El depredador sexual de Sevilla, “un enfermo abandonado por su familia y por el Estado”

El abogado de Fernando G.S., el hombre que se enfrenta a 35 años de cárcel por violar a una joven sevillana a la que eligió al azar y secuestró en su casa, afirma en su escrito de defensa que se trata de un enfermo de esquizofrenia que “ha estado prácticamente toda su vida en prisión” desde que ingresó hace 35 años, cuando tenía 22.

En su escrito de defensa, el abogado Diego de la Cruz afirma que el acusado padece una esquizofrenia paranoide, consume estupefacientes y sufre “otras enfermedades o síndromes” que “anulan totalmente sus capacidades volitivas e intelectivas”.

Desde que tuvo su primer ingreso en prisión en 1985, precisamente por delitos contra la libertad sexual, y hasta que agredió a la joven sevillana en enero de 2020 “ha estado prácticamente toda su vida en prisión” pues solo estuvo en libertad dos años y dos meses, desde el 8 de octubre de 2018 hasta el día de los hechos.

Fernando tiene ahora 57 años y su defensa solicita que sea condenado a internamiento en un centro psiquiátrico durante un máximo de 10 años.

Relata que “en lo esencial y desde el punto de vista de la víctima”, el acusado reconoció la agresión sexual y las lesiones a la joven en su declaración ante la Policía. Su defensa se basa en el historial penitenciario del acusado, que desde su primer ingreso a los 22 años estuvo jalonado por el paso por Psiquiátricos y cárceles.

El Estado lo tuvo en un “total y absoluto abandono”

Aunque la Fiscalía y la acusación particular que ejerce la víctima no lo solicitan, Diego de la Cruz cree que en este caso debería declararse responsable civil subsidiario el Estado e Instituciones Penitenciarias.

Por eso, en su escrito previo al juicio en la Audiencia de Sevilla, la defensa pide que Instituciones Penitenciarias informe de todas las vicisitudes de sus sucesivos ingresos en prisión, que acreditan “el total y absoluto abandono, tanto familiar como estatal, durante 35 años de un acusado interno diagnosticado de esquizofrenia paranoide”.

También solicita que el centro de salud de Villanueva del Arzobispo (Jaén) donde estaba siendo tratado informe sobre el tratamiento médico o farmacológico seguido desde su puesta en libertad en octubre de 2018 hasta su detención en enero de 2020, especialmente que digan “cuando abandonó su tratamiento específico mediante inyecciones para su esquizofrenia y si este abandono fue comunicado a Instituciones Penitenciarias”.