.

En Coín hay cinco personas investigadas, entre ellos los ex alcaldes Gabriel Clavijo y Fernando Fernández Tapias. En Nerja es el juzgado 2 de Torrox quien mantiene investigadas a once personas, entre ellos el alcalde José Alberto Armijo y su antecesora Rosa María Arrabal.

El juzgado de Ayamonte imputó a trece personas, en su mayor parte cargos provinciales de la Junta, por el vertido de aguas fecales en el paraje natural de las marismas de Isla Cristina. Les imputó su “notoria dejación de funciones en la detección y control” de los vertidos, con el consiguiente “deterioro del ecosistema”.

Pero la causa quedó archivada en junio pasado por orden de la Audiencia de Huelva. Lo hizo a petición del fiscal, tras unos informes de la Junta que constataron unos caudales de contaminación “muy bajos en comparación con el volumen de la masa de agua a que acaban incorporándose“.

“Aunque exista ese vertido, no puede considerarse que tenga la potencialidad lesiva como para afectar gravemente a los bienes jurídicos concurrentes”, dijo el fiscal, y añadió que los vertidos no habían quedado impunes puesto que el Ayuntamiento de Isla Cristina había sido sancionado, “reforzando la idea de que los hechos se encuadran dentro del ilícito administrativo y no penal”.